Chile.– En julio de 2016, la Comisión de Evaluación de Magallanes aprobó por 9 votos contra 2 el uso de tronaduras por parte de Mina Invierno, operación de extracción de carbón de los grupos Angelini y Von Appen.
Ayer, después que se concretara un proceso de participación ciudadana a raíz de una orden judicial, la misma instancia rechazó la propuesta, en una votación que fue dirimida por el intendente Jorge Flies. El resultado final fue siete votos en contra y cinco a favor.
El caso recordó -aunque en una magnitud menor- lo sucedido con el proyecto Dominga, dado que hace unos días, el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), había recomendado a los 12 integrantes de la instancia aprobar el cambio “ya que no genera los efectos o características o circunstancias que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental”.
A favor votaron el SEA, Vivienda, Energía, Economía y Minería; mientras en contra estuvieron Transporte, Desarrollo Social, Agricultura, Obras Públicas, Salud, Medio Ambiente y el intendente.
Según consta en el proceso, los seremis de Medio Ambiente y Agricultura, habían manifestado estar conformes tras la última ronda de respuestas dadas por la empresa.
Mina Invierno buscaba introducir el uso de explosivos para bajar costos de producción, después de dos años de incertidumbres de su continuidad, por el bajo precio del carbón.
El gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández, comentó a los medios locales que “vamos a evaluar cuáles son las consecuencias de esta lamentable decisión (…) por lo pronto la tercera parte de operación la descartamos de plano, lo que ocurra con la continuidad es una decisión que tienen que tomar nuestros directores”, al momento que hizo ver que los servicios, sin excepción, no tenían observaciones el proyecto.
La organización Alerta Isla Riesco valoró el resultado de la votación. “Hoy la CEA nos dio la razón, e indicó que en el proceso Mina Invierno no pudo descartar con una duda razonable los impactos a generar en Isla Riesco”.
La empresa ahora podrá acudir al Comité de Ministros para revertir la situación, camino que continúa con los tribunales ambientales y, eventualmente, la Corte Suprema.
“Se pueden estar adoptando decisiones al margen de los antecedentes”
Luis Cordero, socio de FerradaNehme y experto en derecho público, dice que el hecho de que en este caso se haya rechazado una modificación de un proyecto y no una iniciativa nueva, es relevante a la hora de analizar el caso. “Que la Comisión rechace el método asociado a la modificación, no implicaría contradicción con la aprobación original de 2010”, dice.
– ¿Qué tan vinculante es el ICE con la votación?
– Tras la reforma ambiental de 2009, el Congreso decidió establecer la obligación que el ICE realice una “recomendación” con la finalidad que se motivara técnicamente en la votación de la Comisión de Evaluación. El propósito era controlar la calificación ambiental por la vía de la motivación de la decisión final. Si el sistema opera bien, es decir, si se exponen razones técnicas en la calificación adicionales al ICE, la institucionalidad no debería debilitarse.
– Esto ya se había visto en Dominga, ¿qué tan común son estas situaciones?
– El problema que está sucediendo en casos complejos, es que en la decisión de las Comisiones puede estar generándose la percepción de que lo que legitima la decisión final es el resultado de una simple votación. Esa apreciación es errada. Los miembros de dicha comisión no pueden prescindir del ICE y si desean decidir contra él, obliga al seremi respectivo a exponer detenidamente sus fundamentos. Estos, además, sólo pueden estar vinculados a las cuestiones asociadas a lo discutido en la evaluación. Al operar de un modo distinto -sin fundamentación idónea- no sólo se afecta la legalidad de los actos de la Comisión, sino que sobre todo el sistema institucional.
– ¿Es momento de pensar en cambios a la institucionalidad?
– La dicotomía evaluación técnica vs. política es falsa. Una afirmación como esa partiría de la base que una opinión técnica no es controvertible y la política sí. El problema, en mi opinión es otro: se pueden estar adoptando decisiones o formular juicios al margen de los antecedentes o evidencia disponible en los expedientes de evaluación. La autoridad podría adoptar decisiones en base a preferencias de política pública -para lo cual debe ser explícita-, pero sin prescindir de los datos y la evidencia. Esos son los que proporciona la técnica y que orientan a la política a adoptar decisiones, pero no puede la segunda sobreponerse a la primera. Al operar de ese modo, se construye el camino a la arbitrariedad y esto es válido en todos aquellos temas de complejidad regulatoria.
Diario Financiero
