La primera ministra peruana, Mirtha Vásquez, desató el viernes por la noche una polémica con el sector minero clave, al afirmar que un grupo de cuatro minas de la región andina de Ayacucho no recibiría ninguna prórroga en sus plazos de explotación.
“Es una medida arbitraria que desconoce el Estado de Derecho y sus principios”, dijo Oscar Caipo, presidente de la Confiep, que agrupa a las mayores empresas de Perú.
Vásquez había dicho que el gobierno ayudaría a negociar los términos para el cierre de cuatro minas que han sido afectadas por las protestas de la comunidad en las últimas semanas.
“Cerraremos las minas tan pronto como sea posible”, dijo Vásquez, según un comunicado de prensa del gobierno. “No habrá prórrogas, ni de explotación, ni de exploración, ni siquiera de cierre”.
Dos de ellas son propiedad de Hochschild Mining; las otras dos son operaciones más pequeñas.
Las declaraciones provocaron una furiosa reacción de la industria minera el sábado, con ejecutivos que dijeron que aunque las minas estaban formalmente programadas para cerrar pronto, esperaban extender esos plazos.
“No tenemos planes de dejar de operar. De hecho, esperamos seguir invirtiendo”, dijo Ignacio Bustamante, que dirige la Compañía Minera Ares, filial de Hochschild.
Según la ley peruana, todas las minas tienen una fecha prevista de cierre, aunque esas fechas pueden modificarse si los reguladores lo permiten.
La disputa es la última controversia entre la administración izquierdista del presidente Pedro Castillo y el sector minero. Perú es el segundo productor mundial de cobre y los ingresos fiscales de la minería son una parte importante de las finanzas del país.
Castillo llegó al poder en julio, en un momento en el que las protestas de las comunidades han tenido como objetivo varias grandes explotaciones mineras, incluidas las grandes minas de cobre como Antamina, de la que son copropietarios Glencore y BHP Billiton, así como Las Bambas, de MMG Ltd.
El sector minero ha criticado a Castillo por lo que consideran una administración demasiado permisiva con los manifestantes.
“Estamos legitimando la violencia como una medida justificada de presión social, dijo Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Peruana de Minería, Energía y Petróleo.
Jacob es también el director financiero de Southern Copper Corp.
Reuters
