Teloloapan, Guerrero, 6 de julio de 2025. Ayer sábado 5 de julio, sujetos armados incendiaron al menos siete tráileres que transportaban material de la mina Capela, propiedad de Industrias Peñoles, en la comunidad de Tehuixtla. El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre la carretera federal que conecta Teloloapan con Apaxtla de Castrejón, en la zona norte de Guerrero, una región clave en la producción de plomo, zinc y plata.
Testigos locales informaron que el humo de los vehículos en llamas se observó desde varios poblados. Además, reportaron ataques similares al menos en Xalostoc y Pachivia, Ixcateopan de Cuauhtémoc, así como uno más en la entrada de Teloloapan, cerca del entronque hacia la mina Capela.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado ni negado el ataque, ni se ha reportado si hubo personas heridas o detenidas. La falta de información oficial aumenta la preocupación entre empresas y comunidades locales.
La mina Capela inició operaciones en 2020, es un proyecto subterráneo polimetálico que pertenece 100 % a Peñoles y produce zinc, plomo, cobre, oro y plata . Desde su entrada en funcionamiento, ha generado empleo para decenas de familias de la región y representa una pieza clave para la economía local.
Estos ataques demuestran el nivel de inseguridad que confrontan las zonas mineras del norte de Guerrero. No se trata solo de una agresión a bienes materiales, sino de un desafío directo a las capacidades logísticas y operativas de las empresas. El actuar de grupos armados no solo interrumpe el transporte de minerales, también genera un ambiente de riesgo para trabajadores y pobladores.
Peñoles debe evaluar rápidamente la estabilidad de sus rutas y considerar medidas urgentes de seguridad. Por su parte, las autoridades federales y estatales tienen el deber de fortalecer la vigilancia en zonas críticas, recuperar el control territorial y construir mecanismos de prevención sólidos.
La minería formal, bien gestionada y con enfoque social, puede ser un motor de desarrollo. Pero para lograrlo, es indispensable garantizar la seguridad de la cadena productiva. Este suceso no es un caso aislado, sino la señal de una problemática estructural que exige una respuesta integral: seguridad, institucionalidad y compromiso social.
