En medio de un panorama nacional marcado por la violencia y la incertidumbre jurídica, México logró una hazaña sin precedentes en su historia minera: romper el récord anual de producción de oro. Con una extracción total de 140.3 toneladas durante 2024, el país consolidó su posición como uno de los principales productores de este metal precioso a nivel global. Este avance técnico y económico, sin embargo, se vio opacado por la creciente percepción de inseguridad que afecta al sector extractivo.
La cifra, publicada por la Secretaría de Economía y confirmada por la Cámara Minera de México (Camimex), representa un crecimiento del 10.8 % en comparación con 2023. Expertos del sector atribuyen el repunte a varios factores: una recuperación sostenida del precio internacional del oro, que superó los 2,200 dólares por onza en diversos momentos del año; la reactivación de proyectos suspendidos durante la pandemia; y una mayor eficiencia operativa en minas clave ubicadas en estados como Sonora, Zacatecas y Guerrero.
No obstante, el contexto operativo en el que se alcanzó este récord es profundamente preocupante. De acuerdo con el índice “Investment Attractiveness Index” del Instituto Fraser, México cayó al sitio 74 entre 86 jurisdicciones evaluadas en 2024. Esa posición lo colocó entre los diez países menos seguros y menos atractivos para la inversión minera, según las percepciones de empresas y especialistas encuestados a nivel mundial. Los factores más mencionados incluyeron la inseguridad física, la presencia del crimen organizado en regiones mineras, la falta de certeza jurídica y los cambios regulatorios poco transparentes.
En zonas como Guerrero, Michoacán y Zacatecas, la operación minera enfrenta obstáculos que trascienden lo técnico. Empresarios del ramo han denunciado cobros de piso, amenazas a trabajadores y bloqueos comunitarios, muchos de ellos orquestados por grupos criminales que ven en la minería una fuente de extorsión. La situación ha obligado a algunas compañías a detener temporalmente sus operaciones o a reducir turnos para garantizar la seguridad de su personal.
En contraste con esa narrativa de riesgo, el repunte en la producción evidencia la resiliencia de la industria y el compromiso de los operadores mineros con el desarrollo económico del país. La minería, en particular la del oro, sigue siendo un motor clave para muchas regiones que dependen de esta actividad para sostener empleos formales, generar divisas y dinamizar cadenas productivas locales.
Desde una óptica técnica, el crecimiento de la producción también refleja la adopción de nuevas tecnologías de exploración y extracción, así como una mejor administración de los yacimientos en explotación. Firmas como Fresnillo plc, Minera Frisco y Torex Gold han reportado mejoras sustanciales en sus procesos operativos, lo que les ha permitido incrementar el volumen sin expandir significativamente sus costos.
El oro no sólo representa un activo financiero estratégico, sino también una pieza clave en la economía de varias regiones del país. Según datos del Servicio Geológico Mexicano, más de 200 municipios tienen actividad relacionada con este metal, y en al menos 50 de ellos representa la principal fuente de ingresos. Esa dependencia hace que el impacto de la inseguridad sea todavía más grave, pues no solo se trata de la pérdida de inversiones, sino de la fragilidad de comunidades enteras que dependen de la estabilidad del sector.
La falta de una política minera integral ha contribuido a esta dualidad. Mientras el gobierno federal celebra los récords de producción como una muestra de la capacidad nacional, no ha logrado articular una estrategia eficaz para combatir las amenazas que enfrenta la industria. Las reformas legales impulsadas desde 2023, que modificaron la Ley Minera y acotaron los periodos de concesión, también han sido interpretadas por el sector como un factor adicional de incertidumbre, lo cual ha generado tensiones con inversionistas nacionales y extranjeros.
Algunos gobernadores han buscado compensar esta situación impulsando medidas locales de protección y coordinación con las fuerzas de seguridad, aunque los resultados han sido dispares. En Sonora, por ejemplo, se han creado mesas de diálogo entre empresas, autoridades y comunidades, mientras que en otros estados las denuncias por violencia permanecen sin atender o se minimizan.
Frente a este panorama, la paradoja mexicana se acentúa: un país con un potencial geológico de clase mundial, que logra romper sus propios récords productivos, pero que al mismo tiempo se enfrenta a obstáculos estructurales que amenazan con frenar su avance. La minería aurífera mexicana vive un momento de oro, pero también de hierro candente.
México necesita urgentemente reconciliar su potencial minero con un entorno de seguridad y certidumbre jurídica que garantice la viabilidad de sus recursos. La producción puede crecer, pero si el entorno se degrada, ese crecimiento podría volverse insostenible. Y lo que hoy se presenta como un récord histórico, mañana podría ser solo un espejismo en medio de un campo minado de conflictos.
