Las empresas mineras cuya actividad genere desequilibrio ecológico o ponga en riesgo la integridad física de sus trabajadores o de las poblaciones aledañas, podrían ser sancionadas con la cancelación definitiva de su concesión, de acuerdo a la reforma al artículo 55 de la Ley Minera que será presentada ante la comisión permanente.
El proyecto de decreto busca implementar medidas coercitivas más estrictas a las compañías que incurran en devastación ecológica, ante las sanciones económicas poco significativas que les impone la autoridad ambiental.
Como ejemplo, señalan el caso de la minera Buenavista, que en 2014 derramó más de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre al río Bacanuchi, y fue multada con sólo $23 millones 565,000 pesos, pese a que causó afectaciones a más de 24,000 habitantes de ocho municipios de Sonora.
En la iniciativa que promueve la diputada Lilia Aguilar Gil se señala que aunque se obligó al Grupo México a constituir un fideicomiso por $2,000 millones de pesos para resarcir los daños ambientales y atender a la población afectada, no se tienen informes de los avances y a la fecha cientos de hectáreas colindantes con el río Bacanuchi no se pueden sembrar, además de que la presa El Molinito se mantiene cerrada para evitar su contaminación.
Aguilar Gil subrayó que la actual Ley Minera sólo prevé sanciones y no la cancelación de la concesión cuando se provoca desequilibrio ecológico o se ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores o de la población.
El Horizonte
