América Latina llegó a 2026 con un giro visible en el tablero. La minería dejó de moverse solo por precios, impuestos y permisos. Hoy también la empujan decisiones de seguridad nacional, rivalidades entre potencias y acuerdos comerciales. Ese cambio ya pesa sobre el litio, el cobre, la plata y otros minerales que sostienen baterías, redes eléctricas y defensa.
Estados Unidos puso el tema en primer plano con medidas que conectan minerales críticos y política industrial. La Casa Blanca publicó una proclamación que aborda importaciones de minerales críticos procesados bajo la lógica de seguridad nacional. El texto se apoya en una investigación de la Sección 232 y abre la puerta a negociaciones y posibles remedios comerciales. En paralelo, centros de análisis en Washington describen una estrategia más amplia. Esa estrategia combina comercio, alianzas y presión regulatoria para reducir dependencias.
La región aparece como pieza natural de ese plan por su dotación geológica. El cobre andino sostiene la electrificación. El litio del “triángulo” alimenta la industria de baterías. La plata y el zinc mantienen peso industrial y financiero. El punto ya no consiste solo en extraer más. Importa quién financia, quién refina y bajo qué reglas opera la cadena.
Bolivia se volvió un caso de prueba. El país concentra una de las mayores dotaciones de litio del planeta. El Servicio Geológico de Estados Unidos calculó recursos de litio en Bolivia por 23 millones de toneladas. Ese volumen lo coloca a la par de Argentina y por encima de Chile. La cifra explica por qué el país atrae interés recurrente, incluso cuando su producción efectiva sigue rezagada.
La política también cambió en La Paz. Rodrigo Paz asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025. Su llegada cerró un ciclo de casi dos décadas de dominio del MAS, según reportes de Reuters y AP. Paz ofreció una ruta promercado con continuidad social. También prometió reinsertar al país en circuitos de inversión y financiamiento externo. Esa narrativa busca traducirse en litio.
El problema aparece en la ejecución. Bolivia arrastra un historial de expectativas que no cuajan en capacidad industrial. La geología del salar, la logística sin salida al mar y la complejidad de las salmueras elevan el reto. Además, el país enfrenta tensión social por el costo de vida y por decisiones económicas sensibles.
Esa tensión explotó rápido con el combustible. A mediados de diciembre de 2025, el gobierno impulsó el Decreto Supremo 5503. La medida elevó precios de gasolina y diésel al recortar subsidios y detonó bloqueos y paros, según S&P Global. Medios y analistas también describieron protestas prolongadas contra el decreto. El episodio importa para la minería por una razón simple. Cuando la calle se enciende, la política renegocia contratos y cronogramas.
En litio, el país ya vivió fricción con socios externos. Organizaciones y registros públicos siguieron litigios y decisiones judiciales que frenaron o cuestionaron acuerdos con compañías de China y Rusia. Ese precedente alimenta el descuento de riesgo. También encarece el financiamiento, porque los bancos piden más garantías cuando cambian las reglas.
La apuesta de Paz busca romper ese círculo. Reportes internacionales señalan que su gobierno explora apoyo de multilaterales en medio de una crisis económica severa. AP reportó un entendimiento preliminar de financiamiento con la CAF por miles de millones de dólares. Reuters describió un país presionado por inflación, escasez de combustible y caída de exportaciones de gas. Con ese contexto, el litio aparece como ancla fiscal y símbolo político.
Estados Unidos observa con interés, pero no opera con cheques en blanco. El nuevo enfoque enfatiza control de cadena y resiliencia industrial. La Minerals Security Partnership, impulsada desde el Departamento de Estado, busca acelerar cadenas “responsables” mediante coordinación y capital público-privado. El diseño favorece proyectos que cumplan estándares ambientales y sociales, además de estabilidad contractual. Ese criterio puede jugar a favor de la región cuando ordena reglas, y puede jugar en contra cuando improvisa.
Washington también combina diplomacia y herramientas comerciales. La proclamación sobre minerales procesados plantea negociaciones y deja en el horizonte tarifas si fracasan acuerdos. El mensaje resulta claro para gobiernos y empresas. Estados Unidos quiere proveedores, pero también quiere condiciones. Quiere volumen, pero también trazabilidad. Y quiere socios, pero con alineamientos políticos.
La coyuntura regional añade más presión. En enero de 2026, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses marcó un punto de quiebre geopolítico, según Financial Times y The Washington Post. La operación disparó debates sobre legalidad y alcance, pero también envió una señal de poder. En un entorno así, los minerales tienden a politizarse aún más. Los inversionistas lo saben y ajustan su apetito de riesgo.
México mira el proceso con un lente propio. El país concentra manufactura exportadora y un vínculo directo con la política industrial de Norteamérica. Además, el T-MEC entrará a revisión formal antes del 1 de julio de 2026, según Reuters. En ese marco, Claudia Sheinbaum y Donald Trump conversaron sobre comercio y seguridad a finales de enero de 2026. Aunque esa llamada no giró en torno a minería, sí muestra el clima de negociación que rodea cadenas de suministro.
Aquí aparece una conclusión incómoda, pero necesaria. América Latina necesita decidir si quiere jugar a la defensiva o con agenda propia. Si solo reacciona, venderá materia prima barata y comprará tecnología cara. Si estructura políticas serias, puede capturar valor y empleo. La minería no resuelve todo, pero sí puede financiar infraestructura, investigación y proveedores locales. Eso exige Estado capaz, permisos ágiles y reglas estables.
Bolivia enfrenta el examen más duro por su historia. El litio ya no perdona retrasos. El mercado premia proyectos con cronogramas creíbles, costos controlados y licencias sociales robustas. Si el país ordena su marco legal y reduce conflictividad, puede entrar al club de productores reales. Si deja que la volatilidad domine, el recurso seguirá como promesa.
Mi análisis, con los datos a la vista, apunta a una ventana corta. Estados Unidos empuja acuerdos y medidas comerciales. China mantiene dominio en refinación y manufactura, según análisis recientes sobre minerales críticos y riesgos de suministro. En ese choque, Bolivia puede negociar mejor si ofrece certeza y transparencia. La región puede atraer capital si acelera permisos sin sacrificar estándares. Esa combinación suena difícil, pero no resulta imposible.
La minería, bien hecha, también puede mejorar la conversación pública. En lugar de prometer milagros, conviene hablar de contratos auditables, compras locales y beneficios medibles. Conviene medir agua, energía y emisiones con seriedad. Conviene exigir consulta y cumplimiento, no propaganda. Cuando la industria opera con disciplina, reduce conflicto y sube competitividad.
El tablero ya cambió. La pregunta ya no es si el litio importa. La pregunta es quién logra convertirlo en industria y no solo en geología. Bolivia intenta reescribir su historia. Estados Unidos intenta reconfigurar su abastecimiento. América Latina decide, con cada ley y cada permiso, si participa como socio o como espectador.
