CODELCO ha anunciado un plan de contención de costos por US$ 1.000 millones para 2015, en respuesta a la caída del precio del cobre, fenómeno explicado por el término del “súper ciclo” de las materias primas y el enfriamiento de la economía china. El anuncio hecho por el presidente ejecutivo es un objetivo razonable a la luz de esta realidad más ajustada, pero surgen cuestionamientos de por qué la estatal cuenta con ese nivel de holgura, que le permite un recorte de esta magnitud sin necesidad de reducir su planta de trabajadores ni ajustar ningún proyecto de inversión relevante.

De acuerdo con el plan detallado por la compañía, se contempla ahorrar US$ 500 millones mediante acciones para elevar la eficiencia y la productividad, provenientes de la optimización de indicadores de consumo y la racionalización de contratos, la gestión de mantenimiento y la disminución de consultorías y estudios. Otros US$ 500 millones provendrán de la renegociación de contratos, relacionada con la caída del precio de insumos críticos. También se contempla la creación de una vicepresidencia de productividad y costos.

La caída del precio del cobre es un fenómeno que ya lleva un par de años, por lo que es posible que la empresa esté reaccionando tardíamente al fenómeno; asimismo, a la luz del plan anunciado, cabría preguntarse por qué antes no fue posible una política más audaz en esta materia. Es llamativo que mediante acciones administrativas se logre reducir los gastos en US$ 1.000 millones sin aparente dificultad. El año pasado la administración de Codelco fue enfática en señalar que la empresa requería de una urgente capitalización por parte del Estado, pues de lo contrario el cuantioso plan de inversiones de la compañía -más de US$ 23.500 millones- se podría tornar inviable. En una rápida respuesta, el gobierno presentó un proyecto de ley para capitalizar a la compañía, el cual fue aprobado prontamente por el Congreso. Con ello el Estado se compromete a realizar un aporte de hasta US$ 4.000 millones, constituyendo una inyección de recursos de difícil precedente para una compañía estatal.

Llama la atención la urgente demanda de recursos hacia el Estado versus la cuantía en que se reducirán los costos, lo que parece dejar en evidencia que en Codelco existen grandes cantidades de gastos de difícil justificación, cuyo control se hace complejo producto de las presiones de grupos de interés o el férreo poder que ejercen los sindicatos de la compañía. Pese a que en los últimos años la empresa ha dado pasos importantes para recortar los costos, no se ha logrado llegar a niveles que puedan ser considerados óptimos.

Es bienvenido que la nueva administración de Codelco releve el tema de los costos, pero cabría esperar que ello fuese una tarea permanente, y exista respaldo político para tomar decisiones complejas en caso de que se requiera. En el futuro no puede descartarse que en función de la nueva realidad de mercado exista la necesidad de revisar inversiones o postergar algunas de ellas. Asimismo, el Ministerio de Hacienda no debería seguir comprometiendo fondos adicionales sin que ello esté ligado al cumplimiento de objetivos y metas precisas, especialmente cuando ha quedado a la vista que aún existen holguras dentro de la compañía.

La administración de Codelco se vería potenciada si se abriera al capital privado. Ello le entregaría recursos para financiar su plan de expansión y permitiría un mejor control de costos. Lamentablemente esa decisión ha sido abandonada, lo que es una pérdida para el país.

La Tercera

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