Elías Segovia, presidente regional de Apurímac, profesa la tesis de que no existen los conflictos sociales en minería. “Lo que hay son conflictos económicos que cuando se politizan se convierten en problemas sociales”, refirió a El Comercio.
En este contexto, su administración ha conseguido destrabar el millonario proyecto de hierro Apurímac Ferrum, cuyo costo de desarrollo supera los US$2.600 millones.
El proyecto estuvo paralizado durante casi dos años debido a litigios entre sus accionistas (la australiana Strike Resources y la familia peruana Dyer) y a la oposición de los comuneros locales dedicados a la minería artesanal. “Lo que hemos conseguido es un acuerdo con la empresa minera por el cual esta debe ceder un pedazo de terreno a la comunidad campesina para su explotación. A cambio, esta la autorizará a usar las concesiones superficiales para el proceso de exploración”, indicó Segovia.
En consecuencia, Strike Resources ha anunciado la elaboración de un estudio de impacto ambiental semidetallado para ejecutar 24.000 metros de perforaciones diamantinas en el área de Opaban, la cual aloja el 100% de los recursos mineralizados del proyecto. La última estimación de recursos en Opaban data del 2010, cuando se identificaron 269 millones de toneladas con ley promedio de 57,3% de hierro.
El objetivo de la exploración, programada para comenzar en julio del 2014, es duplicar ese volumen.
El Gobierno Peruano ha planteado la posibilidad de transportar la futura producción de Apurímac Ferrum por vía férrea hacia el puerto de Marcona (Ica), pero Strike Resources ve más factible, por cuestión de costos, sacar el mineral a través de un mineroducto, siguiendo el ejemplo de Antamina.
La región Apurímac concentra el 21% de la cartera de inversión minera, estimada en US$57.000 millones. Otros proyectos millonarios en la región son: Las Bambas (US$5.200 millones), Los Chancas (US$1.580 millones), Haquira (US$2.800 millones) y Trapiche.
El Gobierno de Apurímac está empeñado en sacar estas inversiones adelante. “Lo que queremos es que las reglas estén claras para que las empresas mineras puedan negociar con las comunidades campesinas que son dueñas de la superficie”, indicó Segovia.
Fuente: El Comercio
