Ecuador.- La tarde de ayer, el director de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), Jaime Jarrín, dio a conocer que el Gobierno aprobó la venta de las concesiones Río Blanco y Gaby, en la provincia del Azuay, y que estaban en manos de la empresa estadounidense International Minerals Corporation (IMC) hasta el año pasado.
La compradora fue la minera china Junefield, que tendrá a cargo los proyectos con reservas por un total 991 000 onzas de oro y 4,7 millones de onzas de plata, según reportes de su antigua apoderada con sede en EE.UU.
Este recurso equivale a un monto no menor a USD 14 000 millones. Jarrín hizo el anuncio en el marco de la VI Feria Expo Minas 2013, organizada por HJ Becdach y que se realiza en el Centro de Exposiciones Quito hasta mañana.
Además, explicó que Junefield retomará la negociación del contrato para la explotación del yacimiento que había avanzado IMC. Respecto a la negociación con Kinross en el proyecto aurífero Fruta del Norte, Jarrín no dio mayores detalles.
Tampoco informó el monto por la venta del proyecto Río Blanco, aunque técnicos del sector, que pidieron la reserva, indicaron que la operación fue por USD 25 millones.
“Precio de gallina enferma, para el potencial que tiene ese yacimiento”, indicaron los técnicos. IMC dejó el proyecto Río Blanco en noviembre del 2012. En un comunicado de prensa detalló que lo hacía porque el proyecto sigue en fase de exploración por 20 años, sin llegar a producir.
La firma estadounidense advirtió que al no existir antecedentes de los beneficios económicos que puede generar la minería a gran escala para el Estado y la población, se ha reforzado la postura contra la actividad minera. Advirtió también que hay una falta de claridad en la implementación de la reforma minera que ofreció el Gobierno desde mediados del año pasado.
Finalmente señaló que hay componentes punitivos en las leyes mineras y tributarias del Ecuador. Entre ellos, el pago de regalías anticipadas, el margen de soberanía del Estado para tener al menos el 50% de las utilidades mineras, y el impuesto a las ganancias extraordinarias.
Este último tributo determina que el 70% de la utilidad generada por el alza del precio del oro o de la plata se quede en manos del Estado. La empresa señaló que este impuesto restringe el potencial de los proyectos mineros.
El Gobierno ha ofrecido reformar la ley vigente para que las empresas mineras puedan recuperar primero sus inversiones antes de pagar este impuesto. Sin embargo, la reforma no se ha remitido a la Asamblea y hasta el viernes pasado no había llegado el texto para su discusión.
Al respecto, y luego de casi un año de ofrecida la reforma, el Gobierno no dio ayer datos de cuando se concretará el tema. En una escueta intervención de menos de 6 minutos, que no admitió preguntas, el viceministro de Minas, Federico Auquilla, indicó que el proyecto se revisó hace 15 días con el presidente Rafael Correa.
No obstante, advirtió que las autoridades del sector le pidieron al Mandatario un plazo adicional, hasta esta semana, para pulir el documento que implicará “grandes reformas a la Ley de Minería”.
No dio fechas de cuándo sería enviado a la Asamblea. En el Expo Minas, ayer también se esperaba una presentación del titular de la Secretaría de Planificación, Fander Falconí, para hablar sobre la política pública de la minería en el país, pero no asistió.
Entre los inversionistas del sector aún hay incertidumbre, sobre todo respecto al retraso del envío de la reforma minera. El gerente de la empresa Ruta del Cobre (subsidiaria de Southern Copper, tercera productora mundial de cobre), Ramón Hip, dijo que en el Ecuador hay un gran potencial y que están interesados en invertir, pero que es necesario que la reforma a la ley minera se concrete. Añadió además que hay trabas en la obtención de permisos.
Fuente: ElComercio.com
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