El coordinador de la bancada tricolor, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que el vertido de tóxicos por Grupo México es el más grande desastre ecológico en la historia de la minería en el país, sin que Actualmente se hayan enumerado y reparado totalmente el daño medio ambiental y los problemas de la vida comunitaria y las tareas productivas de la zona.
Mientras tanto, la comisión especial que indagó la contaminación ya había alertado del problema en su informe –votado la semana anterior– que Grupo México no había reparado el represo roto y que únicamente había levantado bordos de tierra para detener el derrame, en violación a la normatividad ambiental vigente.
Entre sus conclusiones, el grupo de trabajo resaltó: Esta comisión especial detectó distintas irregularidades por parte de Grupo México.
Paquete legislativo
En el día de ayer Beltrones resaltó que los diputados del PRI trabajarán en un paquete legislativo que fortalezca al Estado mexicano en sus capacidades regulatorias y de sanción, de acuerdo con el daño ambiental, las afecciones económicas y sociales y en proporción a las ganancias percibidas por la empresa que tenga la concesión de una mina, para garantizar el principio básico de que pague quien contamine.
El estudio, aprobado por el pleno, recoge la urgencia de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados presenten un paquete legislativo que eleve los montos de las multas y sanciones y permita al Estado actuar con prontitud. Una legislación que cuente con un protocolo claramente definido de los pasos a continuar en caso de cualquier contingencia, y que incluya por lo menos cinco principios.
Éstos son, conforme al documento, sanciones y multas de acuerdo con el daño generado, proporcional a las ganancias y la reincidencia en delitos; la suspensión inmediata de tareas ante una contingencia ambiental, en tanto no se realice una investigación que permita el deslinde de responsabilidades; fortalecer la capacidad de las autoridades para aplicar multas y sanciones de manera directa e inmediata.
Asimismo, dejar clara la responsabilidad de que la empresa contaminante pague no sólo la remediación ambiental y la indemnización de las personas afectadas, sino la recuperación económica, ambiental y social de una comunidad, y la pérdida de la concesión de quien contamine y ponga en riesgo los ecosistemas y la vida humana.
Ecoticias
