A partir del 3 de octubre de 2025, Indonesia comenzó a aplicar una reforma clave en su política minera: las cuotas de producción —conocidas como RKAB— solo tendrán vigencia de un año, en lugar de tres. El gobierno busca un mayor control sobre los niveles de extracción para sostener los precios internacionales del carbón y el níquel, dos de sus principales productos de exportación.
El anuncio oficial del Ministerio de Energía y Recursos Minerales confirma lo que ya había adelantado el ministro Bahlil Lahadalia en julio. Esta medida no solo implica un cambio técnico en los permisos de operación, sino que altera el panorama de planificación para empresas que operan en uno de los países más ricos en recursos del sudeste asiático.
La decisión ocurre en un contexto donde Indonesia —principal productor mundial de níquel y uno de los líderes globales en exportación de carbón térmico— enfrenta presiones para mantener estables los precios de sus materias primas. Si bien esta estrategia apunta a beneficiar la economía nacional, introduce una dosis de incertidumbre para las empresas mineras que acostumbraban a operar con horizontes más amplios de producción.
Las cuotas vigentes para 2025 se mantendrán, pero aquellas ya aprobadas para 2026 y 2027 deberán ser revalidadas. Las compañías tendrán que presentar nuevamente sus propuestas de RKAB entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre de cada año. Es un calendario exigente que acorta los márgenes de maniobra para la planificación operativa.
Gita Mahyarani, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Carbón de Indonesia (APBI), expresó su preocupación ante el poco tiempo disponible para revalidar las cuotas del 2026. Señaló que la certidumbre es clave para la sostenibilidad del negocio, ya que influye directamente en decisiones de inversión y en el cumplimiento de contratos de largo plazo.
En paralelo al acortamiento de las cuotas, el gobierno impuso una nueva condición: las empresas deberán demostrar que cuentan con fondos apartados para tareas de rehabilitación de tierras una vez concluidas las operaciones mineras. Esta obligación busca garantizar que los pasivos ambientales no queden como una carga para el Estado o las comunidades afectadas.
La medida no es aislada. A finales de septiembre, el ministerio suspendió 190 permisos de operación minera. Las razones fueron diversas, pero todas apuntan al incumplimiento de las obligaciones ambientales o de las cuotas de producción asignadas. La agencia estatal Antara fue la primera en reportar esta acción.
Detrás de estos ajustes, existe una intención clara del gobierno indonesio: ejercer una administración más activa sobre el sector extractivo. No se trata únicamente de fiscalizar, sino de alinear la explotación de recursos con objetivos estratégicos, como el desarrollo industrial nacional, la protección ambiental y la estabilidad económica.
Indonesia ha apostado por agregar valor a sus minerales, especialmente al níquel. En los últimos años ha prohibido la exportación de mineral sin procesar para fomentar la instalación de fundiciones locales. Esta política ha atraído inversiones extranjeras, particularmente de China, y ha convertido al país en un centro clave en la cadena global de baterías para vehículos eléctricos.
El endurecimiento de las condiciones para operar en el sector busca también reforzar esta visión: atraer inversión responsable, con compromisos claros tanto económicos como ambientales. Si bien representa un reto para las empresas —que deberán adaptarse a procedimientos más estrictos y frecuentes— también abre la puerta a un ecosistema más ordenado y sustentable.
No es casualidad que la nueva exigencia de fondos para rehabilitación llegue tras años de denuncias por los daños ambientales en zonas mineras. En provincias como Kalimantan y Sulawesi, las comunidades han reclamado durante años que muchas compañías abandonan sus minas sin restaurar los ecosistemas dañados. El gobierno ahora responde con reglas más duras, buscando revertir ese patrón.
Este viraje normativo también podría marcar una pauta para otros países productores. Si Indonesia logra mantener precios estables, atraer inversiones responsables y garantizar una explotación menos agresiva del entorno, su modelo podría replicarse, con matices, en otras regiones ricas en recursos, como África Occidental o América Latina.
Desde el punto de vista económico, el acortamiento de las cuotas podría implicar costos administrativos adicionales para las empresas, pero también les ofrece una oportunidad de recalibrar año con año sus operaciones. Es un modelo más dinámico, pero que exigirá mayor capacidad de adaptación.
Habrá que ver cómo responden los actores del mercado internacional, en especial los compradores de carbón y níquel, ante esta nueva arquitectura de permisos en Indonesia. La incertidumbre regulatoria siempre es un factor de riesgo, pero también puede convertirse en una oportunidad si permite ordenar un sector que históricamente ha operado con márgenes laxos.
Por ahora, el gobierno indonesio parece decidido a no dejar espacios grises. Y aunque algunas empresas consideren que estas nuevas medidas ponen presión sobre sus procesos, también es cierto que abren un nuevo capítulo en la relación entre Estado, industria y territorio.
