La minería del lecho marino, promovida durante años como una vía para asegurar el suministro de metales estratégicos necesarios en la transición energética, se enfrenta a una parálisis regulatoria. A finales de 2025, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) no ha podido autorizar ningún proyecto comercial debido a la ausencia de un régimen claro para el reparto de beneficios económicos, un requisito central establecido por el derecho internacional.
Este estancamiento no es un detalle técnico menor. Representa una traba estructural para toda la arquitectura legal sobre la cual descansa la explotación de los recursos en la Zona, es decir, el área de los fondos marinos que se encuentra fuera de cualquier jurisdicción nacional. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), estos recursos deben considerarse patrimonio común de la humanidad, y cualquier ganancia que se derive de su explotación debe distribuirse de manera equitativa entre todos los países, con atención especial a las naciones en desarrollo.
Durante años, los esfuerzos de la ISA han estado centrados en desarrollar un código de explotación que regule aspectos técnicos y ambientales de la minería en aguas profundas. Este código, todavía en borrador, pretende establecer las condiciones para otorgar licencias a compañías interesadas en extraer minerales como níquel, cobalto, cobre y manganeso de los nódulos polimetálicos que reposan en el fondo oceánico. Sin embargo, el debate sobre cómo distribuir los beneficios financieros ha avanzado a un ritmo mucho más lento.
Expertos legales, como la académica Aline Jaeckel de la Universidad de Nueva Gales del Sur, han advertido que la ISA no puede conceder permisos de explotación sin contar antes con un marco legal que regule el reparto de beneficios. El argumento es claro: permitir la minería sin este mecanismo violaría directamente lo dispuesto en la Parte XI de la UNCLOS, que establece que el beneficio económico debe compartirse “en condiciones equitativas y razonables” entre todos los Estados parte.
La posición encuentra respaldo en el principio rector de la ISA, según el cual toda actividad en la Zona debe realizarse “en beneficio de la humanidad en su conjunto”, sin que los países con mayor capacidad tecnológica o financiera monopolicen la extracción de recursos. Esta cláusula adquiere una dimensión ética y política ante la creciente presión de empresas mineras —como The Metals Company— que buscan iniciar operaciones comerciales amparadas en los derechos de exploración previamente otorgados.
Pero sin un mecanismo de redistribución, el modelo de minería del lecho marino queda incompleto. La ISA ha discutido la posibilidad de crear un fondo común, similar a un fideicomiso, en el que se depositarían los beneficios obtenidos de los contratos de explotación. Este fondo podría financiar programas científicos, capacitación técnica y proyectos de desarrollo en países del Sur Global. Sin embargo, no hay consenso sobre si esta fórmula indirecta es suficiente para cumplir con los compromisos de justicia económica establecidos en el tratado.
La tensión crece en un contexto donde más de 40 países han pedido una moratoria a la minería en aguas profundas, argumentando que aún no existen pruebas científicas suficientes sobre el impacto ambiental de esta actividad. La remoción de nódulos polimetálicos puede alterar hábitats que han permanecido intactos por millones de años, en zonas tan profundas que ni siquiera han sido completamente exploradas por la ciencia. Organizaciones como Greenpeace y el Pew Charitable Trusts han advertido sobre el riesgo de acelerar esta industria sin contar con regulaciones completas y con mecanismos sólidos de reparto de ganancias.
La posición de Estados Unidos añade otra capa de complejidad. Aunque es uno de los países que más interés ha mostrado en los metales del lecho marino, Washington no ha ratificado la UNCLOS. Aun así, ha promovido el desarrollo de marcos normativos propios, como la Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, que permitirían a empresas estadounidenses operar en aguas internacionales bajo legislación nacional. Esta estrategia, aunque legalmente discutida, abre la posibilidad de que algunos actores se adelanten a la ISA y actúen unilateralmente, debilitando los principios de cooperación y equidad que rigen la gobernanza del lecho marino.
El retraso en la definición de un sistema justo de reparto también afecta directamente a las empresas que han invertido en investigación y exploración. Estas compañías enfrentan una creciente incertidumbre jurídica, pues no saben cuándo —ni bajo qué condiciones— podrán recuperar sus inversiones. La falta de claridad desalienta nuevas inversiones y frena el desarrollo tecnológico que podría hacer más eficiente y menos invasiva la explotación de los fondos marinos.
La minería submarina, pese a sus desafíos, tiene un potencial innegable. En un momento en que la demanda de minerales críticos se multiplica, mirar hacia el océano profundo parece una opción lógica. Pero si esta vía termina replicando los mismos patrones extractivistas del pasado —con ganancias concentradas en pocos actores y daños ambientales irreparables—, el proyecto perderá legitimidad antes siquiera de comenzar.
México, aunque no ha solicitado licencias para operar en aguas profundas, observa con atención estos debates. Su interés en minerales estratégicos y su pertenencia a la UNCLOS obligan a que cualquier decisión futura sobre la participación mexicana en esta industria se alinee con el principio de beneficio común. A su vez, países latinoamericanos que han defendido posiciones ambientalistas y de equidad económica, como Chile y Costa Rica, juegan un rol clave en las negociaciones dentro de la ISA.
El futuro de la minería del lecho marino no depende únicamente de avances tecnológicos o de la voluntad de inversión de las compañías. Depende, sobre todo, de que se cumpla el compromiso fundacional de la Convención del Mar: que los recursos de las profundidades oceánicas se exploten con responsabilidad y para el beneficio de todos, no solo de quienes tienen los medios para extraerlos.
