Colombia descendió desde el puesto 34 en el 2011 al 55 el año pasado en el escalafón de nivel de atracción de inversión entre 109 países y territorios mineros, de acuerdo al índice elaborado por el instituto canadiense Fraser.
Según Fred McMahon, investigador del instituto y encargado de coordinar la encuesta minera desde el 2003 hasta el 2013, esto se debe a que las empresas del sector a nivel mundial perciben en el país políticas poco claras, no bien aplicadas y cambiantes, lo que genera una gran incertidumbre para la inversión.
Mención aparte merece el tema ambiental, sobre el que la Corte Constitucional falló el mes pasado prohibiendo la minería en zonas de páramos y causando la suspensión de proyectos que ya estaban en explotación.
Por esto opina que el principal reto para los hacedores de políticas del país es crear regulaciones duraderas y claras, “no es una cuestión de crear regulaciones suaves y débiles, sino de que sean claras en su normatividad, aplicación y transparencia”.
El problema también pasa porque en Colombia el Gobierno necesita exponer de manera clara las políticas mineras, “en lo cual no ha sido exitoso”, aclara el experto del instituto Fraser.
McMahon explica que en el mundo a menudo las personas acusan a la industria minera de querer regulaciones débiles, bajos impuestos, lo que no es correcto.
“Lo que las compañías mineras quieren es certidumbre, entienden la necesidad de regulación, de proteger el medioambiente y de pagar impuestos. Países como Suecia, Finlandia, Noruega y Canadá, en donde existen bastantes regulaciones, altos impuestos y una gran protección ambiental, figuran entre los mejores para atraer inversión en minería”, dice McMahon.
El experto aclara que en un país como Suecia las compañías saben cuántos impuestos van a pagar y las regulaciones, pero también saben que no se las van a cambiar en el futuro y crear incertidumbre y ese es el reto de Colombia, “crear certezas con las políticas del sector”.
Lo mismo sucede con el medioambiente, y vuelve a citar al país escandinavo, una nación que tiene unas de las medidas más estrictas a nivel mundial en protección ambiental, “pero los mineros saben dónde están las áreas protegidas y sobre todo que estas están determinadas por razones científicas y no políticas”.
La industria minera a nivel mundial tiene conciencia de la importancia de proteger el medioambiente y están felices de tener una regulación de protegerlo, pero piden que esas regulaciones sean estables.
La encuesta muestra que los mineros consideran que la estabilidad de la política minera del país ha disminuido y no creen en ella, asegura McMahon.
Por esto piensa que para restablecer esa confianza entre la industria y atraer inversión, el Gobierno Nacional debe establecer una política minera clara porque no tiene sentido aplicarla y que después una corte del país la ignore; poder implementarla a través de toda la burocracia para que no se quede en el papel, y comunicar a la opinión pública las políticas y beneficios de la minería.
Sostiene que el sector es muy importante para el país no solo por los ingresos que le genera al Gobierno Nacional, sino a las regiones donde se desarrolla.
También piensa que es muy importante tener reglas ambientales reales, “el Gobierno debe aplicarlas basadas en la ciencia, lo que ayudará a que la gente confíe en ese criterio y evita que las políticas sean secuestradas por razones políticas y que los radicales lo quieran parar basados en argumentos no científicos”.
Cree que lo que está sucediendo en Colombia es que las compañías mineras ven que así obedezcan las leyes y las regulaciones, y hagan todo de manera correcta para proteger el medioambiente, sus proyectos pueden ser cancelados.
Para McMahon, el sector minero percibe que en Colombia se antepone lo político a lo ambiental y no se sabe qué va a pasar al día siguiente.
TRES QUEJAS DEL SECTOR
1. “Es difícil estar seguro de la propiedad de un bien determinado dadas las leyes y registros de la minería”, dice un presidente de una compañía de exploración.
2. “Cambios en los requisitos ambientales de los permisos expedidos después de los hechos. En más de una ocasión, el Ministerio de Ambiente ha cambiado los requisitos de permisos ambientales después de que fueron emitidos con el fin de anular o rescindir los permisos expedidos por causas ajenas al operador”, explica el presidente de una compañía de exploración.
3. “Un extenso periodo de tiempo para obtener la aprobación de un permiso de perforación”, cita el presidente de una compañía de exploración.
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