La expansión de la minería de bauxita en Guinea ha generado serias preocupaciones ambientales y sociales entre las comunidades afectadas. En la región occidental de Kindia, específicamente en las aldeas de Koussadji y Bembou Silaty, pobladores denuncian que la actividad minera ha deteriorado gravemente la calidad del agua, reducido la productividad agrícola y contribuido a enfermedades respiratorias, sin que exista una compensación tangible o un beneficio local proporcional al volumen de riqueza que se extrae del suelo guineano.
Desde 2019, la empresa india Ashapura Minechem opera un proyecto de extracción de bauxita a tan solo dos kilómetros de Koussadji. La compañía no ha respondido a solicitudes de información sobre las denuncias locales. Según habitantes del área, la actividad minera ha contaminado ríos y suelos, obligando a los residentes a utilizar agua turbia y potencialmente insalubre para cocinar, lavar y beber.
La minería de bauxita en Guinea responde a una creciente demanda mundial de aluminio, utilizado ampliamente en tecnologías vinculadas a la transición energética, como paneles solares, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Guinea posee las mayores reservas conocidas de bauxita, lo que la convierte en un actor clave en el mercado global. Sin embargo, la paradoja es evidente: mientras las exportaciones crecen, el desarrollo local es limitado y los efectos negativos se intensifican.
El Observatorio Guineano de Minas y Metales, dirigido por Oumar Totiya Barry, ha documentado casos de contaminación por residuos de bauxita que contienen metales pesados y ácidos. Según Barry, la escorrentía durante la temporada de lluvias facilita la sedimentación de estos residuos en fuentes hídricas. La consecuencia directa es la degradación de cultivos, especialmente de arroz, y el deterioro de la salud pública.
El impacto económico también es motivo de preocupación. Datos del Instituto Nacional de Estadística de Guinea indican que la producción de arroz en la prefectura de Telimele cayó un 90% entre 2018 y 2022. Esta disminución coincide con el inicio y expansión de las operaciones mineras en la zona. Agricultoras organizadas en asociaciones locales denuncian que sus ingresos se han visto gravemente reducidos. A pesar de que Guinea exportó aproximadamente 146 millones de toneladas de bauxita en 2024, los ingresos generados no han tenido un efecto positivo sustancial en el bienestar de las comunidades cercanas a las minas.
En Bembou Silaty, personal de salud reporta un aumento de enfermedades respiratorias atribuibles al polvo generado por la maquinaria minera. Las operaciones se realizan a cielo abierto, lo que intensifica la erosión del terreno y expone a la población al material particulado. Además, los empleos generados en estas zonas son temporales y, en su mayoría, de baja calificación, lo que limita el impacto económico real para los jóvenes locales.
En el plano político, el gobierno militar liderado por el general Mamady Doumbouya, quien se postula a la presidencia en las elecciones del 28 de diciembre, ha intentado reorientar la política minera del país. En 2023, se revocaron licencias a empresas que no demostraron avances en proyectos de valor agregado. El objetivo declarado es que parte de la bauxita se transforme en alúmina dentro del país, generando más empleos e ingresos fiscales.
El ministro de Minas, Bouna Sylla, declaró en noviembre que Guinea acelerará la construcción de refinerías de alúmina y plantas de pellets de mineral de hierro. Se trata de una medida para romper con décadas de dependencia de la exportación de mineral sin procesar. Esta política se alinea con iniciativas similares en países africanos como Nigeria y Mali, que también buscan mayor control sobre sus recursos minerales.
En el plano internacional, la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en noviembre, dejó fuera del texto final cualquier mención a los minerales estratégicos para la transición energética. Delegaciones africanas habían presionado para incluir el concepto de “transición justa”, exigiendo que las comunidades productoras de estos minerales no sean excluidas de los beneficios del proceso. La oposición de países como China y Rusia bloqueó dicha inclusión.
Antonio Hill, asesor del Natural Resource Governance Institute, criticó la omisión: “Ignorar los minerales críticos perpetúa la inequidad y debilita la legitimidad de la transición energética”. Para Guinea, que aporta una parte esencial del suministro global de bauxita, esta exclusión se traduce en una mayor marginación.
La situación también tiene consecuencias migratorias. La falta de oportunidades económicas, sumada a la degradación ambiental, ha llevado a muchos jóvenes guineanos a migrar, incluso arriesgando sus vidas en rutas peligrosas hacia Europa. La minería, en lugar de convertirse en un motor de desarrollo sostenible, ha sido percibida como una herramienta de concentración de poder estatal y distribución inequitativa de la riqueza, según denuncias recogidas por organizaciones locales.
La problemática expuesta en Guinea no es un caso aislado en África. Responde a una lógica de extracción intensiva impulsada por la demanda global de minerales estratégicos. La falta de mecanismos efectivos de gobernanza y de regulación ambiental en países con alta dependencia minera aumenta los riesgos de impacto social negativo.
Para que la minería contribuya al desarrollo sostenible de Guinea, es imprescindible establecer normas estrictas de responsabilidad ambiental, garantizar la transparencia en la gestión de ingresos y crear condiciones de participación efectiva para las comunidades locales. Sin ello, el país continuará exportando minerales valiosos a cambio de empobrecimiento y conflicto social.
