Cuando uno piensa en puertos peruanos, quizá evoca puertos tradicionales o logísticos menores. Pero Matarani ha emergido como pieza central de una contienda donde participan inversores globales y poderes estatales. Situado en el sur de Perú, este puerto dedicado al cobre acaba de recibir la aprobación para una ampliación de 700 millones de dólares. Ese aval llega ligado a una extensión de 30 años para su concesión, un movimiento que permite a su operador evitar licitación adicional.
La propiedad de Matarani incluye un accionista llamativo: BlackRock, mediante su brazo Global Infrastructure Partners, que adquirió el 50 % en 2023. Ese respaldo financiero no es casualidad en un momento en que se intensifica la competencia con puertos respaldados por China en suelo peruano. El gigante asiático promueve proyectos como el puerto de Chancay, al norte de Lima, valorado en 1 300 millones de dólares, y también el proyecto en San Juan de Marcona, que fue adjudicado recientemente.
El gerente general de Tisur —operador de Matarani—, Mauricio Núñez del Prado, no disimula el matiz estratégico: “No hay duda de que hay un elemento geopolítico en cómo se hacen las grandes inversiones en puertos peruanos”. La apuesta es clara: articular logística, atraer contratos con grandes mineras y reforzar el protagonismo frente a puertos vinculados a intereses estatales de China.
Matarani ya opera como centro de exportación para minas grandes: atiende a Las Bambas —propiedad de la china MMG Ltd.—, así como a operaciones de Freeport‑McMoRan, Glencore y Hudbay. Con el proyecto de ampliación, el puerto aspira también a manejar la producción potencial de minas de Teck y Southern Copper que planean iniciar operaciones en los próximos años.
El vínculo entre Las Bambas y Matarani parece prolongado, pero no garantizado. Su contrato actual expira en 2029, y la minera ha confirmado que evalúa alternativas logísticas, incluyendo el puerto de San Juan de Marcona. Matarani confía en que su infraestructura integrada —capacidad de manejar concentrado mediante conexiones ferroviarias y por carretera dentro del mismo puerto— le da una ventaja competitiva difícil de replicar.
No menos relevante: la ampliación fue autorizada mediante decreto oficial y blindada contra licitación adicional, como parte del mismo acuerdo que extiende la concesión. Ello otorga seguridad a los inversionistas para planear a largo plazo sin el temor de perder control por procesos competitivos futuros.
Este movimiento no es aislado. China ya ha hecho jugadas similares en América Latina: financiar infraestructura portuaria, puertos secos, trenes de mercancías y terminales marítimas. Semejantes apuestas fortalecen cadenas logísticas bajo su control —o bajo influencia estratégica— frente a actores occidentales que buscan contrapeso. En este escenario, la ampliación de Matarani no solo habla de rendimiento económico, sino de posicionamiento global en cadenas de suministro de cobre.
Desde el punto de vista de la minería, la expansión del puerto representa una noticia favorable. Perú es el tercer productor de cobre del mundo, y requiere puertos eficientes, de alta capacidad, para no quedar rezagado frente a competidores con mejor conectividad. La modernización portuaria impulsa menores costos logísticos, competitividad internacional y mejores condiciones para que las nuevas minas entren al circuito exportador con menores trabas. Además, los ingresos a comunidades locales y empleo pueden reflejarse en las regiones del sur peruano, generando beneficios socioeconómicos directos.
Claro que hay riesgos. Las decisiones de concesión vía decreto pueden despertar cuestionamientos políticos o sociales, sobre transparencia o contratos con largo plazo sin competencia abierta. Habrá que vigilar que el proyecto respete estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), un punto que cada vez pesa más en financiamientos globales. Más aún en un país como Perú, con conflictos sociales ligados al sector extractivo.
En mi opinión, esta operación revela un nuevo capítulo en la pugna entre capitales privados y estatales en la infraestructura minera latinoamericana. BlackRock no solo invierte dinero, sino marca territorio estratégico en un país que pesa mucho en el mapa del cobre global. Si bien la minería enfrenta múltiples críticas legítimas, esto demuestra que una industria moderna y responsable puede atraer capital global competitivo y optar por estándares más altos. La clave estará en que el desarrollo respete a las comunidades y el entorno local, no que se imponga desde arriba.
