La empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua) amenaza hoy con colocar una demanda contra el Estado de Guatemala tras verse obligada a suspender sus operaciones por decreto de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Desde el 22 de febrero el ente encargado de velar por el acatamiento de la carta magna decretó esa medida, porque la empresa violó el derecho de consulta de las comunidades autóctonas en el 2011, sin embargo esta desatendió el fallo y continuó operando en la mina Progreso VII Derivada, conocida como La Puya.
Luego el Ministerio Público allanó el lugar y encontró 74 sacos de unos mil kilógramos cada uno de material mineral base de metales preciosos y hasta varias piezas arqueológicas probablemente ubicadas durante las excavaciones en el yacimiento.
Pese a eso la subsidiaria de la firma canadiense Radius Exploration Ltd., con casa matriz en territorio estadounidense, pudiera acogerse a lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC-CAFTA), advirtió la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible.
“Exmingua fue invitada para invertir en el país, por lo que podría solicitar una solución de controversias; es lo mismo que pasó en el caso de Ferrovías”, señaló la ejecutiva de esa agrupación Carolina Castellanos, en conferencia de prensa.
De modo similar el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Guatemala (AmCham), Juan Pablo Carrasco, subrayó que la empresa podría comenzar un arbitraje contra Guatemala, porque este le otorgó las licencias para que viniera a invertir.
El 29 de junio de 2012 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) condenó al Estado de Guatemala a pagar de 11 millones a 15 millones de dólares por el arbitraje internacional planteado en el caso Ferrovías so pretexto de que el trato a los inversionistas debía ser justo y equitativo.
La demanda se basó en la decisión del gobierno de Ôscar Berger de declarar lesivo el contrato firmado con la subsidiaria de la Railroad Development Corporation en 2006, porque el equipo ferroviario era mantenido en malas condiciones y la compañía incumplió con los tramos exigidos por el acuerdo.
Ahora el abogado de Exmingua, Arturo Miranda, esgrime que su empresa perdió 360 millones de dólares por la suspensión de la licencia de exploración y explotación en La Puya, situada en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, departamento central de Guatemala.
El cese de operaciones, la maquinaria paralizada y la liquidación pagada a 300 empleados, entre otras, motivaron esas mermas luego que la CC resolviera de forma unánime la detención temporal de labores en esos yacimientos y rechazara la apelación de Exmingua y del Ministerio de Energía y Minas.
Prensa Latina
