El Gobierno boliviano aprobó un paquete de medidas que busca controlar la actividad de unas 1.700 cooperativas mineras que operan en este país, según anunció en conferencia de prensa, el ministro de Minería, César Navarro.
“Aquellas (entidades) que están camufladas como cooperativas mineras y son prácticamente empresas explotadoras de hombre y mujeres en el país esas ya no tendrán esa condición”, declaró el ministro Navarro.
Las cooperativas mineras deberán acogerse al carácter solidario de esas asociaciones productivas, presentar informes anuales sobre el volumen de su producción, ingresos por la venta de minerales así como la distribución de los excedentes entre sus asociados, explicó el Ministro.
Este jueves, el presidente Evo Morales reunió de emergencia a sus ministros en Palacio de Gobierno donde se definió la reversión a manos del Estado de las concesiones de mineros por cuenta propia que firmaron contratos de riesgo compartido con empresas privadas nacionales o extranjeras.
Una semana del asesinato del viceministro
Los mineros de este sector protagonizaron violentos choques con la policía durante las últimas dos semanas de agosto y el jueves 25 culminaron con el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
En Bolivia, la Constitución Política del Estado reconoce la actividad minera cooperativizada que, según del Gobierno fue incentivada por las políticas neoliberales de los años 80 y 90 con el despido de cerca de 30.000 de trabajadores de la minería estatal.
Por más de 30 años, la minería por cuenta propia se desarrolló fuera del control del Estado y muchas operaban como empresas privadas sin que sus trabajadores gocen de derechos sociales y laborales. Control y fiscalización “Estamos otorgando la facultad a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa minera y la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas Mineras, para que se constituyan en agentes de control y fiscalización de todas las cooperativas mineras en el país”, declaró Navarro.
Como parte de las nuevas reglas del juego que busca imponer el Gobierno de Morales, las cooperativas mineras tendrán que informar sobre el número de socios y la distribución de los ingresos entre ellos, tal como lo establece la norma para el sector.
“Las cooperativas solo se justifican si tienen ese carácter solidario de producción y distribución del excedente económico, pero si las características tienen que ver con acumulación y apropiación de capital en manos de algunos socios cooperativistas, esa cooperativa minera tiene que migrar de manera obligatoria a la condición de empresa”, sentenció el Ministro.
Como parte del paquete para el control del sector, el Gobierno los empleados dependientes de las cooperativas mineras. El Gobierno de Morales aprobó además un decreto que reconoce los derechos laborales y sociales que incluyen seguridad social y beneficios sociales a quiénes, sin ser socios, trabajan en las cooperativas mineras. En Bolivia, más de medio millón de personas están vinculadas a la actividad minera por cuenta propia.
