Perú y Chile producen 8 millones de toneladas de cobre, pero solo 20% se refina localmente

Perú y Chile generan juntos el 37% del cobre mundial, pero apenas uno de cada cinco kilos que producen llega al mercado como metal refinado. El resto —concentrado sin valor agregado— cruza el Pacífico rumbo a China, que cobra por transformarlo y se queda con el diferencial industrial. Esta no es una anomalía temporal del mercado: es la arquitectura estructural de dos economías que extraen riqueza para que otros la procesen.

El número que define la dependencia: 8 millones de toneladas, 80% sin refinar

Perú y Chile producen en conjunto cerca de 8 millones de toneladas métricas de cobre al año. Chile aporta aproximadamente 5.8 millones —un cuarto de la producción global— y Perú suma alrededor de 2.8 millones, lo que lo convierte en el segundo productor mundial. Sin embargo, según advirtió Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), apenas el 20% de ese volumen se refina localmente antes de exportarse.

La matemática del problema es contundente. De cada tonelada de cobre que sale de Atacama o de las minas andinas peruanas, 800 kilogramos viajan como concentrado —una mezcla de minerales sin procesar— hacia fundiciones chinas. China transforma ese concentrado en cátodos, alambres, tubos y componentes de precisión, y los vende al mundo con un margen industrial que ni Lima ni Santiago capturan. El valor agregado no regresa a Sudamérica. Tampoco los empleos calificados que genera esa cadena.

Ortiz fue directo en su diagnóstico: la baja rentabilidad del negocio de refinación y los elevados costos de construcción y operación de fundiciones y refinerías hacen que el modelo extractivo-exportador sea, en el corto plazo, más conveniente para los operadores privados. El problema es que el corto plazo lleva décadas repitiéndose.

Por qué no hay más refinerías: la economía que frena la transformación

Construir una refinería de cobre de escala competitiva requiere inversiones que oscilan entre US$1,500 millones y US$3,000 millones, dependiendo de la capacidad y tecnología. El plazo de maduración es de ocho a doce años. En ese horizonte, los inversionistas privados comparan el retorno de refinar localmente contra simplemente vender concentrado en el mercado spot, donde China paga con urgencia porque necesita el insumo para sus propias cadenas.

La ecuación incluye otro factor crítico: los tratamiento charges y refining charges (TC/RC), las tarifas que las fundiciones cobran por procesar el concentrado. Cuando esas tarifas caen —como ocurrió en 2024 y 2025, cuando los TC/RC llegaron a mínimos históricos cercanos a cero en el mercado spot— el negocio de refinar concentrado ajeno deja de ser atractivo incluso para China. Pero construir capacidad propia en Perú o Chile para refinar el propio concentrado requiere subsidios implícitos, política industrial activa o una demanda interna que ninguno de los dos países tiene en escala suficiente.

Chile opera la fundición Ventanas de Codelco —actualmente en proceso de cierre por presiones ambientales— y las instalaciones de Caletones y Hernán Videla Lira. Perú cuenta con la refinería de Ilo, operada por Southern Copper. Son instalaciones insuficientes para el volumen que ambos países producen. La brecha no se cierra con buenas intenciones regulatorias.

Codelco y el dilema estatal chileno

Para Chile, el debate sobre refinación tiene una dimensión adicional: Codelco, la empresa estatal que produce cerca de 1.5 millones de toneladas anuales, atraviesa su peor crisis de producción en tres décadas. Sus costos operativos superan los US$2.50 por libra en varios de sus yacimientos, mientras el mercado premia la eficiencia. Plantear a Codelco como ancla de un proyecto de refinación nacional en este contexto es políticamente tentador y económicamente cuestionable.

El gobierno del presidente Kast, con un perfil claramente pro-mercado, ha privilegiado la estabilidad regulatoria para atraer inversión privada a nuevos proyectos de extracción —Rajo Inca, Quebrada Blanca, la expansión subterránea de Los Bronces— antes que impulsar una política industrial de transformación local. La lógica es que primero hay que recuperar volumen de producción perdido. La refinación vendrá después, si el mercado lo justifica. El problema es que el mercado, sin intervención, no lo ha justificado en cuarenta años.

BHP, operadora de Escondida —la mayor mina de cobre del mundo—, exporta prácticamente toda su producción como concentrado o cátodos de baja transformación. Anglo American hace lo mismo en Los Bronces. Teck en Quebrada Blanca. El modelo es consistente: las grandes operadoras globales no tienen incentivo para refinar en el país productor cuando pueden hacerlo en instalaciones más eficientes —o con menores costos regulatorios— en otros mercados.

China en el centro: el procesador que no piensa moverse

China controla aproximadamente el 40% de la capacidad de fundición y refinación de cobre del mundo. Sus instalaciones en provincias como Jiangxi, Shandong y Yunnan fueron construidas con subsidios estatales durante dos décadas, con el objetivo explícito de capturar el valor de transformación de los minerales que China no puede producir en cantidad suficiente. El resultado es un sistema que funciona como una aspiradora: absorbe concentrado sudamericano, africano y australiano, y devuelve metal refinado al mercado global.

Este modelo enfrenta tensiones. Las fundiciones chinas han operado con márgenes comprimidos desde finales de 2023, cuando la sobreoferta de concentrado colapsó los TC/RC. Varias instalaciones redujeron producción en 2024. Pero incluso con márgenes deteriorados, China no retrocede: su capacidad instalada y su integración logística le dan una ventaja estructural que ningún proyecto greenfield en Perú o Chile puede replicar en menos de quince años.

El escenario que preocupa a analistas de commodities es uno donde la transición energética —que requiere cuatro veces más cobre por megawatt instalado en energía eólica y solar que las tecnologías convencionales— dispare la demanda global justo cuando China consolide aún más su posición como refinador dominante. En ese escenario, Perú y Chile seguirían siendo los mayores productores del insumo crítico del siglo XXI, pero sin capturar el valor de la transformación que ese insumo genera.

Qué implicaría cambiar el modelo: costos, plazos y voluntad política

La discusión sobre refinación local no es nueva en América Latina. Bolivia lo intentó con el litio —con resultados que hablan por sí solos. Indonesia lo hizo con el níquel: prohibió exportaciones de mineral sin procesar en 2020 y forzó la construcción de fundiciones locales con capital chino. La producción de níquel refinado creció. También lo hicieron la dependencia tecnológica y los conflictos laborales.

El modelo indonesio no es directamente trasladable a Chile o Perú. Las estructuras de propiedad son distintas, los marcos regulatorios más complejos y la presencia de operadoras globales listadas en bolsa crea obligaciones fiduciarias que chocan con mandatos de política industrial. Un royalty progresivo —como el que Chile implementó en 2024— puede generar ingresos fiscales, pero no cambia por sí solo la lógica de exportar concentrado.

Lo que sí podría mover la aguja es una combinación de incentivos: zonas francas industriales con beneficios fiscales para refinerías, acuerdos de largo plazo con demandantes industriales en mercados emergentes —India, Vietnam, Brasil— y financiamiento de desarrollo con tasas subsidiadas para proyectos de transformación. Nada de esto ocurre sin una decisión política sostenida durante al menos dos periodos de gobierno. Chile tiene la institucionalidad para intentarlo. Perú, con su historia de inestabilidad ejecutiva, enfrenta un desafío adicional.

Mientras tanto, el concentrado sigue saliendo por Iquique, por el puerto de Matarani, por Mejillones. China sigue refinando. Y la región que produce más cobre del mundo sigue discutiendo si algún día podrá quedarse con algo más que el mineral bruto.