El Senado de la República aprobó la ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento clave que establece normas internacionales sobre seguridad y salud en las minas. Esta decisión marca un parteaguas en la regulación del trabajo minero en México, país con una larga historia de explotación minera, pero también con un historial accidentado en materia de seguridad laboral.
La senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, participó activamente en la discusión del dictamen, el cual fue promovido por las comisiones unidas de Organismos Internacionales, Relaciones Exteriores y Minería. En su intervención, subrayó que la ratificación de este convenio no es solo un compromiso jurídico internacional, sino una deuda pendiente con las comunidades mineras que durante décadas han enfrentado condiciones adversas.
México, miembro fundador de la OIT desde 1919, no había ratificado el Convenio 176 pese a su relevancia en la protección de trabajadores en un sector de alto riesgo. Esta omisión se traducía en una falta de alineación con estándares internacionales, una situación que ahora se corrige con la aprobación del instrumento, adoptado originalmente en Ginebra el 22 de junio de 1995.
La senadora Díaz Marmolejo contextualizó la importancia de esta medida con referencia a tragedias históricas como la de Barroterán (1969), Pasta de Conchos (2006), La Morita (2011), Múzquiz (2021) y El Pinabete (2022), todas ellas vinculadas a fallas estructurales en la seguridad de las minas. Estos eventos dejaron claro que, sin mecanismos normativos y de supervisión eficaces, la actividad minera puede representar un riesgo inaceptable para la vida humana.
El Convenio 176 establece que los Estados deben adoptar medidas legislativas para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales en las minas. Entre sus disposiciones más importantes se encuentran la obligatoriedad de contar con inspecciones laborales periódicas, la participación activa de los trabajadores en la evaluación de riesgos, la garantía de capacitación adecuada y la implementación de medidas preventivas claras. Además, responsabiliza tanto a las autoridades como a los empleadores del cumplimiento de estas normas.
Desde el punto de vista institucional, esta ratificación obliga a revisar el marco regulatorio mexicano en materia de seguridad minera. Implica también reforzar las capacidades de inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, asegurar la existencia de protocolos efectivos de emergencia y fomentar una cultura de prevención en las empresas del sector. La legislación secundaria deberá ser actualizada para garantizar la plena aplicación de los compromisos asumidos ante la OIT.
Para el sector minero, la aprobación del Convenio 176 representa tanto un reto como una oportunidad. Por un lado, implica la necesidad de adecuar procesos, invertir en tecnología y adoptar protocolos internacionales. Por otro, mejora la reputación del país como destino de inversión responsable, al enviar una señal clara de respeto a los derechos laborales. En un entorno donde los factores sociales y ambientales pesan cada vez más en las decisiones financieras, esta ratificación puede traducirse en mayor competitividad para la industria.
Cabe destacar que México es uno de los principales productores de plata, cobre, zinc y oro en el mundo. La minería representa aproximadamente el 2.3 % del PIB nacional y genera cientos de miles de empleos directos e indirectos. Sin embargo, los estándares de seguridad han sido históricamente desiguales. Mientras algunas empresas transnacionales operan con altos niveles de cumplimiento, otras —particularmente en el sector informal o de pequeña escala— enfrentan carencias estructurales.
La ratificación del convenio no solo obliga al Estado a regular, sino también a fiscalizar de manera activa el cumplimiento de las disposiciones. En este sentido, se espera una mayor coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, así como la inclusión de organizaciones sindicales y de la sociedad civil en el monitoreo de condiciones laborales en las minas.
La intervención de Díaz Marmolejo en el Senado fue clara al señalar que los derechos laborales no pueden quedar supeditados al interés económico. Sostuvo que el progreso minero no puede sostenerse sobre “estructuras obsoletas y frágiles”, y que el país no puede permitirse nuevas tragedias derivadas de negligencia. Para la legisladora, este paso demuestra que la minería puede y debe ser compatible con la dignidad humana y la justicia social.
La medida también tendrá impacto en las relaciones internacionales de México. Al ratificar el Convenio 176, el país refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, particularmente el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, y el ODS 3 relacionado con la salud y el bienestar. Esto puede contribuir a mejorar la percepción global del sector extractivo nacional, tradicionalmente cuestionado por su impacto ambiental y social.
A nivel técnico, la implementación del convenio requerirá un diagnóstico preciso sobre el estado actual de las condiciones laborales en minas activas, así como un sistema de reportes que permita evaluar avances y detectar riesgos. También será fundamental capacitar a inspectores y fomentar el diálogo social entre trabajadores, empleadores y autoridades.
El Senado ha dado un paso firme en la dirección correcta. No obstante, el éxito de esta medida dependerá de su ejecución efectiva. En particular, habrá que poner atención en los estados con alta concentración minera como Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato y Coahuila. En estas entidades, el seguimiento puntual de las condiciones laborales será determinante para que la ratificación del convenio se traduzca en resultados tangibles.
Desde la perspectiva de quienes defendemos los beneficios de una minería responsable, la aprobación del Convenio 176 es una herramienta que puede fortalecer la legitimidad del sector. La minería moderna no puede desligarse de la seguridad, la salud y la vida de quienes la hacen posible. Adoptar estos principios como política de Estado es un acto de responsabilidad y visión de largo plazo.
Con esta ratificación, México se suma al grupo de países que han decidido priorizar la vida humana en entornos de riesgo elevado. La legislación debe ahora transformarse en acción concreta, con voluntad política y recursos asignados. Solo así se podrá cerrar una etapa de omisiones y abrir un ciclo en el que la minería contribuya no solo al crecimiento económico, sino también al bienestar social.
