Bolivia.- Tras la intervención y mediación de la Defensoría del Pueblo en el conflicto entre pobladores del municipio paceño de Mapiri y la empresa minera La Deseada, dirigentes cívicos, vecinales, de comunidades campesinas y el concesionario de la empresa, Crisólogo Sánchez, suscribieron un acta de consenso a través del cual se establece la ejecución de proyectos sociales a favor de la población de Mapiri y el resarcimiento de daños ambientales causados por la actividad minera, entre otros puntos.
Según una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo, David Tezanos Pinto, resaltó que este consenso es el resultado de las gestiones realizadas con la Delegación Defensorial de Yungas y la Unidad de Gestión Pacífica de la Conflictividad de la institución, que desde noviembre pasado gestionaron reuniones para buscar soluciones y viabilizar la atención de las demandas de los pobladores y pidió cumplir con las acciones acordadas.
“Instamos a honrar estas acciones acordadas porque de ellas dependería la tranquilidad de la comunidad, pues en tanto encontremos y avancemos en soluciones vamos a tener una convivencia pacífica”, manifestó el Defensor del Pueblo, quien destacó la disponibilidad de la empresa para impulsar obras sociales a favor de ese municipio.
El pasado 8 de diciembre, el Defensor del Pueblo llegó hasta Mapiri tras conocer de la toma de la concesión minera, un enfrentamiento entre pobladores y trabajadores, y la coacción sobre el alcalde Roberto Fernández por parte de los comunarios para presionar por el cumplimiento de otro acuerdo.
Anteriormente, los pobladores de Mapiri denunciaron que la empresa minera La Deseada estaba explotando mineral en lugares no permitidos; además solicitaron la expulsión de uno de sus trabajadores porque según quejas maltrataba a la población.
El documento suscrito hoy contiene nueve puntos que establecen una serie de compromisos por parte de la empresa La Deseada, que serán objeto de un seguimiento por las partes interesadas y la Delegación Defensorial de Yungas. Entre ellos se encuentra la destitución del administrador de la minera, Joel Parra.
Asimismo, en el marco de la política de responsabilidad social empresarial, La Deseada, invertirá 1,8 millones de bolivianos en obras que beneficiarán a seis zonas rurales de Mapiri, apoyará a mujeres barranquilleras y personas adultas mayores e invertirá tres millones de bolivianos en el enlosetado de la avenida principal de la población.
También se convino el respeto a los usos y costumbres de las comunidades, reponer y minimizar los daños agrícolas en las zonas rurales aledañas a la concesión minera y desarrollar proyectos para resarcir daños en unidades productivas.
El acta de consenso, además, deja sin efecto la denuncia contra autoridades y dirigentes de Mapiri que había anunciado la empresa minera y establece que ésta debe emitir una satisfacción pública en los mismos medios de comunicación que utilizó para ese cometido.
Página Siete
