Uruguay, abril 17.-Con 58 votos a favor y 36 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que regulará la minería de gran porte en Uruguay. Los votos favorables del oficialismo fueron acompañados por los diputados del Partido Independiente (PI) y seis del Partido Nacional (PN): Carmelo Vidalín, Jaime Trobo, Rodolfo Caram, Ricardo Belois, Gustavo Borsari y José Carlos Cardoso, uno de los principales impulsores de la iniciativa legislativa. El proyecto pasará ahora a la cámara de Senadores.
Tras un intenso debate que llevó varias horas, y durante el que fue desaloja parte de las barras, la minería de gran porte ya tiene regulación en Uruguay, con el apoyo de 58 diputados: todos los del Frente Amplio, los del PI y seis del PN. El Partido Colorado se opuso al proyecto.
El diputado colorado José Amy denunció la conducta del oficialismo respecto al medio ambiente y la minería de gran porte. “Esto es mucho más grave (que el caso Leadgate) porque el medio ambiente es irrecuperable”, dijo, lo cual enardeció a una parte de los asistentes a las barras, que comenzó a aplaudirlo, y fue lo que motivó su expulsión.
Quienes defienden el proyecto señalan el aumento de la carga impositiva sobre las empresas que se dediquen al sector, y el Fondo Soberano Intergeneracional que se creará con los eventuales beneficios provenientes de la minería de gran porte.
Aunque en un principio hubo acuerdo multipartidario para legislar en esta materia, la oposición se acabó retirando casi al completo del proyecto enviado por el Ejecutivo. Los dos presidenciables blancos, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga se mostraron contrarios al proyecto.
El diputado colorado Walter Berry explicó a El Espectador que ellos desde el comienzo tuvieron una “actitud positiva” con el tema. “Cuando el Poder Ejecutivo nos convocó a la multipartidaria a raíz de manifestaciones de todos los partidos oponiéndonos a la minería de gran porte llevamos a nuestros técnicos e hicimos nuestros aportes y llegamos a firmar el documento con salvedades. Pero no bloqueamos el acuerdo porque entendíamos que más allá de cosas puntuales o diferencias el país necesitaba una política de Estado para afrontar un recurso que puede generar muchas divisas al país”. Por este motivo señaló que si hay un partido -el Partido Nacional- que no está de acuerdo con la ley que lo lleva a no votarlo creemos que lo mejor es volver a reunir la multipartidaria para tratar de salvar las diferencias, que cada uno haga sus aportes, y tener una ley mucho mejor que la que hoy se va a aprobar”.
Por su parte, uno de los diputados que apoyaron el proyecto, Iván Posada, declaró a El Espectador que “cuando nos aproximamos a los perÍodos electorales empiezan otro tipo de cálculos y creo que en un tema tan importante como este ha habido otro tipo de valoraciones a la hora de establecer una opinión final sobre este proyecto, que son a mi juicio ajenas a la calidad del proyecto, (…) y responden a estrategias de carácter electoral”, denunció.
El diputado del PI se mostró “sorprendido” por la retirada del apoyo al proyecto de la mayoría de la oposición. Posada entiende que el proyecto enviado por el Ejecutivo respeta el acuerdo multipartidario que se había firmado previamente, y defendió la iniciativa legislativa porque, como argumentan sus defensores, establece una serie de exigencias ambientales que hoy no están contenidas en el código de minería, introduce el plan de cierre de minas, incluye la creación de un fondo soberano de inversión intergeneracional, y mejora la fiscalidad sobre las empresas del sector aprobando un cannon minero y una aportación adicional al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE).
Voces que se oponen al proyecto
Según el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) el proyecto abre las puertas a la megaminería a cielo abierto y está hecho a medida de la empresa Aratirí. Por eso Movus estuvo presente en el debate parlamentario para mostrar su rechazo a la ley y marchará el próximo 10 de mayo junto a la Asamblea Nacional Permanente en defensa de la Tierra y los bienes Naturales en la ‘tercera marcha por la tierra, el agua y los bienes naturales’. Donde se rechazarán las políticas que no respetan el medio ambiente.
El Observatorio Minero de Uruguay afirma que “están dadas todas las condiciones para que la minera Aratirí no declare utilidades y, si alguna vez las llega a declarar, para que sean tan bajas como le acomode”, por lo que “el nuevo impuesto adicional al IRAE, que es presentado como un gran logro de este proyecto de ley de minería de gran porte, no se pagará nunca”. Además denuncian que “para aparecer atractivo, el proyecto de ley crea un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión, pero el mismo será paupérrimo”.
Durante el debate parlamentario causó bastante polémica el hecho de que parte de dicho fondo de inversión pueda destinarse a comprar deuda del Estado.
Los detractores del proyecto también rechazan el hecho de que las negociaciones entre empresas y el Estado no sean públicas y que en caso de controversia con la empresa, el proyecto entregue la resolución del conflicto a un tribunal internacional, que suele resolver “en contra de los Estados”.
También se mostró contrario al proyecto de ley el científico Raúl Viñas, quien envió una carta abierta a los diputados de que la iniciativa legislativa otorga a las empresas deducciones de impuestos exclusivas y no regula los volúmenes máximos de extracción.
Fuente: Espectador
