Durango mantiene una posición de liderazgo en la industria minera nacional. La extracción de plata, zinc y plomo coloca al estado entre los principales productores del país, respaldando con cifras concretas su relevancia en la economía extractiva mexicana. Datos presentados durante la XXXVI Convención Internacional de Minería, celebrada recientemente, confirmaron que el territorio duranguense representa un nodo clave dentro de la cadena de valor del sector minero.
Armando Alatorre Campos, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, expuso en dicho foro que Durango forma parte de un grupo reducido de estados que concentran el grueso de la producción de estos tres metales estratégicos. En el caso de la plata, México continúa liderando la producción mundial con 181 millones de onzas en 2024. De ese total, cerca del 88 % proviene de Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sonora.
Respecto al zinc, México se posicionó en el sexto lugar a nivel global al alcanzar 773 mil toneladas anuales. El 84.5 % de ese volumen se genera entre Zacatecas, Durango y Chihuahua. En lo que se refiere al plomo, el país ocupó la séptima posición con una producción de 236 mil 700 toneladas, y Durango vuelve a figurar como uno de los principales productores, concentrando junto con Zacatecas y Chihuahua el 90 % del total.
Estos datos no solo reflejan el volumen de extracción, sino el papel que juega Durango dentro de una cadena de valor más compleja, que incluye procesos de beneficio, fundición, refinación y transformación industrial. Las materias primas que se obtienen en el estado se utilizan en múltiples industrias, desde la automotriz y electrónica hasta la farmacéutica y de energías limpias.
Más allá de la cantidad, lo significativo es que Durango no solo provee minerales, sino que también forma parte de la estructura que les otorga valor agregado. El 58.5 % de la plata producida en México, por ejemplo, se utiliza con fines industriales. Su aplicación abarca sectores como la fabricación de paneles solares, componentes electrónicos, catalizadores industriales y aleaciones metálicas. Este dato demuestra que el mineral extraído tiene una función concreta y prioritaria en la economía real.
La minería en Durango no es una actividad aislada. Es parte de una red de infraestructura, talento humano, inversión privada y regulación que permite transformar el recurso natural en insumo estratégico para otras cadenas productivas. La articulación de este ecosistema minero refuerza la soberanía industrial del país, al disminuir la dependencia de importaciones de metales procesados y consolidar una base tecnológica nacional.
A la par, esta industria genera empleo formal y especializado. De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, más del 60 % de los trabajadores mineros en Durango están capacitados en técnicas de operación subterránea y procesos metalúrgicos. Esto se traduce en salarios por encima del promedio estatal y en una demanda constante de técnicos, ingenieros y personal capacitado, lo cual dinamiza la economía local y regional.
El modelo productivo que se desarrolla en Durango tiene, sin embargo, desafíos que no deben ignorarse. La necesidad de fortalecer las prácticas ambientales y sociales es prioritaria. Las empresas que operan en la región enfrentan el reto de mantener estándares internacionales de responsabilidad, al tiempo que deben asegurar la aceptación de las comunidades cercanas a los centros de operación. La licencia social para operar es cada vez más relevante, en especial en un contexto donde el escrutinio público sobre el impacto de las industrias extractivas es creciente.
El aprovechamiento responsable de los recursos mineros en Durango debe estar alineado con políticas públicas claras, inversiones en tecnología limpia, monitoreo ambiental permanente y mecanismos de transparencia. En ese sentido, organismos como el Clúster Minero de Durango y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado han impulsado iniciativas de innovación y sostenibilidad que buscan modernizar la actividad sin comprometer el entorno natural ni el bienestar social.
Además del cumplimiento normativo, las empresas tienen la responsabilidad de generar valor local. Esto implica no solo empleo, sino encadenamientos productivos con proveedores del estado, inversión en infraestructura compartida, programas de educación técnica y participación activa en los planes de desarrollo regional. En este punto, Durango cuenta con casos que muestran avances, pero aún existen áreas donde la coordinación público-privada puede mejorar.
En términos geológicos, Durango se asienta sobre algunas de las zonas metalogénicas más ricas del país. Regiones como la Sierra Madre Occidental y el cinturón volcánico transmexicano albergan yacimientos polimetálicos que han sido explotados desde la época colonial. Hoy, con nuevas tecnologías de exploración y modelado geológico, se ha ampliado el conocimiento sobre estos recursos y se han identificado oportunidades para nuevas inversiones.
A nivel federal, el respaldo a la minería como actividad estratégica sigue firme, aunque se enfrenta a desafíos regulatorios. La reciente reforma a la Ley Minera, por ejemplo, introduce criterios más estrictos para la obtención de concesiones, así como nuevas exigencias ambientales. Esto obliga a los actores del sector en Durango a adaptarse a un marco jurídico más riguroso, pero también más alineado con los estándares globales.
La minería de plata, zinc y plomo que se realiza en Durango no solo alimenta a las cadenas industriales mexicanas. También exporta valor al extranjero, ya que una parte de la producción se dirige a países que dependen de estos metales para sus industrias tecnológicas, energéticas y médicas. En este sentido, el estado funge como plataforma para el posicionamiento de México en mercados internacionales.
Durango, por tanto, no puede entenderse fuera del contexto minero nacional. Su papel es estructural en la arquitectura de la minería mexicana, tanto por su potencial geológico como por su aporte económico y productivo. Pero este liderazgo debe sostenerse en una lógica de largo plazo, basada en la eficiencia operativa, la inclusión social y la responsabilidad ambiental.
