En el tema minero “los ingresos fiscales son bajos en el país debido a que la legislación resulta insuficiente e inadecuada”, señalan las entidades en el estudio La minería en Guatemala: realidades y desafíos frente a la democracia y el desarrollo, la primera investigación de tres con la que sus auspiciadores “buscan contribuir a un debate informado y sustentado técnicamente entre los actores involucrados”.

El informe destaca que la actividad de exploración y explotación minera con licencias autorizadas, presentan mayores índices de conflictividad que las que no cuentan con la misma.

El detalle de la información indica que los conflictos más comunes son el deterioro ambiental, principalmente en términos de agua y deforestación y falta de confianza en las instituciones del Estado. “Los ciudadanos tienen razón en pensar que las instituciones ya llevan las decisiones bajo la manga”, enfatizó Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi.

El reto


“Con una consulta bien planificada y legitimada por la comunidad, que tome a todos los actores con el mismo poder de decisión, se podrían resolver los conflictos”, expresó Menkos.

Mario Orellana, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas de Guatemala, indica que se ha confundido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la parte que se refiere a las consultas. “Creen que se trata de hacer una votación, si están de acuerdo o no; una consulta hay que desarrollarla bien, en eso estamos de acuerdo”, enfatiza.

Fuente: Siglo21

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