Finalmente el día llegó, Sebastián Piñera, de 68 años, fue investido hoy por segunda vez presidente de Chile, los chilenos decidieron darle una nueva oportunidad, en una ceremonia solemne celebrada en la sede del Congreso, en el puerto de Valparaíso, a la que asistieron más de mil personas.
En esta segunda oportunidad, Piñera recibe un país diferente, y no hay consenso sobre si Chile avanzó o retrocedió en la gestión Bachelet y sigue siendo el principal asunto de debate de política chilena.
La economía chilena, aunque más diversificada en los últimos años, es altamente dependiente de la industria minera. Recordemos que Piñera declaró en campaña que posicionaría al sector minero como un motor económico que recuperaría el crecimiento y generaría empleo.
MINERÍA CHILENA publicó hace unos meses un artículo que describe los próximos programas presidenciales para el sector minero entre 2018 y 2022. A continuación un resumen basado en la entrevista de MINERÍA CHILENA con el ex subsecretario de minería. Francisco Orrego.
Como parte de la “hoja de ruta para el futuro”, el equipo de mineros de Piñera estableció la necesidad de crear una Comisión Asesora Presidencial que preparará una Política Nacional de Minería para los años 2018-2050, junto con los sectores académico, público, privado y civil.
Dentro de este marco, también existe la propuesta de establecer una Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión que atraiga, coordine y acelere nuevas inversiones en el sector minero, que de acuerdo con el análisis realizado por el Presidente electo se basa en “Una demora creciente en la revisión y la falta de certeza, lo que afecta negativamente la percepción que tienen los inversionistas internacionales sobre nuestro país “, afirmó Francisco Orrego.
La creación de dicha oficina se basa en la experiencia de MPMO (Major Project Management Office) en Canadá. Sin embargo, “la dependencia y el funcionamiento de este órgano es algo que debe definirse entre los diferentes actores, teniendo en cuenta que tendría una amplia aplicación sectorial”, explica Orrego.
Otra de las medidas propuestas en el contexto del posicionamiento del sector minero es evaluar la creación de instrumentos específicos para atraer y proteger las inversiones. La idea no es hacer un nuevo DL 600, sino “pensar en un nuevo estatuto que garantice la estabilidad regulatoria, impuestos, no discriminación, acceso a mecanismos de resolución de disputas, entre otros”, dice el ex subsecretario.
Pequeña y Mediana Minería
La propuesta de Sebastián Piñera para la pequeña minería apunta a la elaboración de un estatuto especial para este sector, con la finalidad de reunir en un solo cuerpo legal toda la reglamentación relativa a ellos, la cual incluiría temas de seguridad, revisión de proyectos, planes de cierre, capacitación y precios de sustentación, entre otros.
Para la mediana minería, el programa apunta a efectuar una revisión de las normas de cierre de faenas e instalaciones mineras, que flexibilice los instrumentos de garantía, modifique el cálculo de vida útil y corrija vacíos legales e interpretativos. En este contexto, Francisco Orrego señala que “la Ley de cierre de faenas, que fue dictada bajo nuestro primer gobierno, significó un gran avance en materia medioambiental para el sector, situando a nuestro país como uno de los más avanzados en la materia. Pero estamos conscientes que, luego de algunos años de aplicación, resulta necesario introducirle algunos perfeccionamientos a este importante cuerpo legal”.
Royalty e innovación
En materia de desafíos futuros en desarrollo, innovación y competitividad, el programa minero del abanderado de centroderecha considera “aumentar la parte del royalty minero asignada a los gobiernos regionales para actividades de innovación y al Fondo de Inversión y Reconversión Regional”. Frente a esta medida, Orrego aclara que “nuestro programa no busca aumentar el Impuesto Específico a la Actividad Minera o ´royalty minero´ ni para este propósito ni para ningún otro (…), lo que queremos es incrementar la proporción del royalty minero que se destine a proyectos de innovación de la región correspondiente, con un procedimiento trazable que permita medir y dar continuidad de manera transparente a dichos proyectos. Queremos por esta vía fomentar e impulsar la innovación a nivel local o regional”, explica el abogado.
Modernización institucional y Codelco
Modernizar el gobierno corporativo de Enami, reforzar el rol fiscalizador y de auditoría de Cochilco, evaluar la creación del Servicio Geológico de Chile y de un Servicio Nacional de Minería, junto al fortalecimiento del Ministerio de Minería, son las medidas planteadas en materia institucional.
Para el caso de Enami, el nuevo gobierno corporativo de esta empresa de fomento, “debe cumplir con los más altos estándares en materia de nombramientos, transparencia, calidad, entre otros”. La idea, al interior de la candidatura, es que la instancia la encabece “un Directorio altamente calificado que resguarde el cumplimiento cabal del objeto de Enami e incorpore métodos y procedimientos de administración y control transparentes y técnicamente reconocidos, independientemente de las funciones que corresponden a las autoridades políticas”, señala Orrego.
Para el caso de Codelco, el programa de Sebastián Piñera plantea la idea de profundizar la autonomía de la cuprífera estatal, dándole mayor independencia a su gobierno corporativo respecto a los cambios de gobierno y dotándolo de mayores herramientas para gestionar con eficiencia la actual diversidad y complejidad de la corporación.
Asimismo, señala la necesidad de definir una política de dividendos estable a largo plazo y reemplazar la Ley Reservada. En este contexto, Francisco Orrego detalla que la idea es que “Codelco capitalice una parte importante de sus utilidades, y por otra parte, para que esta política de dividendos realmente esté alineada con las políticas comparables de las grandes mineras mundiales, y para que surta el efecto de estabilidad financiera esperado, se propone eliminar la Ley Reservada, de modo que el monto base de utilidades sobre la que se aplique la política de dividendos propuesta sea más representativa de las utilidades de la empresa. Esto implicaría definir una regla diferente de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que le garantice al país una estabilidad de recursos y la mantención de un adecuado nivel de protección de la seguridad nacional”.
También se hace mención a definir un programa de inversiones realista para Codelco, y al alcance de los recursos disponibles, acompañado de una fuerte prioridad en obtener el máximo rendimiento de los activos existentes.
