La semana pasada, Barrick anunció públicamente que el gobierno de Malí había retirado todos los cargos contra la empresa y sus afiliados, y que devolvería el control operacional del complejo Loulo‑Gounkoto. Esta resolución pone fin a la prolongada disputa que amenazaba una de las minas de oro más relevantes del continente africano.
La génesis de este conflicto se remonta a 2023, cuando Malí implementó un nuevo código minero y exigió a Barrick mayores contribuciones económicas y fiscales. La situación escaló cuando el Estado maliense retuvo envíos de oro del complejo, suspendió las operaciones y estableció una administración provisional. Como consecuencia, Barrick tuvo que escribir pérdidas estimadas en alrededor de mil millones de dólares en ingresos procedentes de su operación en Malí.
Ahora, al alcanzar un acuerdo, Barrick retirará su demanda de arbitraje ante el tribunal del International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) que había interpuesto en diciembre del año pasado. Además, Malí se compromete a liberar a cuatro empleados de Barrick que permanecían detenidos desde hace un año.
Desde una perspectiva empresarial, esta resolución tiene varias implicaciones positivas. Primero, al recuperar la operación del complejo Loulo‑Gounkoto, que en 2024 produjo 723 000 onzas de oro, ubicándose entre los 10 mayores productores mundiales.Con una participación del 80 % de Barrick frente al 20 % del Estado maliense, el potencial de producción y de flujo de caja se reactiva. Segundo, el anuncio provocó un fuerte repunte en la acción de Barrick, la cual alcanzó un máximo de 52 semanas en la Bolsa de Nueva York, lo que refleja la confianza de los inversionistas en la estabilidad de la operación. Tercero, este tipo de acuerdos fortalecen la imagen de Barrick como socio activo en países con marcos regulatorios complejos, lo cual puede facilitar nuevas negociaciones y joint‑ventures en África y otras regiones emergentes.
Desde el lado de Malí, si bien la negociación atendió exigencias de participación del Estado y mayores beneficios para la nación, la vuelta de la producción significa reactivar una fuente de divisas, empleo y desarrollo regional. La minería aurífera ha sido en este país un motor clave de crecimiento local, y una operación estable como Loulo‑Gounkoto aporta a la cadena de valor, a la infraestructura y al desarrollo de las comunidades vecinos a la mina. En ese sentido, considero que este acuerdo es un buen ejemplo de cómo la inversión minera internacional puede alinearse con intereses nacionales cuando existe diálogo y marco claro.
No obstante, hay desafíos importantes. El proceso de reactivación podría requerir entre seis y doce meses, según analistas de Jefferies, debido al tiempo perdido durante el conflicto, al reinicio de envíos y al restablecimiento de la logística operativa. También subsiste el riesgo de que cambios regulatorios futuros o tensiones políticas en Malí vuelvan a complicar la situación. En mi opinión, aunque la resolución es una victoria, el sector debe avanzar con prudencia para consolidar la estabilidad. Además, para los inversionistas mexicanos o latinos interesados en minería global, esta noticia refuerza la idea de que una postura preventiva, de buena gobernanza y cumplimiento con las comunidades locales, es tan importante como los minerales que se extraen.
Finalmente, este tipo de cierres de conflicto contribuye a la percepción de la minería como una actividad estratégica —no sólo extractiva— capaz de generar valor sostenible. Cuando la empresa actúa con transparencia, el Estado cumple con sus obligaciones y las comunidades reciben beneficios, la exploración, producción y exportación minera pueden alinearse con desarrollo sustentable, empleo y recursos para infraestructura. Por tanto, celebro que este acuerdo se haya concretado. En mi opinión, abre un escenario más favorable para que la minería en África y en otras regiones, incluyendo Latinoamérica, avance con mayor legitimidad.
