Argentina.- El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó que “en las próximas semanas se firmará un acuerdo de productividad para el sector minero que va a facilitar la llegada de inversiones”. El ministro sostuvo que “ese acuerdo va a contemplar estrictos controles para el cuidado ambiental”, durante un acto por el día de la Industria Minera.
El acuerdo iba a firmarse esta misma semana, pero debido al reclamo de algunas provincias respecto de extremar los cuidados con el medio ambiente, se decidió postergar la firma hasta la próxima semana. Algunas de las provincias con fuertes actividades de explotación minera exigen que el acuerdo pase previamente por un proceso de consulta con la sociedad.
No se descarta que se haga una suerte de preacuerdo como señal política, ya que el Gobierno quiere llegar a hacer el anuncio en el marco de Arminera, el evento que arranca hoy y dura hasta el jueves, donde no sólo se dará cita la industria sino que contará con representantes de la actividad provenientes de todo el mundo.
El ministro de minería de San Juan, Alberto Hensel reconoció que “todavía están quedando temas pendientes necesaria para la firma, algo que recién sabré mañana (por hoy)”. Desde el sector, manifestaron que “hay premura por parte de Energía en que se firme sea como sea y sea con las provincias que lo quieran hacer, pero el Gobierno no tiene una postura tampoco unificada”.
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, planteó por su parte: “Mi conclusión, me tomo de las actividades que hay en Catamarca, San Juan y Santa Cruz, es que no hay ganancias, el que tiene la torta y se la llevan toda son las mineras y dejan un impacto ambiental muy importante”, precisó. Y luego agregó que la actividad minera no deja “ganancia” para las provincias ya que sólo se la llevan las empresas
Parte del problema pasa por el artículo 30 del Código de Minería el cual faculta a las autoridades nacionales a sancionar en el caso de infracciones ambientales lo que significaría el cierre de la concesión. Desde la industria manifestaron que “el cambio no sólo es ambiguo sino que va en contra de la seguridad jurídica dado que genera incertidumbre de cuales son las reglas del juego.
