La operación Mantoverde, uno de los activos relevantes de Capstone Copper en el norte de Chile, detuvo su producción tras una escalada en el conflicto laboral que ya roza las tres semanas. El golpe no llegó por falta de mineral ni por una falla de planta. Llegó por agua. La interrupción del suministro desde su planta desalinizadora obligó a frenar procesos y colocó el foco en un punto sensible para toda la minería chilena: la dependencia creciente de infraestructura costera para sostener faenas en zonas desérticas.
Según informó la compañía, un grupo de personas ingresó a las instalaciones de la desaladora la noche del 18 de enero y alteró el sistema eléctrico. Ese hecho cortó el flujo de agua hacia la mina, que se ubica tierra adentro, y abrió un nuevo frente en la negociación con el sindicato en huelga. Capstone también señaló que integrantes en paro impiden el acceso a la planta y bloquean el reinicio de las operaciones en esa instalación clave.
El efecto operativo resultó inmediato. La empresa explicó que mantuvo reservas internas para servicios esenciales, pero detuvo temporalmente las operaciones de sulfuros. Anticipó continuidad breve en óxidos, aunque dejó claro que la falta de agua empuja a un paro más amplio si no se restablece el suministro. En paralelo, Capstone dijo que ya busca apoyo judicial para recuperar acceso a la desaladora, restaurar el flujo hídrico y reanudar actividades.
Desde el lado sindical, la versión pública también reconoció la gravedad del punto de quiebre. Reuters reportó que el sindicato informó la “toma” de la planta desalinizadora por parte de un grupo de trabajadores en huelga, aunque matizó que la dirigencia no “sancionó” esa acción. La misma fuente indicó que la producción se detuvo por el cierre de la desaladora en medio del conflicto laboral.
La huelga comenzó el 2 de enero, después de que fracasaran las conversaciones para un nuevo contrato colectivo con el sindicato más grande de la operación, identificado como Sindicato N°2. Reuters precisó que ese sindicato agrupa a alrededor de 645 miembros y que la disputa ya mostraba señales de prolongarse desde inicios de mes.
Mantoverde no representa un “gigante” del tamaño de Escondida o Collahuasi, pero sí ocupa un lugar visible en la cartera de Capstone y en el mapa de Atacama. La propia empresa describe Mantoverde como una mina a cielo abierto de cobre y oro ubicada en la provincia de Chañaral, en la Región de Atacama, con cercanía a otras iniciativas del distrito.
En propiedad y socios, la operación también tiene matices importantes. Reuters señaló que Capstone controla 70% de Mantoverde y Mitsubishi Materials mantiene 30%. Esa estructura agrega presión para contener pérdidas y acelerar una salida negociada, porque el paro no pega solo en toneladas, también pega en compromisos y calendarios compartidos.
En los últimos años, Capstone impulsó ramp-ups y mejoras que elevaron el perfil productivo de sus minas en Chile. En su reporte de resultados de producción 2025, la compañía destacó producción anual de cobre consolidada récord y un aumento significativo impulsado, entre otros factores, por Mantoverde. En ese mismo documento, Capstone indicó que Mantoverde logró récord mensual en diciembre y reportó producción anual de 2025 al alza frente a 2024.
Ese contexto vuelve más delicado el momento del conflicto. Una paralización que llega después de un cierre de año fuerte no solo reduce producción en el arranque de 2026. También estresa planes de confiabilidad operativa y disciplina de costos, justo cuando el mercado mira con lupa cada disrupción en el cobre por su peso en electrificación, redes y manufactura. No hace falta exagerar el impacto global de una sola mina, pero sí conviene entender el mensaje: en minería, el suministro crítico no siempre se llama “energía”. A veces se llama “agua”.
El episodio también reabre una discusión que Chile conoce bien: la relación entre ciclos de precio y presión salarial. Cuando el cobre sube, las utilidades suben y los sindicatos piden una parte mayor del valor que ayudan a generar. Las empresas, por su lado, tratan de evitar compromisos permanentes en un negocio cíclico. El resultado suele concentrarse en la negociación colectiva y, en casos tensos, en paros con impacto real. Reuters ya había documentado el inicio de la huelga y el riesgo de que se prolongara.
