Orla Mining consiguió el aval regulatorio que necesitaba para cambiar la escala de Camino Rojo, en Zacatecas. La empresa recibió de la SEMARNAT la Manifestación de Impacto Ambiental para extender la operación del yacimiento y abrir el frente que permitirá desarrollar su proyecto subterráneo. Con esa resolución, la compañía completa los permisos clave para terminar la fase remanente del tajo de óxidos. También podrá ampliar áreas operativas y arrancar una rampa de exploración por debajo del actual tajo. Orla precisó que la autorización incluye condiciones habituales y requisitos estándar de cumplimiento ambiental.
La resolución tiene un alcance mayor al que sugiere el titular corporativo. La MIA autoriza a Orla a concluir el tajo de óxidos como lo plantea su reporte técnico actualizado. Ese permiso cubre la ampliación hacia el norte, la expansión este-oeste y la extensión de depósitos de tepetate, material de baja ley e infraestructura asociada. En paralelo, la aprobación abre la puerta a las obras de acceso subterráneo, con un portal y una rampa inicial. La empresa espera iniciar esos trabajos durante la segunda mitad de 2026, un dato que coloca el proyecto en una fase mucho más concreta.
Aquí conviene detenerse en el sentido regulatorio del anuncio. La MIA no funciona como una formalidad menor. El propio gobierno federal la define como un instrumento preventivo que busca identificar, mitigar y restaurar impactos ambientales. En el caso de proyectos extractivos, esa evaluación resulta central porque ordena medidas, condicionantes y obligaciones antes de ampliar obras o modificar la huella operativa. Orla también señaló que ya cuenta con la autorización de cambio de uso de suelo, otro trámite relevante cuando un proyecto requiere intervenir superficies con cobertura forestal. En conjunto, ambos permisos despejan la ruta administrativa más sensible del siguiente ciclo de inversión.
La importancia del paso no radica solo en el permiso. También pesa el tamaño de la apuesta técnica y económica que Orla ya puso sobre la mesa. En febrero, la minera presentó una Evaluación Económica Preliminar para el proyecto subterráneo de Camino Rojo. Ese estudio plantea una operación independiente bajo el tajo actual, con trituración, molienda y flotación para producir concentrados comercializables. El diseño no sustituye de inmediato la mina a cielo abierto. Más bien suma una segunda plataforma productiva que busca prolongar la vida del complejo y elevar su perfil de producción. En otras palabras, Orla no está defendiendo el presente del activo. Está diseñando su siguiente etapa industrial.
Los números del estudio ayudan a entender la dimensión del proyecto. Orla calculó una vida de mina de 17 años para la fase subterránea, con una capacidad de 8,000 toneladas por día. Durante los primeros diez años, la operación podría producir en promedio 215,000 onzas de oro anuales. El capital inicial estimado alcanza 608.1 millones de dólares. A un precio base de 3,100 dólares por onza de oro, la empresa proyectó un valor presente neto después de impuestos de 1,275 millones de dólares y una tasa interna de retorno de 30.2%. Son cifras robustas, aunque todavía pertenecen a una etapa preliminar.
El respaldo geológico también luce relevante. La estimación inicial del recurso subterráneo, divulgada en junio de 2025, ubicó 50.1 millones de toneladas medidas e indicadas con 2.45 gramos por tonelada de oro, 10.6 gramos por tonelada de plata y 0.25% de zinc. Ese inventario equivale a 4.20 millones de onzas de oro equivalente. Además, Orla subrayó que la mineralización sigue abierta en profundidad y a buzamiento, especialmente en la Zona 22. Esa continuidad no garantiza una expansión futura, pero sí explica por qué la empresa decidió pasar del discurso exploratorio a una hoja de ruta de desarrollo.
El calendario que acompañó el anuncio confirma esa transición. Orla prevé iniciar la rampa de exploración en 2026. Después planea arrancar un programa de perforación subterránea en 2027 para respaldar un estudio de prefactibilidad y la siguiente fase de permisos. La empresa aclaró, además, que este avance no modifica su guía actual de producción y costos para 2026 en Camino Rojo. Cualquier gasto ligado a la rampa subterránea se sumará aparte. Esa separación importa porque evita mezclar el desempeño del negocio actual con el capital de crecimiento. También permite medir con mayor claridad la disciplina financiera del proyecto.
Hay, sin embargo, un matiz que ningún texto serio debería perder de vista. La propia Orla reconoce que la PEA es preliminar y que incorpora recursos inferidos. Eso significa que el proyecto aún no alcanza el nivel de certeza de una reserva mineral ni de una decisión definitiva de construcción. La economía luce prometedora, pero todavía depende de más perforación, de ingeniería adicional, de pruebas metalúrgicas y de nuevas autorizaciones. Dicho de forma simple, el permiso ambiental no convierte automáticamente el proyecto en mina subterránea. Lo que sí hace es reducir un riesgo mayor y permitir que el desarrollo técnico avance con calendario.
Para Zacatecas, el movimiento tiene un peso adicional. El estado se mantiene como una de las grandes columnas de la minería mexicana y lidera la producción nacional de oro, plata, plomo y zinc, de acuerdo con información difundida por el propio gobierno estatal. En ese contexto, la extensión de vida y escala en un activo como Camino Rojo trasciende el balance de una sola empresa. También incide en cadenas de proveeduría, contratistas, recaudación local y continuidad operativa en una región donde la minería sostiene parte importante de la actividad económica. Por eso el anuncio merece leerse como noticia empresarial y también como señal regional.
También vale la pena observar el tono con el que Orla presentó el expediente. La empresa ligó el permiso con una apuesta de largo plazo por Zacatecas y con una narrativa de empleo, emprendimiento local y beneficios duraderos para las comunidades cercanas. Ese enfoque forma parte del lenguaje habitual del sector, pero en este caso llega acompañado por un hecho tangible: una autorización regulatoria que permite mover maquinaria, capital y planificación. En minería, las promesas pesan poco cuando el permiso no llega. Aquí ocurrió lo contrario. El permiso apareció y ahora el mercado podrá evaluar a la compañía sobre ejecución, tiempos y cumplimiento.
Desde una perspectiva sectorial, el caso Camino Rojo envía una señal que el mercado mexicano necesita. Los proyectos grandes no avanzan solo con buenos precios del oro ni con campañas extensas de perforación. Necesitan claridad regulatoria, consistencia técnica y capacidad para sostener inversiones multianuales. Orla ya mostró recursos, presentó una PEA y ahora obtuvo el visto bueno ambiental para el siguiente paso. Falta bastante, sí, pero el proyecto dejó de ser una posibilidad abstracta. Entró en la etapa en la que la empresa debe demostrar que puede convertir geología, permisos y capital en una nueva mina subterránea competitiva.
La noticia, en suma, no gira solo alrededor de un permiso. Gira alrededor de una transición. Camino Rojo nació como una operación de óxidos a cielo abierto y hoy empieza a perfilar una segunda vida bajo tierra. Esa evolución suele marcar la diferencia entre un activo que se agota y un distrito que gana años de vigencia. Para Orla, el reto ahora consiste en ejecutar sin desviar costos ni tiempos. Para Zacatecas, la oportunidad consiste en retener inversión productiva en uno de sus sectores más fuertes. Y para la minería mexicana, el caso ofrece algo valioso: una expansión concreta, regulada y técnicamente encaminada.
