Mongolia volvió a tensar la relación con Rio Tinto en Oyu Tolgoi. El gobierno quiere reabrir los términos comerciales del proyecto y acelerar los beneficios que recibe por una mina que considera estratégica para su economía. La exigencia no apunta a frenar la operación. Apunta a cambiar el reparto del valor en uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo.
La presión llegó con demandas concretas. Ulán Bator busca adelantar el pago de dividendos, elevar su porción de retornos hacia un umbral cercano a 60%, bajar a menos de 6% la tasa del financiamiento que soporta su participación y reducir la comisión anual de gestión que cobra Rio Tinto. El mensaje político fue duro. El primer ministro Gombojavyn Zandanshatar calificó el acuerdo actual como injusto y dejó ver que el gobierno podría endurecer la carga exportadora si las conversaciones no avanzan.
La disputa importa porque Oyu Tolgoi no es una mina cualquiera. Rio Tinto controla 66% del proyecto y el gobierno mongol conserva 34%. La operación subterránea inició producción sostenible en marzo de 2023 y la empresa prevé una capacidad pico de 500 mil toneladas anuales de cobre. Para 2030, el complejo podría convertirse en la cuarta mina de cobre más grande del mundo. Esa escala explica por qué cada punto de tasa, cada comisión y cada año de retraso pesan tanto en la discusión.
Lo relevante es que la mina sí está generando resultados operativos. Oyu Tolgoi elevó 61% su producción de cobre y 121% la de oro en 2025. Ese salto se apoyó en mejores leyes de mineral y en la puesta en marcha de infraestructura crítica, como la segunda trituradora primaria, el quinto molino SAG y el sistema de bandas. Rio Tinto, además, destacó que el avance de Oyu Tolgoi impulsó el crecimiento de su producción equivalente de cobre durante 2025. Dicho sin rodeos, el activo está funcionando mejor y ya muestra el tamaño de su potencial.
Entonces, ¿por qué Mongolia endurece el tono justo cuando la mina gana velocidad? Porque el problema no está en la geología ni en la planta. Está en la arquitectura financiera. Para cubrir su parte de la inversión, el Estado aceptó un financiamiento cuya tasa flotante supera hoy 11%, según reportes sobre la negociación. Bajo ese esquema, los dividendos se postergan porque primero deben cubrir la deuda y sus intereses. En términos políticos, eso resulta cada vez más difícil de defender en un país que ve salir concentrado, empleo e impuestos, pero no percibe todavía el flujo directo que esperaba de su 34%.
Aquí conviene poner las cosas en su justo tamaño. La presión de Mongolia no equivale a un rechazo de la minería. Más bien refleja una disputa clásica sobre cómo repartir una renta que ya se volvió más visible. Y Oyu Tolgoi sí ha dejado beneficios concretos. Rio Tinto describe la operación como la mayor inversión extranjera en Mongolia. La compañía afirma que más de 97% de la plantilla es mongola. También reporta que 71% del gasto acumulado se ha destinado a bienes y servicios comprados dentro del país y que el gasto acumulado en Mongolia supera ya los 20 mil millones de dólares. Ese dato importa. Muestra que la minería puede crear cadenas locales cuando el proyecto alcanza escala y continuidad.
La mina también ofrece argumentos en un terreno donde hoy se juega buena parte de la licencia social. Oyu Tolgoi informó que en el tercer trimestre de 2025 destinó 606 millones de dólares dentro de Mongolia entre salarios, pagos a proveedores, impuestos y otras transferencias al gobierno. En ese mismo reporte, la empresa indicó un consumo promedio de agua de 0.44 metros cúbicos por tonelada procesada, un nivel tres veces menor que el promedio global de 1.2 metros cúbicos. Rio Tinto, por su parte, reportó 482 millones de dólares en impuestos y regalías pagados en Mongolia durante 2024. Para cualquier gobierno, esos números son valiosos. Para la opinión pública, aún no bastan si los dividendos siguen lejos.
Rio Tinto tampoco llega a esta negociación con las manos vacías. En 2022, el grupo acordó eliminar 2.4 mil millones de dólares de deuda vinculada a la participación mongola en Oyu Tolgoi para recomponer la relación y destrabar el arranque subterráneo. Después integró por completo a Turquoise Hill y simplificó la estructura del activo. Desde la óptica de la empresa, esa secuencia prueba compromiso de largo plazo y respaldo financiero en una operación compleja, costosa y técnicamente exigente. Desde la óptica del Estado, el gesto alivió una parte del problema, pero no resolvió la pregunta central: cuándo verá Mongolia dinero real y en qué proporción.
El punto de fondo no debería perderse entre el ruido político. Oyu Tolgoi encaja en la nueva lógica del cobre como metal crítico para electrificación, redes, vehículos eléctricos y expansión renovable. Rio Tinto calcula que, a plena capacidad, la mina podrá producir cobre suficiente cada año para más de seis millones de vehículos eléctricos. Eso convierte al proyecto en una pieza industrial de alcance global. Por eso, una renegociación ordenada puede resultar más inteligente que una escalada fiscal o un pleito prolongado. La mina necesita estabilidad para desplegar valor. Mongolia necesita capturar una parte más visible de ese valor antes de que la paciencia social se agote.
La salida más razonable parece un reajuste, no una ruptura. Mongolia tiene argumentos para pedir un calendario de beneficios más corto y una carga financiera menos onerosa. Rio Tinto tiene argumentos para defender la necesidad de reglas previsibles en un proyecto que exige miles de millones de dólares y décadas de ejecución. Si ambos lados cierran una fórmula más equilibrada, Oyu Tolgoi puede seguir como emblema de minería moderna y, al mismo tiempo, volverse una referencia de reparto más creíble para el país anfitrión. Ahí está la verdadera prueba. No en abrir otra pelea ideológica, sino en demostrar que una mina de clase mundial también puede construir legitimidad nacional.
