El gobierno de Panamá confirmó que será en diciembre cuando se presenten los primeros hallazgos de la auditoría integral al proyecto minero Cobre Panamá, operado por la canadiense First Quantum Minerals. Se trata de la primera revisión de este tipo tras la suspensión de operaciones en noviembre de 2023, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá.
La auditoría, encargada por el Ejecutivo y ejecutada por la firma SGS Panama Control Services, incluye evaluaciones técnicas, legales, fiscales, ambientales y laborales. Las autoridades señalaron que el informe final se entregará a finales de febrero de 2026, pero algunos hallazgos clave se darán a conocer públicamente antes de que concluya el año.
Cobre Panamá, ubicada en la provincia de Colón, es considerada la mina más importante del país y una de las mayores de cobre en América Latina. Antes del cierre, generaba cerca del 5 % del PIB panameño, representaba más del 75 % de las exportaciones del sector minero y empleaba directamente a más de 7 000 personas.
Desde su puesta en marcha en 2019, el proyecto fue señalado como un motor de crecimiento económico para el país. Sin embargo, la renegociación del contrato con First Quantum y su posterior aprobación en octubre de 2023 desataron una ola de protestas sociales que se extendieron por semanas. Grupos ambientales, sindicatos y organizaciones civiles cuestionaron el proceso de aprobación legislativa, el impacto ambiental de la mina y la supuesta falta de transparencia en los beneficios para el Estado.
El fallo de la Corte Suprema, emitido el 28 de noviembre de 2023, puso fin a la operación del proyecto. Desde entonces, First Quantum ha mantenido una estructura de mantenimiento y seguridad para preservar la infraestructura del complejo y garantizar el cumplimiento de estándares ambientales. Según la empresa, este plan de preservación incluye el manejo seguro del concentrado remanente, mantenimiento de sistemas eléctricos y de control ambiental, así como el monitoreo de residuos y descargas.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), ente encargado del seguimiento a la auditoría, ha reiterado que los resultados serán un insumo fundamental para determinar el futuro del yacimiento. Entre las opciones que se analizan están la reactivación del proyecto bajo nuevas condiciones, una reestructuración profunda de sus operaciones o el cierre definitivo y planificado del sitio.
El gobierno ha insistido en que esta auditoría busca proteger el interés nacional, garantizar la transparencia en los procesos mineros y asegurar que cualquier decisión sobre Cobre Panamá esté respaldada por evidencia técnica y jurídica. La firma SGS ha trabajado bajo un contrato de más de 600 mil dólares para revisar aspectos como cumplimiento ambiental, compromisos sociales, obligaciones fiscales, pasivos operativos y estado de las instalaciones.
Desde el sector minero, la atención está centrada en los resultados preliminares de diciembre, ya que podrían abrir la puerta a una renegociación o reactivación del proyecto. La Cámara Minera de Panamá y otros actores del sector han expresado su interés en que se preserve la inversión en el país, siempre bajo el respeto al marco legal vigente.
First Quantum Minerals, por su parte, ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con las autoridades panameñas. La empresa asegura que sigue comprometida con los principios de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG), y que continuará brindando información técnica a los auditores durante todo el proceso.
Además del impacto económico directo, la situación de Cobre Panamá ha tenido consecuencias internacionales. El cierre forzoso del proyecto y el conflicto judicial provocaron una caída de más del 50 % en el valor bursátil de First Quantum Minerals durante los meses posteriores. También pusieron en alerta a otros inversionistas del sector, especialmente en países donde el debate sobre los beneficios y costos de la minería está latente.
En términos operativos, Cobre Panamá producía más de 350 mil toneladas de cobre anuales antes de su cierre, lo que representaba cerca del 1 % del suministro global. Su eventual reactivación podría tener efectos en la dinámica del mercado del cobre, en un contexto internacional donde la demanda del metal sigue en aumento por su papel estratégico en la transición energética.
La auditoría a este proyecto se da en un contexto más amplio de revisión de las políticas extractivas en América Latina. Países como Chile, Perú y México han reforzado sus marcos regulatorios y exigido mayores compromisos a las empresas mineras, no sólo en materia fiscal, sino también en temas de sostenibilidad, derechos comunitarios y mitigación de impactos ambientales.
Panamá, al ordenar esta auditoría, se alinea con esa tendencia de mayor escrutinio estatal sobre los proyectos de gran escala. Lo hace, además, en un momento político clave, con un nuevo gobierno que deberá decidir si mantiene una política minera activa o si, por el contrario, opta por reducir la participación del sector extractivo en su modelo económico.
El desenlace del caso Cobre Panamá marcará un precedente. Si los hallazgos permiten constatar que el proyecto es viable bajo un nuevo marco regulatorio, podría reabrirse con condiciones más estrictas. Si, en cambio, se confirman irregularidades o riesgos incontrolables, su cierre definitivo podría consolidarse como una decisión irreversible.
Desde una perspectiva técnica y de desarrollo, la minería sigue siendo una actividad con potencial para aportar crecimiento y empleo. Pero como ha demostrado el caso panameño, ese potencial sólo puede materializarse si hay claridad jurídica, respeto al medio ambiente y respaldo social. De lo contrario, los proyectos se vuelven insostenibles, incluso cuando son económicamente rentables.
