La Comisión de Biodiversidad se comprometió a fiscalizar y hacer seguimiento a las concesiones mineras que se realizan en la zona norte del país. Esto, después de escuchar a diferentes líderes de organizaciones, comunidades, fundaciones y catedráticos, quienes pidieron ejecutar acciones para la conservación del territorio y ambiente.
Johana Cedeño, presidenta del organismo parlamentario, acotó que la preocupación de los ciudadanos es importante y que la mesa se compromete a trabajar para que se garanticen los derechos de la naturaleza. Como parte de su labor fiscalizadora llamará a los representantes de los ministerios de Minas y de Ambiente, así como a otras autoridades. Además, hará una visita al territorio donde se encuentran las concesiones mineras.
Los comparecientes, ente ellos, Elis Levi y Fred Larreátegui, del Observatorio Minero, Social y Ambiental del norte de Ecuador (Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Pichincha), explicaron que los permisos mineros implican una grave afectación no solo a la biodiversidad, sino en las áreas social y de seguridad.
Silvia Quilumbango, de Intac-Imbabura, contó que en esa zona se han concesionado unas 50 mil hectáreas y otras 20 mil están en trámite, es decir, habría una afectación del 70 % de su territorio. Resaltó que en ese espacio se encuentran cinco bosques protectores, así como otros bosques parroquiales y reservas hídricas que están en peligro. Filomena Rosero, de la parroquia Tobar Donoso denunció que unas 47 mil hectáreas se afectarían en su comunidad.
Para el biólogo Luis Baquero y el catedrático e investigador William Sacher la minería no es la mejor opción para el desarrollo del país. El primero cree que la investigación será la actividad que nos hará crecer, mientras que el segundo puso a debate el costo social, ambiental, cultural que implica el aprovechamiento de los recursos mineros. En lo ambiental, Baquero contó que solo en la vía Chical-El Carmen existen 400 especies de orquídeas y otras 100 no están identificadas.
A la comisión también acudió el asambleísta por el Carchi, René Yandún, quien pidió que se cumpla lo que determina el artículo 57 de la Constitución sobre la consulta previa e informada a las comunidades en cuanto a la explotación de recursos no renovables. Denunció que los únicos que han acudido a la socialización sobre las concesiones son los miembros de las empresas privadas, pero ninguna autoridad gubernamental, por lo que sugirió que se pidan explicaciones.
En cambio, Fernando Callejas, quien gestionó la presencia de los dirigentes de las organizaciones sociales, felicitó su trabajo y lucha por el ambiente.
