Bolivia.- El Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional dio el miércoles 4 de julio un voto de confianza a los ministros de Minería y Metalurgia, César Navarro; y de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce quienes fueron interpelados por el caso Quiborax.
“Se aprobó dar voto de confianza a ambos ministros”, señaló la Presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño al momento de concluir la intervención de ambas autoridades.
La novena sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que se instaló aproximadamente a las 9:30, sirvió para que los ministros interpelados, respondieran, durante casi cinco horas, a preguntas planteadas por los asambleístas interpelantes, integrantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), destinadas a esclarecer los errores cometidos en el proceso que derivó en el pago de una indemnización.
Ambos ministros coincidieron en que el incumplimiento de un Decreto Supremo del gobierno del expresidente Carlos Mesa desembocó en que el Estado boliviano pierda en el proceso que llevó a cabo la empresa chilena Química e Industrial del Bórax Ltda. (Quiborax) con el pago de una indemnización de más de 42 millones de dólares.
“La ley 2564 le decía al gobierno que lleve adelante auditorias para declarar la nulidad de los derechos concesionarios, entonces si se llevaba adelante las auditorias tenían los informes y los argumentos incluso para asumir las acciones legales si se estaban violando las normas en el país, no sólo para recupera el área si no para sentar precedentes porque hubo trafico de influencias de un exfuncionario del Estado”, dijo el ministro Navarro.
La autoridad explicó que Mesa aprobó un Decreto Supremo en 2004 para expulsar a esa empresa chilena que explotaba ulexita en el salar de Uyuni, bajo la figura legal de una revocatoria de concesiones, ese fue el error cometido y la base para la demanda de la empresa extranjera.
“En el caso Quiborax hay una verdad, la forma cómo se operó en el gobierno de Carlos Mesa con la empresa Non Metallic Minerals (Quiborax) para la reversión de sus concesiones, contradiciendo la norma y provocando pruebas en nuestra contra, es la causa final de una indemnización que pudo ser $us 57 millones como estableció la CIADI, pero se negoció la rebaja a $us 42 millones, un ahorro de 15 millones para Bolivia”, explicó el ministro Arce.
