México.- En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se han resuelto 29 investigaciones de prácticas desleales de comercio de acero, número que equivale al triple de las resueltas en los dos sexenios anteriores, celebró la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).
La industria acerera nacional aplaudió así las cuotas compensatorias impuestas por la Secretaría de Economía al alambrón chino y a la lámina galvanizada procedente de China-Taiwán, mismas que ascienden a 0.49 dólares por kilogramo y 0.563 dólares por kilogramo, respectivamente.
Las penalizaciones se dictaron los últimos días de julio por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), adscrita a la dependencia federal. “La Canacero reconoce el valor de las recientes determinaciones de la Secretaría de Economía”, expresó el organismo en un comunicado.
En el 2015, la capacidad utilizada de la industria acerera mexicana se redujo a un nivel de 60%, pues las importaciones de productos acereros escalaron a casi 50% del consumo nacional aparente del metal, lo cual ocasionó “la desafortunada pérdida de 10,000 empleos directos”, detalló la Canacero.
Tanto la industria acerera latinoamericana como la norteamericana llevan años quejándose de la competencia desleal de productos de acero chinos, a los que acusan de estar indebidamente subsidiados por el gobierno de China.
China es el primer productor de acero del mundo y supera con holgura a sus más cercanos competidores. El país asiático produce 48% del total global y le siguen a una gran distancia Japón (6.8%); Estados Unidos (5.4%); India (5%) y Rusia (4.2%), de acuerdo con cifras de la World Steel Association.
Los productos a los cuales México ha aplicado cuotas compensatorias a partir de las 29 investigaciones de la UPCI son tubería con costura, tubería sin costura, accesorios de tubería, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente, alambrón, alambre preesfuerzo, clavos, placa, varilla, lámina galvanizada y ferroaleaciones.
El año pasado, la Canacero tuvo desencuentros con la Secretaría de Economía, a quien exigía la imposición de salvaguardas (aranceles unilaterales) para proteger a la industria acerera, acción a la que se negó la secretaría, quien a cambio ofreció otras medidas como agilizar las investigaciones de la UPCI para fundamentar la imposición de más cuotas compensatorias.
El Economista
