La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) revirtió a propiedad y dominio directo del Estado boliviano los derechos mineros concedidos a la Empresa Minera Alcira SA porque ésta se los adjudicó en su totalidad a una compañía china en 2010.
El director ejecutivo de la AJAM, Carlos Alberto Soruco, dijo ayer a La Razón que la reversión se realizó al amparo de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Ambas normas establecen que la propiedad sobre los recursos naturales no se maneja libremente.
“De transgredir lo que dice la Constitución y la ley minera, nosotros realizamos la reversión de áreas que ellos transfirieron, cosa que no podían hacer porque no son propietarios”, detalló. Los derechos correspondían a 17 áreas mineras ubicadas en diferentes sectores de Oruro y Potosí, según informó la AJAM.
TRANSACCIÓN. José Manuel Encinas, director jurídico de la AJAM, explicó que el paquete accionario de la Empresa Minera Alcira estaba conformado en un 50% por la firma Trex y el restante porcentaje por dos particulares. En 2010, los dueños de la compañía transfirieron la totalidad de sus acciones a la empresa china Jungie Mining Industry Co. Limited, y otras dos personas naturales de esa nacionalidad por un monto de $us 550.000. “La empresa china tenía el 99% y las dos personas naturales el 1%. Adquirieron los derechos con $us 550.000”, dijo.
La reversión se efectivizó mediante una resolución administrativa, que además de la devolución de los derechos al Estado, también dispone remitir antecedentes a la Justicia Ordinaria para impulsar una “persecución penal” contra los representantes de la Empresa Minera Alcira. También se denuncia el hecho a la Procuraduría General del Estado y al Ministerio de Transparencia.
“Asimismo, se solicitó a la dirección regional de la AJAM la emisión de una resolución para la suspensión de toda actividad de explotación o exploración en el lugar, lo que ocurrirá la siguiente semana”, informó el director jurídico.
La empresa china que adquirió los derechos tendrá que seguir las acciones legales que vea por conveniente si considera vulnerados sus derechos como comprador, de acuerdo con la AJAM.Este es uno de los primeros casos que identificó la AJAM, entidad que fue creada en 2014.
Soruco dijo que lo que procede a partir de esta reversión es que el Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), puede hacer uso de los derechos. Caso contrario, manifestó, las áreas pueden ser liberadas y cualquier operador minero puede solicitarlas para realizar actividad minera.
En este caso, explicó el director de la AJAM, la entidad emite una resolución declarando libre el área revertida, por lo que “cualquier persona” la puede solicitar para realizar actividades mineras.
Con esta acción, dijo, la institución ingresa en una etapa de “regulación sin precedentes”, con la que se garantizará la protección de los intereses del Estado boliviano en la actividad minera. Soruco recomendó a todos los actores productivos mineros que tienen derechos mineros adquiridos, así como a personas naturales y/o jurídicas que deseen invertir en el sector, realizar sus operaciones mineras y comerciales en el marco de lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes.
El objetivo es el de evitar “futuros contratiempos” en materia legal, sostuvo la autoridad y recordó que se instruyó a la Dirección Jurídica que realice un “barrido” de todas las transferencias o venta de derechos mineros que se hayan realizado en los últimos años.
La Comibol puede hacer uso de áreas
La Comibol puede hacer uso de las áreas mineras que hayan sido revertidas al Estado para explorar y explotar minerales. Caso contrario, estas áreas serán liberadas para que cualquier operador minero pueda solicitarlas mediante un proceso que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Se seguirán acciones legales
La AJAM seguirá acciones legales contra los responsables de transferencias o venta de derechos mineros, como en el caso de la Empresa Minera Alcira, cuyas actuaciones serán remitidas a la Fiscalía.También se enviarán los antecedentes al Ministerio de Transparencia y a la Procuraduría General del Estado (PGE).
La Razón
