Argentina.- Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, alentó conductas “coherentes y responsables” de los inversores, a la vez que demandó “apoyo a la creación de actividades que den empleo a la población, pero que puedan tener vida propia después de que se termine la actividad minera”.
Sebastián Bigorito, director de Ceads (Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible), advirtió a su vez sobre los “impactos no deseados ni esperados de las inversiones”, entre los que mencionó los cada vez más frecuentes conflictos sociales.
Gerardo Sanchiz Muñoz de la UCA (Universidad Católica Argentina), coincidió en la “tendencia creciente de los conflictos sociales, en una progresión geométrica”, y propuso un Pacto Federal de Desarrollo Social y Ambiental para superar la “debilidad del vínculo entre empresas mineras y comunidades”.
Blanco recomendó además “evitar a toda costa, que una vez terminada la explotación del yacimiento se abandone el lugar, dejando los restos y transformando el lugar en una población fantasma, sin que la comunidad tenga beneficios perdurables”.
“El desarrollo de las comunidades debe ser incluido como un elemento fundamental, y si bien las empresas aportan recursos fiscales, esto no se transforma generalmente en beneficios sustentables que trasciendan la vida de los proyectos mineros”, dijo el coordinador del Foro Empresarial.
Blanco sostuvo que además de dar a conocer los impuestos pagados y la distribución de utilidades en el caso de empresas mixtas con participación estatal, los inversores deben cumplir con los mismos estándares de protección ambiental y regulaciones de sus países de origen, además de informar con transparencia en caso de accidentes.
Bigorito, en tanto, retomó la cuestión de los conflictos, y los vinculó en parte a que “la normativa en temas ambientales es confusa, difusa y profusa, y esto viene de la mano de una limitada presencia del Estado”.
El titular del Ceads (que agrupa a unas 90 grandes empresas que operan en el país) cifró en medio millar el número de conflictos con inversiones externas en América Latina, de los cuales 215 casos corresponden a industrias extractivas.
“Cada vez más sectores empiezan a tener conflictos por falta de aceptación social; solamente en Chile y Perú hay proyectos por 80 mil millones de dólares que están frenados, cancelados o suspendidos por este tipo de conflictos”, precisó.
Bigorito señaló que, según recientes encuestas, “no se cree en el regulado, pero tampoco hay confianza en el regulador (el Estado), mientras se piden más regulaciones”.
“Hay baja confianza pero altas expectativas en las empresas, que deben crear bienes y servicios, generar riqueza y empleo. Esa tendencia se refuerza por los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de la ONU, los acuerdos ambientales de París y la encíclica ‘Laudato Si’ del Papa Francisco”, concluyó.
Sanchiz Muñoz, a su vez, destacó que los inversores mineros padecen en forma creciente el “riesgo social y político”, que ya asume desafíos similares a las cuestiones comerciales y tecnológicas.
“Eso se advierte especialmente en la Argentina, donde hay nueve provincias con leyes restrictivas, que prohíben la minería a cielo abierto o el uso de cianuro y otras sustancias químicas”, puntualizó.
El profesor de la UCA recomendó por último “una política nacional que promueva la firma de acuerdos de desarrollo comunitario integral, ya que sin confianza todo lo demás no tiene demasiado sentido”.
Telám
