La organización estadounidense International Rights Advocates (IRAdvocates) presentó una demanda en la Corte Superior del Distrito de Columbia contra Apple Inc., acusando a la empresa de mantener en su cadena de suministro minerales extraídos en contextos de conflicto armado, trabajo infantil y condiciones laborales forzadas en la República Democrática del Congo y Ruanda. Esta nueva acción legal se suma a otras iniciativas previas emprendidas contra la tecnológica, aunque anteriores intentos fueron desestimados por tribunales en Estados Unidos.
La demanda no solicita compensación monetaria ni busca la certificación de clase, sino que solicita una declaración judicial de que Apple violó leyes de protección al consumidor mediante prácticas publicitarias engañosas. También requiere una orden judicial que prohíba dicha conducta en el futuro, así como el reembolso de los gastos legales. El documento legal argumenta que la compañía continúa recibiendo minerales como cobalto, estaño, tantalio y tungsteno que han sido vinculados con actores armados y abusos de derechos humanos en la región.
IRAdvocates sostiene que, a pesar de los compromisos públicos de Apple y las auditorías de su cadena de valor, la empresa no ha logrado desvincularse por completo del uso de minerales provenientes de zonas en conflicto. La denuncia menciona a tres fundidoras chinas —Ningxia Orient, JiuJiang JinXin y Jiujiang Tanbre— que habrían procesado coltan extraído de minas controladas por grupos armados en el este del Congo, mineral que posteriormente habría ingresado a Ruanda para su exportación.
Estas empresas, según investigaciones citadas en la demanda, habrían sido señaladas por Naciones Unidas y la organización Global Witness como receptoras de minerales extraídos en zonas bajo control de milicias. No se recibió respuesta inmediata de las fundidoras mencionadas.
En respaldo a sus acusaciones, IRAdvocates cita un estudio reciente de la Universidad de Nottingham, publicado en 2025, que documenta casos de trabajo infantil y condiciones laborales forzadas en yacimientos congoleños relacionados con proveedores de Apple. El informe destaca la persistencia de prácticas de explotación pese a los mecanismos de certificación existentes en el sector.
Apple, por su parte, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios respecto a esta nueva demanda. En declaraciones previas, la empresa ha defendido sus procesos de supervisión, asegurando que ha instruido a sus proveedores a evitar cualquier vínculo con operaciones mineras en Congo y Ruanda. En diciembre de 2024, la compañía afirmó públicamente que no existía “una base razonable” para concluir que sus fundidoras o refinadoras financien a grupos armados en la región.
Asimismo, Apple ha informado que en 2024 el 76 % del cobalto contenido en sus productos fue obtenido mediante reciclaje. Sin embargo, la demanda cuestiona la metodología utilizada por la empresa, señalando que la mezcla de materiales reciclados con minerales de origen incierto podría permitir la entrada de recursos de zonas de conflicto en la cadena de producción.
La República Democrática del Congo es el principal proveedor mundial de cobalto, con cerca del 70 % del suministro global. También es una fuente significativa de estaño, tantalio y tungsteno, metales esenciales para la fabricación de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, baterías y computadoras. La dependencia de estos recursos ha generado tensiones internacionales en materia de derechos humanos, sostenibilidad y responsabilidad empresarial.
El Gobierno congoleño ha denunciado reiteradamente que las ganancias del comercio ilegal de minerales son utilizadas por grupos armados para financiar actividades bélicas en el este del país. Estas organizaciones operan fuera del control estatal y han contribuido a una situación de inestabilidad prolongada que ha provocado miles de muertes y millones de desplazamientos forzados. En respuesta, las autoridades han intensificado los controles sobre la explotación y exportación de minerales, con el objetivo de restringir el flujo de recursos hacia actores ilegales. Ruanda no ha emitido comentarios sobre esta situación.
La falta de trazabilidad y transparencia en las etapas intermedias de la cadena de suministro —particularmente en el procesamiento y fundición de los minerales— continúa siendo un desafío importante. Las certificaciones actuales, como la Iniciativa para Minerales Responsables (RMI, por sus siglas en inglés), han sido criticadas por su alcance limitado y su incapacidad para auditar eficazmente todos los eslabones de la cadena.
El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de las grandes tecnológicas en el control de sus cadenas de suministro. Si bien muchas compañías han adoptado códigos de conducta y esquemas de auditoría, los hechos denunciados sugieren que dichas medidas podrían no ser suficientes para garantizar el respeto a los derechos humanos y la prevención del financiamiento de conflictos armados. Organizaciones de la sociedad civil han exigido a las empresas mayor transparencia y acciones concretas para erradicar completamente los minerales de conflicto de sus procesos productivos.
Desde una perspectiva más amplia, la situación refleja una tensión estructural en la industria tecnológica global. La demanda creciente de dispositivos electrónicos ha generado una presión considerable sobre la oferta de minerales estratégicos, muchos de los cuales provienen de contextos complejos y frágiles como el de África Central. En este entorno, la minería representa tanto una oportunidad de desarrollo económico como un riesgo de perpetuación de dinámicas de violencia y explotación.
El litigio contra Apple podría sentar un precedente legal relevante para otras empresas multinacionales que operan con materias primas extraídas en regiones de alto riesgo. La resolución del caso determinará en qué medida las compañías pueden ser responsabilizadas por prácticas dentro de sus cadenas de valor, incluso si ocurren a miles de kilómetros de sus oficinas centrales.
Este tipo de acciones legales también refuerza la importancia de fortalecer los mecanismos internacionales de gobernanza de recursos naturales. Sin marcos regulatorios eficaces y cooperación transfronteriza, los esfuerzos individuales de las empresas difícilmente serán suficientes para transformar las condiciones de extracción en regiones afectadas por conflictos armados.
