En una sala de directorio, sin cámaras ni estridencias, Chile movió una pieza grande en su tablero minero. El lunes, Codelco y SQM dieron por iniciadas las operaciones de NovaAndino Litio. La señal fue concreta. La nueva empresa conjunta ya tiene conducción, reglas y calendario. También tiene un encargo político y económico que no admite improvisaciones.
El acuerdo que sostiene a NovaAndino Litio nació en mayo de 2024. Las aprobaciones posteriores abrieron la puerta para su constitución formal. El plazo elegido habla por sí solo. La vigencia corre hasta 2060 y ofrece continuidad operacional en el Salar de Atacama. Ese horizonte largo busca dar certezas a un mercado que premia la estabilidad.
El trasfondo del pacto apunta al control y a la distribución de beneficios. El Estado chileno, a través de Codelco, incrementa su influencia sobre una operación que SQM ya desarrollaba. El diseño no expulsa al privado. Tampoco deja al fisco como espectador. Junta capacidades y fija una ruta donde la mayor parte de la renta termina en manos públicas.
El modelo acordado define una captura gradual del margen operacional asociado a la nueva producción. Entre 2025 y 2030, el gobierno recibirá hasta 70% de ese margen. Desde 2031, el porcentaje puede llegar hasta 85%. En ese tramo entran pagos de arriendo a Corfo, tributos al fisco y utilidades para Codelco. En términos prácticos, el esquema amarra ingresos públicos en un negocio que el mundo considera estratégico.
NovaAndino Litio también nace con una promesa técnica. La compañía plantea incorporar tecnologías y mejoras de proceso. El objetivo central apunta a reducir la extracción neta de salmuera. Ese punto importa por razones productivas y ambientales. En el Salar de Atacama, el manejo del agua marca la conversación desde hace años. La industria sabe que ya no basta con producir. También debe explicar, medir y corregir.
La gobernanza refleja el equilibrio acordado. Máximo Pacheco preside el directorio y mantiene su rol como cabeza del directorio de Codelco. Ricardo Ramos ocupará la vicepresidencia como gerente general de SQM. El directorio integra además a otros dos directores de Codelco y dos de SQM. El organigrama confirma una idea simple. Ninguna parte opera sola.
En la administración diaria, la compañía apuesta por experiencia conocida en el negocio. Carlos Díaz asumirá como director general. Antes dirigió SQM Lithium, un dato que reduce la curva de aprendizaje. Eduardo Foix tomará la dirección financiera. Con esos nombramientos, NovaAndino Litio evita el arranque a ciegas. También envía un mensaje al mercado. La operación seguirá un estándar corporativo exigente.
El Salar de Atacama ocupa un lugar especial en la minería global. Su riqueza en litio y su escala lo convierten en referencia inevitable. Al mismo tiempo, concentra tensiones propias del desierto más árido del planeta. La discusión sobre salmueras, balances hídricos y efectos en ecosistemas no desaparece con una firma. De hecho, se vuelve más exigente cuando el Estado toma más protagonismo. La lupa pública crece y la tolerancia al error baja.
Aquí aparece una lectura relevante para México y para la región. Los países con minerales críticos enfrentan un dilema recurrente. Buscan capturar valor nacional sin frenar inversión ni tecnología. Chile ensaya una vía intermedia. No opta por una nacionalización total. Tampoco entrega el timón completo al sector privado. Se apoya en una empresa estatal fuerte y en un operador con músculo comercial. El resultado puede atraer miradas, imitaciones y críticas.
Desde mi perspectiva, el mérito del acuerdo radica en su pragmatismo. Codelco entra al litio con rapidez y sin empezar desde cero. SQM mantiene presencia y aprovecha su conocimiento del salar. El Estado asegura una mayor porción de la renta con un mecanismo explícito. Ese equilibrio, si funciona, puede desactivar el falso debate entre “todo público” y “todo privado”. La clave, como siempre, se mide en ejecución.
La ejecución incluye tecnología, pero también permisos y confianza social. En Atacama, la relación con comunidades y actores locales pesa tanto como la ingeniería. La minería moderna ya no compite solo por tonelada producida. Compite por legitimidad. Una reducción real en la extracción neta de salmuera puede ayudar. Sin embargo, la empresa deberá respaldar cualquier promesa con datos públicos y auditorías claras. La transparencia se convirtió en parte del proceso productivo.
El calendario también presiona. El periodo 2025 a 2030 concentra una primera etapa de captura de margen para el Estado. Después vendrá el salto a porcentajes mayores desde 2031. Ese escalamiento ordena incentivos. Invita a acelerar mejoras y a ampliar producción bajo un marco conocido. También obliga a cuidar costos, porque la distribución de márgenes no perdona ineficiencias. En litio, los precios se mueven y los ciclos sorprenden. La estructura financiera debe resistir escenarios adversos.
El contexto internacional añade otra capa. El litio se volvió símbolo de la transición energética. Las baterías dominan la conversación y empujan políticas industriales en varias potencias. En ese ambiente, los países productores buscan más que regalías. Quieren encadenamientos locales, empleo calificado y transferencia tecnológica. NovaAndino Litio no resuelve por sí sola esa agenda. Pero crea una plataforma para intentar algo más ambicioso. Si el Estado participa en el corazón del negocio, puede empujar estándares y compras locales con mayor fuerza.
Para la minería, este tipo de acuerdos ofrece una oportunidad que no conviene minimizar. La industria suele cargar con una reputación injustamente simplificada. Muchos críticos miran solo impactos y olvidan aportes. El litio, bien gestionado, puede financiar salud, educación e infraestructura. También puede impulsar innovación en procesos y monitoreo ambiental. La condición es cumplir. La licencia social no se decreta. Se gana con resultados.
El directorio que inició sesiones el lunes tendrá que tomar decisiones pronto. Tendrá que definir metas, presupuestos y métricas ambientales. Tendrá que fijar una relación fluida con reguladores y con el territorio. Tendrá que asegurar continuidad operativa sin sacrificar mejoras. Ese balance suele ser el punto donde fallan los proyectos. No por falta de recursos, sino por falta de disciplina.
Chile apostó por una arquitectura institucional para el litio. El acuerdo con vigencia hasta 2060 busca blindar reglas y reducir incertidumbre. Aun así, la política siempre intenta meterse en la minería. El desafío de NovaAndino Litio será sostener criterios técnicos por encima del ruido coyuntural. Si lo logra, el país ganará estabilidad fiscal y reputación productiva. Si no lo logra, el salar pagará el costo con conflictos y atrasos.
La fotografía de este inicio, con una reunión de directorio como acto fundacional, dice mucho. No hubo anuncio grandilocuente. Hubo formalidad corporativa. Ese estilo encaja con el tipo de activo que Chile administra en Atacama. Un recurso estratégico no admite espectáculo. Exige método, control y una mirada larga.
