La Chile volvió a mirar de frente una tensión que se repite en la gran minería del norte: el choque entre una huelga legal y el control de infraestructura crítica. Este viernes, la Corte de Apelaciones de Copiapó autorizó el uso de fuerza pública para despejar el bloqueo en los accesos de la planta desalinizadora asociada a Mantoverde. La decisión busca restablecer el ingreso al recinto costero que sostiene el suministro de agua para la operación minera.
La resolución llega en un momento sensible del conflicto laboral. El Sindicato N°2 mantuvo la paralización desde el 2 de enero y extendió la presión hacia la desaladora. En los expedientes y reportes públicos, el tribunal calificó el cierre de accesos como un bloqueo ilegal y abrió la puerta a que la autoridad ejecute el despeje. Ese giro legal eleva el nivel del enfrentamiento, porque traslada parte del desenlace desde la mesa de negociación hacia la ejecución de una medida judicial.
En paralelo, los trabajadores rechazaron una propuesta revisada que la compañía presentó como “final”. La oferta incluyó pagos equivalentes a unos 17,400 dólares por integrante y un ajuste salarial de 1%, según información difundida por la agencia. La votación mostró una participación baja. El sindicato reportó que solo votó cerca de 14% del padrón y que la mayoría optó por el “no”.
El propio gremio calificó la propuesta como una maniobra antisindical y pidió retomar conversaciones con condiciones que considere no discriminatorias. También sostuvo que un bono anual recién pagado ayuda a sostener una huelga más larga. En las últimas horas, representantes sindicales se reunieron con el presidente saliente Gabriel Boric para solicitar apoyo en la reactivación del diálogo.
El foco del pleito se concentró en la desalinizadora ubicada en la costa, a unos 40 kilómetros de la faena. Ese punto no es menor. El agua define la continuidad operativa en el desierto y, en Atacama, el margen de error se reduce. Cuando la desalación se detiene, la mina depende de reservas internas que cubren servicios esenciales por un tiempo acotado. Si la reposición de agua no ocurre, la empresa ajusta procesos y detiene circuitos más intensivos.
La compañía reportó incidentes en la instalación el 18 de enero. Afirmó que personas ingresaron al recinto mientras había trabajadores dentro y que una interferencia en el sistema eléctrico interrumpió el envío de agua hacia la operación. En una presentación judicial citada por prensa local, la empresa describió amenazas y daños que dejaron la planta inutilizable. El sindicato cuestionó el relato y negó que exista una “toma” como tal, aunque reconoció episodios de presión en el acceso en días previos, según reportes periodísticos y comunicados.
En la práctica, la disputa ya impactó el corazón productivo. Capstone advirtió que la falta de agua obligó a detener, al menos de forma temporal, el procesamiento de sulfuros y a sostener operaciones con reservas para mantener lo básico. El escenario se vuelve más delicado porque Mantoverde combina mineralización de óxidos y sulfuros, con necesidades de agua que cambian según el circuito y la carga de planta. La empresa también sostuvo que una minoría ocupa el recinto costero y que el sindicato no respalda esa acción.
La cobertura en medios chilenos añadió un dato que ilustra la tensión en sitio. La compañía organizó un ingreso de personal técnico mediante un operativo aéreo para resguardar equipos críticos y condiciones sanitarias, mientras el bloqueo seguía. En la lógica industrial, ese movimiento apunta a evitar deterioros acelerados en componentes que no admiten abandono prolongado, además de reducir riesgos para personas que permanecen en turno.
Aquí aparece un punto clave para entender por qué el conflicto escaló. En minería moderna, la desaladora no es solo “una planta más”. Es un nodo de continuidad operacional, seguridad y cumplimiento ambiental. En el norte chileno, la industria ya empuja un cambio estructural hacia el uso de agua de mar para reducir presión sobre fuentes continentales. Cochilco reportó que, en 2023, 36% del agua fresca extraída por la minería del cobre provino del mar, mientras 64% llegó desde fuentes continentales. Ese dato no resuelve el conflicto laboral, pero explica por qué la infraestructura hídrica se volvió tan estratégica.
La lectura industrial también tiene un ángulo social. Cuando una faena se frena, no solo pierden empresa y sindicato. Pierden proveedores, contratistas y comercio local, sobre todo en regiones que viven del encadenamiento minero. La propia Capstone ha insistido en el peso laboral de su operación, con empleo directo y una base amplia de contratistas, además de salarios y compras que dinamizan economías regionales.
Desde el lado regulatorio, el caso abre preguntas incómodas y necesarias. ¿Hasta dónde llega el derecho a huelga cuando una acción afecta accesos a infraestructura que sostiene seguridad, sanidad y servicios mínimos? ¿Qué estándar debe aplicar el Estado para resguardar el orden público sin vulnerar libertades sindicales? La autorización de fuerza pública no responde todo, pero marca una línea: los tribunales no ven el bloqueo como una extensión protegida de la movilización.
También asoma otro frente: la institucionalidad laboral. Según la agencia, la autoridad laboral prepara un caso por presuntas prácticas antisindicales, entre ellas un supuesto reemplazo ilegal de huelguistas. Ese expediente, si avanza, puede tensar más la relación y alargar el conflicto, porque convierte la negociación en un problema doble: económico y jurídico.
En el mercado, cualquier interrupción prolongada en Chile se amplifica. El país sostiene su lugar como principal productor mundial de cobre y, cuando una operación relevante se atasca, los compradores leen señales de oferta más ajustada. En esta coyuntura, el cobre mantiene un peso simbólico y real para la transición energética, desde redes eléctricas hasta electromovilidad. La minería no solo abastece metal. También sostiene cadenas industriales completas, y eso explica la atención que genera cada huelga en el cinturón minero chileno.
Dicho eso, conviene no simplificar. La minería necesita legitimidad y esa legitimidad se construye con seguridad, diálogo y reglas claras. En mi análisis, el punto más delicado no es la huelga en sí. Es la deriva hacia acciones que ponen en riesgo instalaciones, personas y continuidad básica. Si una negociación se muda al terreno del “control físico” de activos críticos, el costo reputacional crece para todos. Y ese costo, al final, también lo paga el país, porque erosiona confianza en su gobernanza minera.
El desenlace inmediato depende de dos cosas. Depende de cómo ejecute la autoridad el despeje, con proporcionalidad y foco en seguridad. Depende, sobre todo, de si empresa y sindicato vuelven a una negociación que cierre brechas sin humillar a la contraparte. En minería, las relaciones laborales duran más que un contrato. La continuidad de un distrito minero se decide tanto en la planta como en la mesa.
