En un informe publicado el martes, Amnistía Internacional (AI) ha señalado una grave falta de vigilancia en las cadenas de suministro de metales esenciales para la producción de baterías eléctricas, acusando a 13 grandes fabricantes de automóviles de no cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos. Aunque el sector ha mostrado mejoras desde 2017, el informe destaca que ninguna de las empresas analizadas ejerce una “vigilancia razonable” sobre los procesos de extracción de minerales como el cobalto, el cobre y el níquel, fundamentales para la fabricación de baterías.
Este informe coloca nuevamente el foco sobre la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en la carrera por liderar la industria de vehículos eléctricos (VE). Si bien las baterías eléctricas son esenciales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de carbono, el costo humano y ambiental de extraer los metales necesarios sigue siendo un tema controversial.
La lucha por los derechos humanos en la extracción de metales
Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de violaciones de derechos humanos asociados con la extracción de metales en diferentes partes del mundo, como el sudeste de la República Democrática del Congo y Filipinas. En estos lugares, las comunidades locales enfrentan expulsiones forzadas, problemas de salud debido a la contaminación y dificultades para acceder a recursos básicos como el agua. La ONG también señala que las multinacionales involucradas en la cadena de suministro de cobalto y cobre han recurrido a actos de intimidación y engaño para explotar los recursos minerales sin compensar adecuadamente a las poblaciones locales.
El cobalto, esencial para las baterías de iones de litio, es un ejemplo clave de este tipo de explotación. La mayor parte de su producción proviene del Congo, donde las condiciones laborales en las minas han sido ampliamente criticadas por el uso de trabajo infantil y la falta de medidas de seguridad adecuadas. A pesar de los avances en la regulación de estas prácticas, el informe destaca que muchas empresas aún no toman las medidas necesarias para garantizar que su suministro de cobalto provenga de fuentes libres de abusos.
Clasificación de los fabricantes de automóviles
El informe de AI evalúa a los fabricantes de vehículos eléctricos con base en su alineación con los estándares internacionales de derechos humanos establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los resultados muestran una gran disparidad entre las empresas.
- Mercedes-Benz obtuvo la mejor puntuación con 51 de 90, seguida de Tesla con 49 puntos. Estas empresas han implementado algunas políticas para mejorar la trazabilidad de sus cadenas de suministro, pero aún queda mucho por hacer para garantizar el respeto a los derechos humanos en todas las fases de producción.
- En el extremo opuesto, BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos de China, recibió solo 11 puntos de 90, lo que indica una grave falta de alineación con los estándares internacionales.
- Mitsubishi Motors y Hyundai también recibieron bajas puntuaciones (13/90 y 21/90, respectivamente), lo que evidencia que estos gigantes de la industria aún tienen un largo camino por recorrer en términos de responsabilidad social.
Empresas como Volkswagen, BMW, Ford y Stellantis se encuentran en una categoría intermedia, con un cumplimiento “moderado” de las normas internacionales de derechos humanos, pero que aún no alcanzan un nivel óptimo de responsabilidad.
El rol de los metales en la transición energética
Los metales como el cobalto, el níquel y el cobre son componentes esenciales en la fabricación de baterías eléctricas. El avance hacia una economía más verde y la transición energética mundial dependen en gran medida de estos recursos. Sin embargo, esta transición no puede lograrse a expensas de los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales en las zonas mineras.
El desafío para las empresas automotrices es encontrar un equilibrio entre la demanda de materiales para baterías y la necesidad de mantener prácticas responsables en toda su cadena de suministro. La creciente presión de las ONG, junto con las demandas de los consumidores por productos más sostenibles y éticos, ha llevado a algunos fabricantes a comenzar a implementar prácticas de minería responsable, pero el proceso es lento y las soluciones actuales no son suficientes para abordar completamente los problemas.
Un camino hacia la minería responsable
Para que la industria automotriz pueda avanzar hacia un modelo de producción verdaderamente sostenible, es fundamental que las empresas tomen medidas más firmes para garantizar la transparencia y la trazabilidad en sus cadenas de suministro de metales. La adopción de tecnologías como la blockchain, que permite rastrear cada paso del proceso de extracción y suministro de materiales, podría ser una de las soluciones más prometedoras para garantizar que los metales utilizados en las baterías eléctricas provengan de fuentes libres de abusos.
Además, la colaboración entre gobiernos, ONG y el sector privado será crucial para establecer normas más estrictas y hacer cumplir las regulaciones existentes. Iniciativas como la Alianza Global para la Minería Responsable y los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrecen un marco para que las empresas puedan operar de manera más ética y responsable.
Si bien el informe de Amnistía Internacional muestra avances en la industria de vehículos eléctricos en cuanto a la vigilancia de derechos humanos, también deja en claro que aún queda un largo camino por recorrer. La transición hacia una energía limpia y sostenible no puede ser verdaderamente exitosa si no se respeta la dignidad y los derechos de las comunidades que se ven afectadas por la extracción de los materiales que alimentan este cambio.
