Freeport-McMoRan sostiene que mantiene el calendario para reactivar, de forma gradual, el distrito minero de Grasberg en Papua, Indonesia, después del accidente que obligó a frenar actividades en una de las zonas subterráneas más relevantes para el suministro global de cobre y oro. La empresa ligó la actualización al reporte de resultados más reciente, en un momento en que el precio del cobre se mueve con nerviosismo ante cualquier interrupción en minas de gran escala.
La información más consistente sobre el incidente apunta a un flujo masivo de material húmedo que inundó áreas del bloque subterráneo Grasberg Block Cave el 8 de septiembre de 2025. Con el paso de las semanas, se confirmó la muerte de siete trabajadores. El evento detonó revisiones operativas, trabajos de remediación y un ajuste de expectativas sobre volúmenes, costos y tiempos de estabilización.
En su guía pública, Freeport ubica el inicio del reinicio gradual en el segundo trimestre de 2026. La compañía también plantea que la recuperación no se mide solo por encender equipos, sino por sostener condiciones seguras y por recuperar el ritmo productivo de manera ordenada, con cambios basados en “aprendizajes” del evento. Ese matiz importa, porque el modelo de minería subterránea masiva, como el block caving, exige control fino de agua, lodos, accesos y ventilación, además de disciplina estricta en protocolos de ingreso.
El mercado sigue la historia de Grasberg por una razón simple: su escala pesa en el balance mundial. Freeport opera el complejo mediante PT Freeport Indonesia, con una participación cercana a 48.76% y con la administración operativa en manos del grupo estadounidense, según su propia ficha corporativa. Para Indonesia, el activo representa ingresos, empleo y una plataforma industrial que busca anclar más valor local, incluida la cadena de fundición y refinación.
La actualización corporativa llega, además, con números que muestran el impacto real del paro. En el cuarto trimestre de 2025, Freeport reportó caída importante en producción atribuible a la interrupción en Grasberg, aunque el alza del cobre y del oro ayudó a sostener resultados financieros. El dato sirve como recordatorio: cuando el precio sube, la presión por recuperar toneladas aumenta, pero la legitimidad social y regulatoria de la minería depende, primero, de la seguridad.
El propio entorno de demanda explica parte de esa tensión. La Agencia Internacional de Energía proyecta un aumento de 50% en la demanda de cobre hacia 2040 en su escenario de cero emisiones netas, empujado por redes eléctricas, electrificación y tecnologías limpias. En paralelo, organismos y analistas advierten que la oferta enfrenta cuellos de botella, desde permisos hasta disrupciones operativas, lo que vuelve más sensibles los precios ante cualquier noticia de grandes minas.
En ese contexto, Grasberg funciona como termómetro. Cuando Reuters informó la suspensión inicial, el mercado ya reaccionaba a la incertidumbre y a la posibilidad de inspecciones gubernamentales. Después, conforme aparecieron estimaciones de pérdidas y declaraciones de fuerza mayor, el episodio se integró al debate más amplio sobre vulnerabilidad de suministro, especialmente en años donde la demanda industrial y tecnológica compite por el mismo metal.
Freeport describe un camino de recuperación que se extiende más allá de 2026. En su actualización de noviembre de 2025, la empresa habló de un reinicio gradual desde el segundo trimestre de 2026 y de un incremento de producción durante 2026 y 2027, con promedios más altos a partir de 2027. En otras palabras, el reinicio representa el primer hito; la normalización plena requiere tiempo, preparación de frentes, estabilidad geotécnica y logística operativa sin sobresaltos.
La pregunta que flota en el sector resulta inevitable: ¿cómo se evita que un evento similar se repita? Sin caer en tecnicismos, la respuesta suele combinar gestión del agua, monitoreo geomecánico, control de accesos y cultura de seguridad con autoridad real para detener operaciones. En minería subterránea de alto tonelaje, la disciplina operativa vale tanto como la maquinaria. Aquí, el incentivo para hacerlo bien es doble: protege vidas y también protege continuidad productiva, que al final sostiene ingresos públicos, empleo local y contratos de proveedores.
Indonesia también observa el tema desde una óptica política e industrial. El gobierno ha empujado mayor participación local y más procesamiento en el país. Al mismo tiempo, siguen conversaciones sobre el marco de operación más allá de 2041 y sobre movimientos accionariales en la unidad local. Es un recordatorio de que la continuidad no depende solo de ingeniería, sino de licencias sociales y acuerdos institucionales que se sostienen con desempeño responsable.
Para América Latina, incluida México, el caso deja dos lecturas prácticas. La primera se relaciona con el ciclo del cobre: cuando una mina grande se detiene, el mercado reacciona y esa señal se filtra a proyectos en todo el continente, desde presupuestos de exploración hasta negociación con comunidades. La segunda se vincula con estándares: reguladores y sociedades comparan prácticas, y los operadores que invierten en seguridad, trazabilidad y desempeño ambiental construyen una ventaja competitiva que no siempre aparece en el precio de la acción, pero sí en la viabilidad a largo plazo.
