Publicado en la Gaceta Parlamentaria y tras ser objeto de la “declaratoria de publicidad” obligatoria por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en turno, el dictamen que expide la nueva Ley General de Aguas se someterá a la aprobación de la LXIII Legislatura en cuanto ésta se instale en septiembre próximo.
Y es que, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara Baja, los dictámenes no resueltos por la legislatura correspondiente, como sucedió con el de la norma que habrá de abrogar la Ley de Aguas Nacionales vigente desde el 1 de diciembre de 1992, quedarán bajo resguardo de la Mesa Directiva para su votación por la nueva legislatura.
“Los dictámenes a los que se haga declaratoria de publicidad, que no llegue a resolver el pleno de la legislatura que los conoció, quedarán con el carácter de proyectos, bajo resguardo de la Mesa Directiva, y serán discutidos y votados en el pleno de la siguiente legislatura, durante el primer periodo de sesiones ordinarias, del primer año de ejercicio”, establece el artículo 186 del reglamento interno.
Aprobado en lo general horas antes, vía fast track con el voto del PRI, PAN, PVEM y Panal por las Comisiones Unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos de la Cámara Baja, entre críticas de legisladores del PRD y de Morena que abandonaron la sesión de discusión alegando violaciones al reglamento, al citado dictamen se dio trámite de “declaratoria de publicidad” en la sesión del pleno cameral del pasado 5 de marzo.
Tras una fuerte oposición de la sociedad civil, especialistas en el tema, científicos y partidos políticos de izquierda, cuatro días después de esa fecha y uno antes de la sesión en que por ley debía someterse a la votación del pleno cameral, la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara Baja acordó diferir de manera indefinida la discusión del dictamen correspondiente.
Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la JCP y coordinador de la diputación federal del PRI, informó que la decisión se tomó por unanimidad del máximo órgano de decisión en San Lázaro.
El diferimiento fue “por el tiempo que sea necesario”, dijo, para que se aclaren todas las dudas sobre el contenido de la nueva ley y para dejar atrás “la desinformación que ha hecho que algunos políticos en campaña quieran tomar el tema como bandera para confundir a los demás”. Insistió el sonorense en que la nueva ley no pretende la privatización del agua, como asegura la oposición.
El dictamen de la nueva ley se confeccionó a partir de una iniciativa que los legisladores Kamel Athie Flores (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Gerardo Gaudiano Rovirosa (PRD), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, así como Sergio Augusto Chan Lugo (PAN) y el priísta José Antonio Rojo García de Alba presentaron de manera conjunta el pasado 26 de febrero.
El Economista
