En el marco del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 5 de febrero, una noticia ha resonado en los cimientos de la industria minera: el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado una iniciativa con Proyecto de Decreto que propone una reforma significativa en el sector. La propuesta, presentada ante la Cámara de Diputados y la Dip. Marcela Guerra Castillo, tiene un objetivo claro y contundente: la prohibición de la minería a cielo abierto en México.
Según el documento, esta medida busca proteger el medio ambiente y la salud de los mexicanos. El plan incluye la modificación del artículo 27 de la Constitución para prohibir no solo el otorgamiento de nuevas concesiones, sino también las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a través de esta técnica. Además, establece sanciones severas para quienes incumplan la normativa.
El argumento detrás de esta decisión se fundamenta en cifras que, de primera instancia, parecen extraordinarias: según el proyecto, la técnica de minado en tajos permite obtener hasta 28 gramos de oro por tonelada de material procesado. Sin embargo, esta cifra, aunque prometedora, es solo una cara de la moneda. La otra cara revela un panorama de devastación y daño ambiental que no puede ignorarse.
La iniciativa toma como referencia el trabajo de Maritza Vargas, “Extractivismo de enclave y minería a cielo abierto”, que pinta un cuadro sombrío de las consecuencias de esta práctica: devastación ambiental, contaminación en múltiples frentes (auditiva, del aire, del suelo y del agua), enfermedades y la pérdida de identidades socioculturales. Estos daños, según el estudio, llevan al desarraigo y a la fragmentación del tejido social comunitario, alterando irreparablemente la vida de las comunidades cercanas a las operaciones mineras.
A pesar de que México cuenta actualmente con alrededor de 264 minas a cielo abierto, la propuesta de AMLO pone sobre la mesa una reflexión crítica sobre la sostenibilidad de estas operaciones. Aunque es cierto que la industria está sujeta a un riguroso marco de más de un millar de normas y reglamentos, y que las minas en operación deben contar con planes de cierre integrales, la pregunta persiste: ¿Es suficiente?
La minería, sin duda, es un pilar de la economía mexicana, pero esta iniciativa invita a replantear el modelo de extracción y a buscar alternativas que armonicen el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y el bienestar social. La propuesta también se enmarca en un contexto más amplio de cambios medioambientales propuestos por el Ejecutivo, que incluyen la declaración de México como país libre de maíz transgénico, la restricción en la otorgación de concesiones de agua en zonas de baja disponibilidad y la prohibición del fracking.
