La discusión sobre minería en México volvió al centro de la agenda por una razón muy concreta. El sector reporta 160 proyectos con inversión detenida por trámites inconclusos, sobre todo ambientales, y por reglas secundarias que no terminan de aterrizar. La cifra no solo describe un atasco administrativo. También retrata el choque entre una nueva arquitectura regulatoria y la urgencia de invertir en exploración y desarrollo de yacimientos.
Rubén del Pozo Mendoza, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, dijo que el país mantiene “atorada” esa cartera. Señaló que una parte ya obtuvo avales, pero otra sigue en distintas etapas, con expedientes avanzados y otros apenas en arranque. En su diagnóstico, el principal freno viene de los permisos ambientales.
El mensaje apareció en un contexto simbólico para la industria. Del Pozo lo expuso en la XV Conferencia Internacional Minería Chihuahua 2026, un foro donde empresas, proveedores y autoridades suelen medir el pulso real de la inversión. Ahí también lanzó una alerta de competitividad. Mientras México aplaza decisiones, otros países avanzan con exploración, y con ello aseguran producción futura.
El señalamiento llega después de cambios legales que elevaron el umbral de cumplimiento para nuevos proyectos. Una nota técnica sobre las reformas publicadas en mayo de 2023 resume obligaciones y prohibiciones que impactan la planeación. El nuevo marco veta nuevas concesiones y nuevas autorizaciones ambientales para proyectos dentro de Áreas Naturales Protegidas. También pide consulta previa cuando un proyecto afecte territorio ancestral indígena. Además, exige evaluación de impacto social como parte del proceso.
En el mismo paquete, la reforma endureció condiciones ligadas al agua, un tema especialmente sensible en el norte minero. El documento refiere prohibiciones para otorgar concesiones en zonas con poca disponibilidad hídrica. También limita la forma en que las empresas pueden allegarse de agua, al impedir la transmisión de títulos para destinarse a minería. En la práctica, el proyecto debe amarrar su fuente con Conagua bajo reglas más estrictas.
Estas exigencias buscan reducir impactos y ordenar el desarrollo. Sin embargo, elevan la necesidad de certidumbre operativa. Si la autoridad no define con claridad tiempos, criterios y ventanillas, la inversión entra en modo pausa. Ese “modo pausa” cuesta caro en minería porque la exploración requiere capital paciente y años de trabajo. Nadie decide perforaciones, estudios y obras sin una ruta regulatoria clara.
Del Pozo también apuntó a un factor que suele aparecer en la conversación privada y cada vez más en la pública. La inseguridad desincentiva decisiones de largo plazo. El riesgo para personal, equipos y cadenas de suministro pesa tanto como un permiso pendiente. Para una mina, un bloqueo de caminos o un robo recurrente puede desarmar proyecciones financieras.
Aun con ese diagnóstico, el dirigente introdujo un matiz político relevante. Dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum muestra más apertura al diálogo que en el pasado. La industria busca mesas técnicas para destrabar expedientes y para ordenar el aterrizaje del marco legal. El mensaje sugiere que el problema no se limita a una negativa de fondo. También apunta a capacidad administrativa y coordinación interinstitucional.
El tamaño de la bolsa en espera explica la presión. El sector espera autorizaciones durante el primer semestre de 2026 para cuatro proyectos que, en conjunto, sumarían alrededor de 4,000 millones de dólares. Esos desarrollos se ubican en Baja California, Chihuahua y Zacatecas. Del Pozo citó El Arco, Cordero, San Nicolás y Camino Rojo, con metales como oro, plata y zinc.
El caso de Zacatecas ilustra otra cara del mismo fenómeno. En noviembre de 2025, el secretario de Economía estatal, Jorge Miranda Castro, dijo que la autoridad ya autorizó permisos a proyectos por 6,500 millones de dólares. Explicó que el gobierno federal anterior frenó permisos ambientales y de agua, pero la autoridad aprobó cerca de 20 en un año. También ubicó permisos pendientes en Semarnat y Conagua.
Ese dato abre una lectura doble. Por un lado, confirma que la liberación de permisos puede ocurrir cuando la autoridad prioriza expedientes. Por otro, deja ver el costo del rezago cuando el trámite se apila y luego se resuelve a marchas forzadas. En minería, un año perdido rara vez se recupera. La ventana de precios y financiamiento se cierra rápido.
La industria suele pedir velocidad, pero la discusión de fondo exige algo más fino. México necesita permisos ágiles, sí, pero también necesita permisos robustos. La sociedad no gana nada con autorizaciones frágiles que terminan en litigios, conflictos comunitarios o incidentes ambientales. La ruta más inteligente combina claridad, trazabilidad y vigilancia. Un permiso bien armado reduce riesgos para todos.
En ese punto conviene aterrizar qué significa “burocracia” en la vida real de un proyecto. Significa expedientes que rebotan por criterios cambiantes. Significa falta de coordinación entre impacto ambiental, agua, uso de suelo y componentes sociales. Significa plazos que no se cumplen y silencio administrativo que nadie reconoce. También significa capacidades técnicas limitadas en oficinas saturadas.
La reforma de 2023 incorporó obligaciones que, bien implementadas, pueden elevar el estándar ambiental y social. El documento técnico que revisa esos cambios también menciona el Programa de Restauración, Cierre y Postcierre como requisito relevante. La idea busca asegurar que la mina planee su salida desde el inicio y respalde ese compromiso con instrumentos financieros. Esa lógica se alinea con mejores prácticas internacionales.
El reto aparece cuando el Estado pide más, pero no acelera su propia operación. A mi juicio, ahí se concentra el riesgo país minero hoy. México no necesita escoger entre minería y regulación. Necesita que la regulación funcione con tiempos y criterios públicos, y con autoridades que resuelvan con evidencia. Cuando el permiso se vuelve impredecible, la inversión migra. Cuando el permiso se vuelve claro, la inversión compite y mejora.
Además, la conversación ya no se limita a metales tradicionales. Del Pozo habló de minerales críticos y tierras raras, impulsados por la transición energética y por cadenas de suministro más regionales. México tiene ventajas geológicas, pero la ventaja se convierte en producción solo con exploración sostenida. Y la exploración depende de reglas estables y de autorización oportuna.
El impacto económico también explica el peso político del tema. En la nota sobre Zacatecas, Forbes citó que la minería en México empleaba de forma directa a 416,663 personas hasta diciembre de 2024. También atribuyó al sector casi 1.5 millones de empleos indirectos y una contribución de 2.77% del PIB en 2024, además de 8.70% del PIB industrial. Esas cifras alimentan la narrativa de que destrabar proyectos no solo beneficia a empresas. También sostiene empleo formal y encadenamientos regionales.
Nada de esto elimina los conflictos que acompañan a algunos proyectos. Las comunidades piden información, consulta efectiva y beneficios tangibles. México también enfrenta estrés hídrico y desconfianza histórica hacia ciertas operaciones. Por eso, destrabar no debe significar “saltarse” etapas. Debe significar procesarlas bien y a tiempo, con transparencia, datos y supervisión real.
El 2026 aparece como año bisagra en el discurso del sector. La industria ve condiciones favorables en precios de metales y en demanda de insumos para redes eléctricas, almacenamiento y manufactura. Pero esa oportunidad compite con otras jurisdicciones que ya ofrecen certidumbre. Si México quiere capturar inversión sin sacrificar controles, debe cerrar el espacio gris entre la ley y su ejecución cotidiana.
