El Superior Tribunal de Justiça de Brasil devolvió al centro del caso Brumadinho a Fábio Schvartsman, ex presidente de Vale. El 7 de abril de 2026, la Sexta Turma reabrió las acciones penales y revocó la decisión de 2024 que había frenado su procesamiento. El colegiado aceptó el recurso del Ministerio Público Federal. Con ello, concluyó que existen indicios mínimos de autoría y una descripción suficiente de conducta para mantener vivo el expediente.
La resolución no condena al ex directivo, pero sí corrige el rumbo procesal. El tribunal entendió que el TRF6 fue demasiado lejos al revisar pruebas por la vía del habeas corpus. Para el ministro relator, Sebastião Reis Júnior, ese análisis profundo invadió un terreno que corresponde al juez natural del caso. También sostuvo que la denuncia no resulta genérica. Según el fallo, el texto describe hechos, daños y vínculos de forma concreta para permitir la continuidad del proceso.
Schvartsman enfrenta acusaciones de homicidio calificado y delitos ambientales por el colapso de la presa de relaves de la mina Córrego do Feijão. La ruptura ocurrió en Brumadinho, Minas Gerais, el 25 de enero de 2019. El desastre dejó 270 muertos y arrasó viviendas, vegetación y cursos de agua. Desde entonces, el caso se volvió una referencia obligada en el debate brasileño sobre seguridad minera, supervisión técnica y responsabilidad corporativa.
La decisión del STJ también revierte un precedente incómodo para la fiscalía. En marzo de 2024, una corte regional había suspendido varias acciones penales contra el ex jefe de Vale. Ese tribunal alegó falta de evidencia suficiente para vincular su conducta con la tragedia. La defensa celebró entonces el fallo y sostuvo que no existía acto u omisión con nexo causal. El nuevo revés judicial cambia ese panorama y devuelve el caso a la ruta penal.
El punto jurídico central merece atención. El STJ no dijo que la acusación ya quedó probada. Dijo algo distinto. Señaló que un tribunal de apelación no debía clausurar el caso mediante un examen probatorio exhaustivo dentro de un habeas corpus. En términos prácticos, el fallo baja la discusión desde la excepcionalidad procesal hacia el terreno de los hechos, la prueba y la cadena de decisiones.
El movimiento llega, además, en un momento sensible. En febrero de 2026 arrancaron en Belo Horizonte audiencias preliminares contra ex directivos, gerentes e ingenieros de Vale y contra personal de TÜV Süd, la certificadora vinculada al caso. Esas diligencias escucharán a sobrevivientes, testigos y acusados hasta mayo de 2027. Después, la jueza federal podrá decidir si corresponde enviar el expediente a juicio con jurado. La reapertura del frente contra Schvartsman encaja en esa misma tendencia de reactivación judicial.
Ese contexto importa porque la investigación de Brumadinho nunca se limitó a una sola persona. El expediente examina decisiones de gestión, alertas técnicas, certificaciones de estabilidad y controles públicos. En paralelo, Vale cerró en febrero de 2021 un acuerdo por 37.7 mil millones de reales con fiscales y con el estado de Minas Gerais. Ese convenio abrió una vía de reparación civil y financiera. Pero no canceló la discusión penal ni fijó un techo para la limpieza ambiental.
A esa presión se sumó la ruta regulatoria internacional. En marzo de 2023, la SEC de Estados Unidos anunció un acuerdo con Vale por 55.9 millones de dólares. El regulador sostuvo que la empresa divulgó información engañosa sobre la seguridad de sus presas antes del colapso. Ese antecedente no define culpas penales en Brasil, pero sí muestra que Brumadinho desbordó la esfera local. El caso ya opera como una referencia global sobre transparencia, relaves y gobierno corporativo.
Brumadinho pesa todavía más por la memoria reciente de Mariana. En noviembre de 2024, una corte federal absolvió a Vale, BHP, Samarco y a 21 personas en la causa penal por el colapso de Fundão de 2015. Ese desastre en una mina de hierro dejó 19 muertos y contaminó el río Doce. El Ministerio Público Federal anunció que apelaría. En ese marco, la reactivación del caso Schvartsman rompe la sensación de que Brasil solo avanza con extrema lentitud en la rendición penal de cuentas por grandes fallas mineras.
Desde una perspectiva editorial, el fallo deja un mensaje incómodo pero necesario para la industria. La minería pierde legitimidad cuando tolera vacíos de control, opacidad técnica o cadenas internas que diluyen responsabilidades. La gana cuando separa con claridad la operación profesional de la negligencia. Esa distinción importa en Brasil y en toda América Latina, donde la actividad minera sostiene inversión, empleo, exportaciones y encadenamientos industriales. Un sector estratégico no se debilita cuando enfrenta la justicia. Se fortalece cuando prueba que puede operar con estándares altos y con consecuencias claras frente a las fallas graves.
La reapertura de la causa contra Schvartsman no prejuzga el desenlace. Sí confirma algo más relevante para el mercado, para las comunidades y para los reguladores. Los tribunales brasileños no quieren cerrar este capítulo por una vía abreviada cuando todavía persisten preguntas sobre la cadena de mando. Esa señal importa. La licencia social de la minería no se construye con campañas ni con discursos corporativos. Se construye con evidencia, prevención, trazabilidad y rendición de cuentas.
También conviene leer el fallo sin simplificaciones. No se trata de un juicio contra toda la minería brasileña ni contra cada proyecto de gran escala. Se trata de definir hasta dónde llega la responsabilidad penal de la alta dirección cuando fallan los sistemas de control. Esa discusión incomoda a las empresas, pero también ayuda a distinguir a los operadores que invierten en seguridad de quienes la relegan frente a metas de corto plazo. En un sector que depende de confianza pública, financiamiento y permisos, esa diferencia vale mucho.
Para Vale, el efecto inmediato no radica solo en el frente reputacional. La reapertura devuelve presión a su historial de gobernanza y a la forma en que comunica riesgos críticos. Para Brasil, el caso vuelve a poner sobre la mesa la calidad de la fiscalización, la solidez de las certificaciones y el papel del poder judicial. Para la región, la lección resulta evidente. Una minería moderna necesita capital, tecnología y escala. Pero también necesita justicia creíble cuando los controles fallan.
