Perú abrió sus reservas de combustibles para sostener el abasto interno. La medida llegó tras la ruptura de un ducto de gas en Megantoni, Cusco. El Gobierno la describió como la peor crisis energética en dos décadas. En paralelo, el Ejecutivo ordenó teletrabajo en Lima y Callao. También dispuso clases remotas por una semana en los niveles educativos alcanzados por la contingencia. La prioridad oficial ahora es clara: proteger el suministro doméstico mientras avanza la reparación del sistema.
El incidente comenzó el 1 de marzo, cuando Transportadora de Gas del Perú detectó una fuga y una llamarada en la estación de válvulas KP43. La empresa aisló el tramo comprometido. Después suspendió temporalmente el transporte de gas natural y de líquidos de gas natural. El Ministerio de Energía y Minas declaró una emergencia por hasta 14 días. Además activó un mecanismo de racionamiento que prioriza hogares, comercios regulados, servicios esenciales y transporte público masivo. El comité de crisis reúne a operadores, reguladores y distribuidores para coordinar la contingencia.
El tamaño del problema aparece en un dato contundente. El ministro Angelo Alfaro dijo ante el Congreso que solo 10% del gas seguía entregándose. Con ese nivel de restricción, Perú suspendió exportaciones de gas natural. El corte también golpeó a Pluspetrol, que paró la producción de GLP en la planta de fraccionamiento de Pisco. Esa instalación aporta cerca de 70% del consumo peruano de GLP. Por eso el riesgo dejó de ser un problema técnico localizado y pasó a ser un asunto económico y social de alcance nacional.
La crisis importa todavía más por el peso de la minería en la economía peruana. El país se mantiene entre los grandes productores mundiales de cobre. Además, el MINEM reportó US$49,629 millones en exportaciones mineras entre enero y octubre de 2025. Esa cifra marcó un récord histórico. También consolidó al sector como la principal fuente de divisas del país. Cuando falla la energía, no solo se resiente el consumo doméstico. También se tensan costos, logística y confianza para una actividad que ordena buena parte del flujo exportador peruano.
Desde una óptica técnica, liberar reservas era inevitable. La decisión compra tiempo, ordena prioridades y reduce el margen para un desabasto súbito. El teletrabajo y la educación remota apuntan al mismo objetivo. Buscan bajar la presión inmediata sobre movilidad, consumo energético y operación urbana. No corrigen la falla física del sistema, pero sí amortiguan el golpe mientras entran equipos, personal y supervisión al área afectada. En una contingencia de esta magnitud, administrar demanda resulta tan importante como reparar infraestructura.
También conviene mirar el costado constructivo de la respuesta sectorial. La SNMPE informó que sus empresas trabajan para reducir el impacto sobre la población. Incluso buscan importar un cargamento de GLP en tiempo récord. Ese gesto no borra la emergencia. Sin embargo, confirma algo relevante para el negocio minero y energético. La industria formal todavía conserva capacidad logística, coordinación y reacción bajo presión. En un país intensivo en recursos, esa capacidad vale tanto como la producción misma cuando la infraestructura entra en zona crítica.
El frente social tampoco admite subestimaciones. El propio ministro adelantó que los taxistas que usan gas natural pagarán más por combustible. Ese aumento puede trasladarse a tarifas y a costos de reparto. Lima y Callao sienten ese efecto con rapidez. Allí convergen transporte, comercio, servicios y una parte decisiva de la demanda urbana. La decisión de priorizar buses del sistema integrado y servicios esenciales busca contener ese daño. Aun así, el episodio ya mostró cuán frágil puede volverse la normalidad cuando un ducto falla en el corazón del sistema.
Hay una lección más profunda para Perú y para toda América Latina minera. La seguridad energética no depende solo de producir gas. Depende de contar con redundancia, mantenimiento, supervisión y planes de contingencia creíbles. Camisea ha sido un activo estratégico durante años. Precisamente por eso, cualquier interrupción expone un riesgo sistémico. La minería formal puede aportar disciplina operativa y demanda previsible. Pero el Estado y los operadores necesitan traducir esa fortaleza en infraestructura más resiliente, con protocolos probados y márgenes reales de respaldo.
Por ahora, el mercado seguirá dos variables. La primera es el tiempo real de reparación en Megantoni. El ministro ya dijo que podría ser menor a los 14 días planteados al inicio. La segunda es la velocidad con que vuelva el suministro de GLP desde Pisco. Si ambas piezas se normalizan pronto, Perú podrá limitar el daño económico. Si no ocurre, la crisis dejará de ser una contingencia energética. Pasará a ser un recordatorio costoso para toda la cadena minera, industrial y urbana.
