La Corte de Apelaciones de Antofagasta volvió a tensar el debate sobre Dominga. Esta vez no discutió el tamaño del puerto ni la línea de base marina. La Corte cerró una puerta procesal y, con eso, extendió un conflicto que ya marcó la agenda ambiental chilena.
El tribunal de alzada anuló de oficio lo actuado en la etapa de “cumplimiento incidental” que tramitó el Primer Tribunal Ambiental. La Corte sostuvo que ese mecanismo no calzaba con el caso y que la resolución que se intentaba ejecutar no reunía requisitos para ejecución. El Poder Judicial informó que la Segunda Sala adoptó el criterio de forma unánime.
En términos simples, la Corte frenó el intento de obligar a la autoridad política a volver a pronunciarse bajo presión judicial. Con ese giro, el expediente se reordena y retorna al punto que dejó el rechazo administrativo. Varios análisis locales coinciden en que el fallo no entrega un veredicto ambiental de fondo, pero sí cambia el tablero del trámite.
Para entender el impacto, conviene mirar el origen de la disputa reciente. En diciembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental ordenó al Comité de Ministros dictar una nueva resolución sobre reclamaciones vinculadas a la RCA N° 161/2021. Ese fallo empujó al comité a reabrir su decisión previa y a reencauzar el proceso.
El Comité de Ministros sesionó de manera extraordinaria y rechazó nuevamente el proyecto en enero de 2025. El gobierno defendió su decisión por los riesgos sobre un ecosistema sensible, con foco en fauna marina y aves protegidas. Reuters reportó en ese momento que la autoridad negó el permiso ambiental, alineada con críticos por impactos en especies emblemáticas.
Dominga, como diseño productivo, no es menor para el mercado. La iniciativa contempla dos rajos a cielo abierto en La Higuera, en la Región de Coquimbo, además de infraestructura portuaria. Andes Iron proyecta producir 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.
Ese dato importa por dos razones. El cobre se mantiene como metal central para redes eléctricas y electrificación industrial. El hierro de alta ley, cuando alimenta rutas modernas como DRI, puede facilitar una reducción relevante de emisiones frente a la siderurgia tradicional. La IEA y análisis sobre “green steel” insisten en que la descarbonización del acero requiere nuevas tecnologías y materias primas de mayor calidad.
Ahí aparece uno de los ángulos que suele perderse en la discusión pública. Chile no solo exporta cobre y litio; también puede colocar insumos para cadenas industriales con exigencias climáticas más estrictas. Un concentrado con bajas impurezas tiende a mejorar rendimientos y a recortar consumos de energía y fundentes, según literatura técnica reciente. Aun así, esa ventaja solo cuenta si la evaluación ambiental resuelve la incertidumbre con estándares robustos.
La zona donde se emplaza el proyecto explica el nivel de fricción. La comuna de La Higuera convive con actividades pesqueras, turismo y navegación asociada al Archipiélago de Humboldt. Organizaciones ambientalistas han defendido esa área como “hotspot” de biodiversidad y han cuestionado la suficiencia de la evaluación, en especial sobre impactos marinos acumulativos.
Del lado empresarial, la compañía ha insistido en compromisos operacionales y sociales. En su información pública, el proyecto incorpora agua desalada para operación y declara aportes hídricos para consumo humano en la comuna, además de empleo y encadenamientos locales. Ese tipo de componentes suele pesar en regiones que han visto pasar ciclos mineros sin infraestructura duradera.
El problema, hoy, no está en una tabla técnica puntual, sino en la ruta institucional. La Corte señaló que el tribunal ambiental aplicó un procedimiento improcedente para forzar una ejecución. Con eso, la empresa pierde una palanca que buscaba acelerar el nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros. La discusión vuelve a la arena donde chocan política pública, criterios técnicos y litigación estratégica.
Este tipo de zigzag también alimenta el debate chileno sobre “permisología”. El concepto se usa para describir demoras, superposición de competencias y judicialización prolongada. La señal para inversionistas resulta mixta: por un lado, hay control judicial y reglas; por otro, la incertidumbre se vuelve un costo que encarece financiamiento y aplaza decisiones.
A juicio editorial, el caso Dominga ya dejó una lección clara para la región. La minería puede empujar desarrollo local y aportar minerales estratégicos, pero necesita legitimidad ambiental temprana y verificable. Cuando esa legitimidad llega tarde, el proyecto termina atrapado entre tribunales, comités y comunicados. Y cuando eso pasa, nadie gana rápido: ni la comunidad, ni el Estado, ni la industria.
La pregunta que queda en el aire es incómoda y práctica. ¿Cuánto más puede estirarse un expediente antes de volver inviable un proyecto, incluso si cumple exigencias técnicas? Chile, que presume instituciones sólidas, enfrenta el desafío de dar certezas sin bajar estándares. Ese equilibrio decide si la inversión se transforma en empleo regional o en una historia de oportunidad perdida.
