Argentina colocó una de sus discusiones ambientales más sensibles en el carril legislativo que puede redefinir su mapa minero. El Senado aprobó el 26 de febrero de 2026 una reforma a la Ley de Glaciares, con 40 votos a favor y 31 en contra, y envió el texto a la Cámara de Diputados. La decisión busca destrabar inversiones, en especial ligadas al cobre, pero también encendió alertas por el control del agua en regiones áridas y productivas.
La norma vigente, sancionada en 2010, protege glaciares y ambientes periglaciares a partir de un inventario nacional. Esa arquitectura legal prohíbe actividades como minería, exploración de hidrocarburos e infraestructura en áreas identificadas, bajo estándares mínimos ambientales. El proyecto aprobado cambia el eje: habilita a las provincias a fijar sus propios estándares de protección y a decidir, en la práctica, cómo se aplican definiciones clave en cada territorio.
El Gobierno del presidente Javier Milei defendió la reforma con un argumento central: la interpretación actual genera incertidumbre jurídica y frena inversión y empleo. La industria coincide en el diagnóstico, sobre todo por la falta de precisión sobre qué constituye un ambiente periglaciar y qué formaciones cumplen una función hidrológica relevante. Reuters recogió la postura de asesores legales del sector que ven el cambio como una pieza que reordena el marco regulatorio provincia por provincia.
El debate, sin embargo, no se limita al derecho minero. Argentina depende del deshielo para sostener ríos, riego agrícola y abastecimiento urbano en amplias zonas cordilleranas. Por eso, organizaciones ambientales salieron a la calle frente al Congreso y elevaron el tono. Greenpeace Argentina advirtió que el país resentirá la escasez de agua “en el corto plazo” si la reforma reduce salvaguardas. En la misma línea, voces del ambientalismo calificaron el giro como una amenaza para comunidades que viven de cuencas alimentadas por hielo andino.
La preocupación escaló más allá de los grupos ecologistas. El sector vitivinícola, especialmente en Mendoza, siguió el proceso con atención porque depende del agua de deshielo. Reuters reportó que actores del vino pidieron controles rigurosos y que el organismo público-privado COVIAR revisa el contenido de la reforma. En un país donde la “defensa del agua” forma parte del repertorio social desde hace años, el conflicto abre un frente político que nadie puede ignorar.
En paralelo, el cobre se convirtió en el incentivo económico más visible detrás del cambio. Argentina no produce cobre desde 2018, cuando cerró Bajo de la Alumbrera. Aun así, el país concentra proyectos de escala mundial en la franja andina, con San Juan como epicentro. Un informe citado por Argus, difundido por la secretaría de Minería a inicios de febrero, proyectó que Argentina podría aportar 6.1% de la producción mundial de cobre hacia 2035, con más de 1.5 millones de toneladas métricas al año.
Esa ambición necesita dos cosas al mismo tiempo: permisos y capital. En capital, la señal más potente la ofrece el distrito Vicuña, una apuesta conjunta de BHP y Lundin Mining que integra los yacimientos Filo del Sol y Josemaría, en la frontera Argentina-Chile. Reuters informó que la empresa prevé invertir alrededor de 800 millones de dólares en 2026, el doble de lo invertido en 2025, mientras acelera exploración y trabajos de preparación en altura.
Vicuña estima el arranque de producción hacia 2030 y contempla una planta central de procesamiento en Josemaría con vida útil cercana a 25 años, según Reuters. En recursos, el distrito reporta 13 millones de toneladas métricas de cobre medido y 25 millones inferido, además de oro y plata. Esos números explican por qué la discusión regulatoria no se siente abstracta: un cambio de definiciones sobre hielo y roca en cumbres puede mover decisiones de inversión de varios años.
El Gobierno también intenta apuntalar esa atracción con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece estabilidad y beneficios para proyectos exportadores. La reforma glaciar conversa con ese paquete, porque promete resolver ambigüedades que complican la planeación. BBVA Research, en un reporte de noviembre de 2025, ubicó a Josemaría, Los Azules, Taca Taca y El Pachón como proyectos capaces de revertir la ausencia de cobre, con inversión combinada estimada entre 15,600 y 19,000 millones de dólares. El mismo documento menciona al proyecto Vicuña como candidato a ingresar al RIGI con una inversión de 15,000 millones de dólares.
Los Azules ilustra cómo se conectan los incentivos con el calendario de construcción. En septiembre de 2025, Reuters reportó que Argentina aprobó el proyecto de cobre de McEwen bajo el RIGI, con una inversión estimada de 2,700 millones de dólares, y con expectativas de exportación y empleo en San Juan. Ese tipo de anuncios empuja el argumento oficial: sin reglas predecibles, el dinero se queda en el papel; con reglas claras, las obras pueden iniciar.
Los detractores responden con una idea igual de simple: el agua no negocia. La reforma traslada decisiones a gobiernos provinciales que, por diseño constitucional, administran recursos naturales. Para el ambientalismo, ese cambio abre la puerta a presiones locales y a rebajas de protección con criterios discrecionales. Para el Gobierno y provincias mineras, la medida corrige un esquema que uniforma realidades distintas y limita la posibilidad de evaluar casos con información técnica fina.
Argus añadió un detalle político relevante: el Senado mostró apoyos fuertes desde provincias mineras como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, y también desde distritos no mineros. Al mismo tiempo, otras provincias se alinearon en contra. Esa geografía del voto anticipa el tono de lo que viene en Diputados, donde Milei no tiene mayorías automáticas y necesita acuerdos para cerrar el trámite.
En mi opinión, la discusión real no enfrenta “minería sí” contra “minería no”. El choque de fondo enfrenta capacidades institucionales. Argentina necesita demostrar, con datos y supervisión, que puede producir cobre sin poner en riesgo reservas hídricas estratégicas. También necesita reglas que aguanten auditorías, tribunales y cambios políticos, porque una mina de cobre no se financia a dos años. Esa tensión explica por qué una reforma sobre glaciares se volvió, en los hechos, una reforma sobre confianza.
La experiencia latinoamericana deja una lección incómoda: los conflictos socioambientales no nacen sólo por el mineral, sino por el vacío de información creíble. Si las provincias asumen más poder, también asumen más responsabilidad técnica, más monitoreo y más transparencia. Sin eso, cualquier flexibilización se vuelve combustible para el conflicto. Con eso, la región puede sostener una conversación más madura: cómo extraer un metal que el mundo pide para electrificación, sin degradar la base hídrica que sostiene agricultura, ciudades e industria.
Diputados ahora tiene la última palabra en el corto plazo. Si aprueba, Argentina abrirá una etapa nueva para su portafolio cuprífero, con San Juan como termómetro político y ambiental. Si frena o modifica, el país seguirá con el marco de 2010 y con un mensaje de cautela para inversionistas que ya comparan a Argentina con vecinos mineros consolidados. El resultado no sólo medirá el apetito de capital. También medirá la habilidad del Estado para conciliar desarrollo y protección del agua en la cordillera.
