La nueva Ley de Minería de Bolivia fue promulgada el pasado sábado 28 de mayo por el vicepresidente Álvaro García Linera. La norma otorga mayor poder al Estado, puesto que anula los acuerdos entre privados sin el aval público y también las concesiones hereditarias.
El documento fue redactado con contribuciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Federación Nacional de Cooperativas (Fencomin) y de la minería privada.
García señaló que la ley reconoce a tres sectores: privado, estatal y cooperativo. Enfatizó en que los privados deben “pagar buenos impuestos”. Asimismo, manifestó que las mejores áreas mineras serán explotadas por el Estado, ampliando las extensiones de operación y explotación, con el fin de fortalecer la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
El vicepresidente también indicó que a los empresarios mineros no se les permitirá participar en el sector político y que, si no están de acuerdo con el nuevo reglamento, pueden retirarse del país.
La Razón
