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Mineras identifican sesgos y premura en plan de expansión del sistema de transmisión del Gobierno

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Chile. El Plan de Expansión de Transmisión que está impulsando el gobierno a través de la Comisión Nacional de Energía (CNE) –descrito como el más ambicioso de la historia por los US$ 3.170 millones comprometidos en inversión-, sigue dando que hablar en el mercado.

Quienes han estado monitoreando el tema desde cerca son las mineras, ya que a raíz de lo que dispone la última ley que rige al sector, la inversión se vincula a la demanda, por lo que son los usuarios, los que en un plazo de 20 años, deben hacerse cargo del pago, y no así las generadoras como ocurría años atrás.

En Chile, los mayores consumidores de energía son precisamente las mineras, que utilizan hasta un 38% de la producción, por lo que este plan llamó la atención de estas empresas, lo que se vio reflejado en un documento que circuló entre las compañías de la gran minería, de donde salieron las observaciones que las firmas presentaron el lunes pasado al plan preliminar publicado por la CNE.

En ese borrador, la primera observación de la lista habla de un sesgo que favorecería el desarrollo de la generación de energías renovables no convencionales, que es más intensiva en la inversión de capital. De hecho, los dos escenarios probables dejados de lado por la CNE son los que presentan menores costos y que tienen que ver con combustibles fósiles, mientras los tres escenarios seleccionados son los de mayor valor.

Esta acepción se sustenta en que en el propio documento elaborado por la CNE, se consideraron sólo tres escenarios, la que según fuentes del mercado, apuntan a una penetración más rápida de las renovables, sin considerar las mismas opciones presentadas por la entidad pública, en la que había un mayor equilibrio respectos a las inversiones.

Pero además, apuntan los expertos, los plazos que se manejaron en la elaboración de las propuestas son bastante apresurados. Por ejemplo, para la nueva línea de transmisión -que es la que concentra gran parte de la inversión, con unos US$ 1.900 millones-, se estima que el momento óptimo para su entrada en operación sea 2030, considerando tres años para el estudio de franja y otros siete para la construcción.
En las observaciones se explica que las consecuencias de adelantar una decisión como ésta, en un proceso de expansión que se realiza cada doce meses, es que se podría contar con menor información de cómo avanzan las nuevas tecnologías de generación energética, por lo que según se comenta, no sería prudente apurarse.

Incluso, esto es propuesto por la propia CNE respecto a otro equipo necesario, como lo son los reactores. En el informe preliminar de la comisión se señala que dado que la construcción de estos artefactos requiere mucho menos tiempo que la construcción de la línea de transmisión, el decreto de estos equipos será pospuesto para próximos planes de expansión.

La otra observación que circuló entre las mineras tiene que ver con la segunda obra que requiere de mayor inversión, la subestación San Andrés, que incluye un sistema de almacenamiento de energía. Sin embargo, fuentes explican que no existiría fundamentación legislativa que permita incluir en el plan de expansión obras de almacenamiento, las que se asemejan más a obras de generación.

Temores de la industria

Un alto ejecutivo de la industria, comenta que con esto se confirman los temores de las empresas en la tramitación de la última ley. “No era una buena idea estampillar el cobro a la demanda, en parte, porque cuando le cobras a los clientes, la autoridad no tiene una contraparte especializada, como pasaba con los generadores, que tienen equipos especializados y daban pelea en el panel de expertos”, dijo.

A contar del lunes pasado, la CNE cuenta con 30 días para emitir un informe final, el que después podrá ser reclamado por las empresas que ingresaron observaciones ante en el panel de expertos.

Generadoras critican la inclusión del almacenamiento

A pesar de que las mineras concentran las mayores quejas ante el plan de la CNE, incluso hubo generadoras que hicieron llegar sus observaciones, algunas de ellas asociadas al gremio de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas (Apemec), quienes apuntaron principalmente al tema del almacenamiento.

El director ejecutivo del gremio, Rafael Loyola, sostuvo que: “Técnica y jurídicamente existen serias dudas que un sistema de almacenamiento pueda ser incluido como parte del sistema de transmisión eléctrica.

En un sistema de competencia en materia de generación, cada proyecto debe presentar su oferta considerando sus costos de desarrollo, y no hacer que estos los paguen los usuarios finales. De lo contrario atenta contra el principio de neutralidad tecnológica y altera el equilibrio en la industria, estableciendo un subsidio a ciertas tecnologías”.

 

Diario Financiero

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