Ahora bien, hay un ángulo que en Mantoverde pesa más que en muchas otras faenas: el agua desalinizada y su cadena logística. En el desierto de Atacama, la disponibilidad hídrica condiciona desde molienda hasta control de polvo. Por eso Chile empujó, de forma gradual, un viraje hacia el uso de agua de mar, ya sea desalinizada o sin desalar, con grandes impulsiones desde la costa. Ese cambio reduce presión sobre cuencas continentales, aunque también exige inversiones intensivas y más consumo energético.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) difundió datos recientes que ayudan a dimensionar el giro. En su estudio sobre consumo de agua en la minería del cobre, Cochilco reportó mayor extracción de agua de mar y un peso relevante de recirculación como fuente principal de abastecimiento. También mostró que el consumo total de agua creció menos que la producción de cobre fino, una señal de mejoras en eficiencia hídrica, aunque con desafíos persistentes.
En esa tendencia, Mantoverde encaja perfecto, pero también evidencia una vulnerabilidad. La desalación y el transporte de agua desde la costa funcionan como un sistema integrado, con puntos críticos que no admiten improvisación. Si alguien corta energía, bloquea accesos o detiene la operación de la planta, la mina se queda sin margen. Lo que en el papel luce como solución sostenible frente a la sequía, en la práctica necesita gobernanza, seguridad operativa y acuerdos laborales sólidos.
Desde mi lectura, aquí aparece una lección útil para la conversación pública sobre minería. A menudo se reduce el debate a “minería sí” o “minería no”. Mantoverde muestra otra cosa: la minería moderna depende de infraestructura que también beneficia al territorio si se gestiona bien. La desalación, por ejemplo, puede liberar presión sobre acuíferos y ríos, y abre oportunidades para esquemas compartidos con otros usos, si el diseño regulatorio lo permite. El problema llega cuando un conflicto laboral o un incidente en una instalación crítica paraliza toda la cadena. Nadie gana con eso, ni trabajadores ni comunidades ni Estado.
Capstone, por su parte, intentó enmarcar el impacto social y económico de sus operaciones en Chile. En una actualización previa sobre negociaciones laborales, la empresa reportó distribución de valor económico en el país, con componente relevante en salarios y beneficios, y describió una fuerza laboral amplia entre empleados y contratistas, con presencia de trabajadores de comunidades locales. Esos datos suelen formar parte del argumento empresarial para sostener continuidad operacional y reputación social.
Aun así, la salida real no la dicta un comunicado. La define la combinación de negociación, legalidad y control operativo. Capstone ya dijo que acudirá a instancias judiciales para recuperar acceso a la desaladora. Al mismo tiempo, reiteró disposición al diálogo con el Sindicato N°2. Reuters también reflejó que la empresa considera que la toma comenzó el domingo por la noche, mientras el sindicato deslindó responsabilidad orgánica. Esa divergencia marca el tono de una fase más dura del conflicto.
El mercado seguirá el desenlace por una razón simple. Chile mantiene su lugar como potencia cuprífera y cada interrupción, por pequeña que parezca en el tablero global, alimenta la discusión sobre continuidad de suministro. Reuters ha documentado en años recientes cómo la industria chilena navega presiones simultáneas, desde producción hasta conflictos puntuales y cambios de inversión. Hoy, Mantoverde añade el componente “infraestructura hídrica” como talón de Aquiles inmediato.
Para México, la noticia también deja un espejo. La región compite por capital minero, por talento y por licencia social. Capstone opera en Zacatecas con Cozamin y reportó desempeño sólido en 2025. Ese cruce de geografías recuerda que las empresas mineras gestionan riesgos distintos en cada país, pero comparten una realidad: la operación depende de acuerdos laborales estables y de insumos críticos, con agua y energía en la primera línea.
Lo que viene en Mantoverde dependerá de decisiones concretas en días, no en meses. Si se restablece el suministro desde la desaladora, la operación puede retomar gradualmente, primero con servicios esenciales y luego con plantas. Si la disputa sigue y se mantiene el bloqueo, el costo crecerá, y con él crecerán los incentivos para un acuerdo. En minería, el tiempo rara vez juega a favor cuando la infraestructura crítica se queda sin control operativo.
