Mendoza, Argentina.-  Así como lo hizo con la futura licitación del transporte público (que debería haberse concretado en noviembre), el gobierno de Cornejo dejará en manos de una consultora privada la estrategia que llevará adelante respecto a la minería en Mendoza. “Tenemos que llamar a los que saben”, argumentan desde el Ejecutivo.

La consultora a contratar no está definida, aunque se calcula que implicará una inversión de 2 millones de pesos. La intención es que la empresa que se contrate delinee los trazos que deberán seguirse respecto a la política minera que aplicará Cornejo, contemplando la resistencia de ciertos sectores, las limitaciones que fija la Ley 7722 (que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto), el beneficio y el costo social y las posibilidades en cuanto al desarrollo económico.

Esto fue confirmado por el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, que argumentó que se quiere “dejar de manosear a los empresarios y trabajadores y proponer una política minera sustentable para la provincia”.

Las declaraciones del funcionario llegaron después de que un grupo de trabajadores del sector minero y referentes del sector, como Carlos Ferrer (titular de la Cámara de Empresarios Mineros) le exigieran respuestas para reactivar una actividad casi paralizada. “No se trata de dar respuestas”, aclaró Guiñazú.

Así, sostuvo que se buscan parámetros claros y objetivos respecto a la sustentabilidad ambiental, social y económica de los proyectos. “Estamos trabajando para medir esto, si un proyecto cumple o no. No queremos discutir los proyectos de manera individual. Por eso está trabada la actividad. Queremos discutir de manera integral a la política minera”, sostuvo.

“Queremos trabajar de forma profesional, definirlo y no parar mas. El plazo que nos ponemos es de seis meses. Si queremos trabajar seriamente tenemos que llamar a los que saben. La dinámica de discusión de los temas de minería son complejas. Se ponen en la mesa temas subjetivos. Hace falta gente experta en esto, que sepa administrar los conflictos que se puedan generar. No queremos hacer experimentos”, justificó respecto a la contratación de una consultora. “Hoy estamos en la etapa de levantar precios. No es un tema barato”, agregó.

Esta idea de contratar a terceros para delinear aspectos directrices de la gestión no es nueva. Hace unas semanas. el gobierno había firmado con la consultora española BB&J Consult SA, que se dedica a realizar exclusivamente estudios y análisis sobre los sistemas de transporte público, un contrato por casi 13 millones de pesos, para que estudie cómo debe proyectarse el nuevo sistema de transporte público del Gran Mendoza para los próximos años, incorporando, desde ya, el Metrotranvía que hoy funciona entre Capital, Godoy Cruz y Maipú.

De modo similar, ahora se busca dejar en terceros el estudio de “qué tipo de minería es adecuada”, sostuvo Guiñazú.

“Antes de volver a ponerlos en la Legislatura (se refiere a cuatro proyectos mineros que son estudiados por el Ejecutivo) es fundamental que definamos qué tipo de minería queremos”. La idea es que la consultora que se seleccione lleve a cabo una “discusión amplia con todos los sectores que participan de la minería, los responsables de los temas ambientales, temas sociales, económicos y legales. En base a esa información vamos a proponer una política minera al gobernador”, sostuvo.

En concreto, proponen la materialización de “una herramienta de evaluación de proyectos”. “No había una herramienta formal y objetiva de evaluación de proyectos. Se evaluaban los proyectos de manera subjetiva u objetiva. Hay muy poco material y no puede ser utilizada como una base”, argumentó el funcionario.

Reclamo de trabajadores y empresarios

Frente a las escalinatas de la Casa de Gobierno, Guiñazú escuchó el reclamo de los trabajadores y empresarios mineros que, justamente, le pidieron que se trace de manera urgente una política minera.

“Estamos desesperados, necesitamos trabajar. No se puede seguir sin trabajo, San Jorge y Vale se tienen que reactivar”, lanzó Jorge Toro, representante de los trabajadores que fueron despedidos de la minera que explotaría salles de potasio en Malargue, pero que quedó frenada por las condiciones macroeconómicas.

“Ya deberían haber entrado a la Legislatura las Declaraciones de Impacto Ambiental”, agregó Ferrer, aunque no hubo promesas de parte del Gobierno.

Agencias

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